Este lunes, a dos días de una nueva Marcha del Silencio, la integrante de la asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay (Crysol), Nélida Chela Fontora, se refirió al pago de jubilaciones a represores prófugos en el exterior y dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que no “cae de sorpresa” ni “es nuevo” por casos previos como el de Manuel Cordero, prófugo en Brasil que “pasaba a Rivera a cobrar”, aunque actualmente está preso por 25 años en Argentina.
“Ya fue hablado con el presidente. También se mandó nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de lo que está pasando”, indicó y apuntó a que no se puede expresar “más claro” que cómo lo hizo el titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en diálogo con este medio. “No puede ser que, estando requerido por la Justicia, se esté cobrando una jubilación que nos están negando a nosotros” y tampoco que “no se tomen las medidas correspondientes”, aseveró.
Finalmente, esperan que haya “alguna noticia con respecto a esto” puesto que “medidas se tienen que tomar”, aunque no sabe “cuáles ni cómo”. Es un tema que “no se va a silenciar más” porque “está denunciado en la Justicia y de acá en más nosotros –desde Crysol, desde Familiares, desde todas las organizaciones– estamos denunciando públicamente”. “¿Quién le da la fe de vida? Alguien tiene que hacerse responsable de esto, que es lo que el fiscal de derechos humanos denuncia”, se preguntó.
A la luz del hecho, cree que hay una “falta de control” porque, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, “cómo es posible que se dé la fe de vida y cómo es posible que se esté cobrando y que no se sepa”. “También pienso, y eso corre por mi cuenta, que se debe informar al presidente. Al presidente hay que informarle de lo que está sucediendo allá porque por algo tienen equipo y por algo tienen ministro, y eso tiene que estar informado; a veces parece que uno sale con una cosa, otro con otra, y hay desinformación”, evaluó a título personal.
En suma, para este y otros temas, valoró que la receptividad del oficialismo ha sido buena y han sido “bien recibidos”, con respuestas para cada planteamiento. Mencionó el debate en torno a que la reforma al Código del Proceso Penal (CPP) habilitaba la libertad anticipada para presos por delitos de lesa humanidad –algo que finalmente se decidió eliminar– y dijo que “vino desde parte del gobierno”. “No lo admitimos. Están viviendo, primero que nada, en un cinco estrellas en Domingo Arena, mientras que nosotros tenemos las cárceles llenas y en las peores condiciones a jóvenes o gente que duerme en la calle”, afirmó.
Orsi tiene “sensibilidad” por temas asociados a la memoria
Fontora dijo que mantiene la “utopía” por un mundo mejor y la cantidad de jóvenes que participan en la movilización la hace pensar que “toda la esperanza no está perdida”, puesto que “la memoria es lo más importante que tienen los pueblos y no se debe perder”. De cara a una nueva instancia, señaló que lleva “la memoria de aquellos que ya no están” y le “duele” que “los jóvenes habiten la calle o las cárceles estén llenas de jóvenes”, ya que “esas compañeras que están desaparecidas lucharon para que esto no sucediera”.
Según Fontora, tras décadas de democracia, continúan exigiendo “el derecho a conocer la verdad”. Sobre el rol de las generaciones más jóvenes, indicó que son “los que van a marcha entera” y, en contraposición a la creencia de que la causa desaparecerá a medida que desaparezcan sus protagonistas directos, aseveró que “la memoria, la verdad y la justicia no morirán jamás porque los jóvenes son los que tienen la creatividad, son los que fundamentalmente el 20 de mayo llevan la bandera y los que llevan el silencio profundo por aquellas compañeras y compañeros que todavía no los tenemos”.
Finalmente, consultado por lo necesario para que haya avances en la causa por la memoria, verdad y justicia, Fontora también subrayó que “hay gente que sabe y está viva”, como los presos de Domingo Arena. También apuntó a que “no hubo solamente militares”, sino “empresarios, gente particular y políticos que también estuvieron en esto y tendrían que hablar”.
“Primero ellos tendrían que hablar y reconocer, y por otro lado pienso que hay reparaciones que desde el Estado y del gobierno se pueden hacer; es una cuestión de voluntad y una cuestión de derechos humanos”, afirmó. Por trabajos previos en Canelones de cara al memorial por los ‘fusilados de Soca’, dijo que le consta que Orsi tiene “sensibilidad” por los temas y espera que “todos quienes lo rodean también tengan la misma sensibilidad para llevar adelante y reparar”.
Otras reivindicaciones: Reparaciones para hijos de expresos políticos
Una reivindicación de la organización es que no sea necesario renunciar a jubilaciones y pensiones para recibir la pensión especial reparatoria. Dijo que la jubilación es “un derecho constitucional” y contó que, tras presentarse frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno accedió a “un acuerdo amistoso”.
Se presentaron más de 750 peticionantes, pero fallecieron “14 o 15 compañeros” y, al mismo tiempo, el tema continúa “alargándose en el tiempo” a pesar de que se trata de personas de edad avanzada: “La reparación es una cosa. Esto que nosotros nos presentamos y se nos da el derecho –porque es un derecho constitucional la jubilación que nos sacan– es otra, entonces lo que estamos pidiendo es la suma”, indicó. Dijo que el acuerdo amistoso abarca a los que se presentaron, pero también, algo que ya hablaron con Orsi, prevén “presentar una ley, más tarde, para todos aquellos que no se han presentado y que tienen los mismos derechos”.
Además, reparó en otro elemento: “Todavía hay gente que no fue reparada. Si nosotros pensamos en los hijos de los presos políticos, un día tendrían que traer las cosas que vivieron. Pasó mucho tiempo para enterarme porque mi hija no me decía para no hacerme vivir nuevamente el dolor, y pasaron muchos años para saber las cosas que le hicieron, pero tienen que saber que hubo hijas nuestras que fueron manoseadas y violadas también y en cambio no son reparadas todavía”, dijo.
En esa línea, la necesidad de acceder a una pensión reparatoria se relaciona con las “graves violaciones a los derechos humanos”. Fontora dijo que en el caso de las militantes mujeres existió “un plus” representado por las violaciones: “Lo que nos cometieron a cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, son cosas que viven permanentemente porque es imposible superar cosas que son insuperables”, evaluó.
Dijo que nadie espera “cosas tan terribles” y tampoco que haya gente “que lo sabe”, vive y “no habla, oculta, pero además de ocultar mienten”. “Nosotros llevamos una lucha en un momento histórico, donde había pobreza extrema, despidos, los estudiantes luchando y un plan económico de Estados Unidos que aplicó sobre América Latina (...). El no reconocer esto que pasó, nosotros la pagamos muy cara por querer una vida digna”, sostuvo.
En ese sentido, Fontora dijo que “el pueblo tiene derecho a luchar”, pero distinto es lo que hicieron “los agentes del Estado que llevan el uniforme y las armas para defendernos”, no para “aplicar la dictadura y el terrorismo de Estado”: “Nadie podía decir nada y no podías pensar diferente, porque el que pensaba diferente y lo sabían, iba para adentro. Acá no es que fueron solamente sobre ‘los tupamaros y el comunismo’, fueron contra toda esa parte del pueblo que pensaba diferente y lo quisieron callar”, acotó.
Por otro lado, Fontora estuvo recluida en la cárcel de Cabildo, que hace dos años se declaró como sitio de memoria. Para Fontora, este tipo de denominaciones son “muy importantes” porque “no solamente nos dignifica y es una parte del reconocimiento del Estado” –que “nunca brindó nada sin nuestras luchas”–, sino que también funciona como una “demostración a los jóvenes de que el Estado está reconociendo lo que cometieron sobre nosotros”.
