La asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol difundió este martes por la noche una carta en la que cuestiona la actuación de Marcos Israel como integrante de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), a raíz de sucesivas expresiones del directivo sobre la necesidad de crear de un grupo de trabajo sobre antisemitismo.
A mediados de este mes, consultado al respecto, Israel declaró al periodista Leonardo Sarro que la probabilidad de que se difunda información falsa por el conflicto en Palestina desde Gaza es “de 99%”, porque hay “un gobierno terrorista”, y lo contrastó con “el otro lado” –Israel–, donde dijo eso “no es así”. El director de la INDDHH también cargó contra el medio estadounidense The New York Times y dijo que es “un gran generador de desinformación” al respecto. En la carta, que está dirigida a la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, desde Crysol manifestaron su rechazo al comportamiento de Israel, al que acusaron de emitir “opiniones públicas a título personal en temas propios de la Institución de manera reiterada”.
Desde la asociación consideran que, con sus declaraciones, el director violentó el artículo 9 de la Ley 18.446, que establece el “principio de buena fe”, que impide a los miembros de la institución “emitir, en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa del Consejo Directivo”.
Para Crysol, Israel “actúa como vocero no oficial de la embajada del gobierno terrorista de Israel ante los medios de comunicación y la opinión pública”, y también “usufructúa su condición de miembro del Consejo Directivo de la institución para promover puntos de vista propios y legitimarlos”. Es así que acusaron al director de defender la “política genocida del gobierno fascista de Benjamin Netanyahu”.
Así, y considerando “su falta de credibilidad pública”, desde la asociación plantearon que Israel “debería presentar la renuncia a su condición de miembro de la Comisión Directiva”. Matizaron que si bien reconocen “su derecho a expresar sus puntos de vista en todos los ámbitos”, esto debería darse “sin cubrirlos y darles legitimidad a través de la INDDHH”.
“No compartimos sus puntos de vista y los rechazamos como lo hace un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil y una parte cada vez mayor de la sociedad uruguaya, que no es antijudía ni antisemita, pero sí antisionista y condena al régimen de Benjamin Netanyahu y sus atrocidades”, concluye la misiva.