La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa tratando el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) a mediados del año pasado para atender la situación de endeudamiento de las personas con menores ingresos. Ya han opinado al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y el director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gabriel Valentín. Este miércoles fue el turno de comparecer ante la comisión de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea).
Al término de la sesión, la gremial advirtió mediante un comunicado que la iniciativa impulsada por el FA “puede afectar el acceso al seguro y dejar más expuestas a familias vulnerables”.
Desde Audea se señaló que actualmente el seguro de saldo deudor “protege 2,7 millones de créditos y a más de un millón de familias en Uruguay”. En ese sentido, ante los legisladores de la comisión, la asociación manifestó su preocupación por algunos aspectos del proyecto que “podrían generar efectos no deseados sobre el acceso al seguro de saldo deudor y, en consecuencia, sobre la protección de las familias más vulnerables”.
“El planteo central de Audea es que el proyecto, tal como está redactado, incorpora el costo del seguro dentro del cálculo de la tasa de interés implícita del crédito”, lo cual “supone confundir conceptualmente el seguro con el crédito y puede provocar que, en determinados casos, especialmente en operaciones de mayor riesgo o más cercanas al tope de usura, el seguro deje de ofrecerse”, se señala en el comunicado.
La gremial subraya que este cambio “afectaría principalmente a las personas de menores recursos, que muchas veces no cuentan con garantías, seguros individuales u otros mecanismos para mejorar su perfil crediticio”, y remarca que el seguro de saldo deudor, por un lado, “protege a la familia del deudor en caso de fallecimiento o incapacidad”, y, por otro, “facilita el acceso al crédito al reducir el riesgo de la operación”.
Por todo esto, Audea solicitó a los legisladores “mantener el tratamiento actual del seguro”, es decir, “que no sea computado dentro de la tasa implícita, salvo en aquellos casos que se exceda los límites establecidos por la regulación del Banco Central”.
“Compartimos la importancia de avanzar en mayor transparencia, mejor información al consumidor y educación financiera. Pero entendemos que la solución no debe terminar debilitando una herramienta que hoy protege a cientos de miles de familias uruguayas”, expresó el director ejecutivo de Audea, Alejandro Veiroj.
En términos generales, el proyecto presentado del FA establece un conjunto de modificaciones en el cálculo de las tasas medias y los topes máximos de interés, crea un proceso reservado para determinados deudores de créditos al consumo, que en última instancia prevé una “reestructuración judicial forzosa”, y dispone medidas de protección de los deudores en las operaciones crediticias en general.
