En el centro de la mesa dispuesta este martes en la sede del PIT-CNT está Alba González, madre de Rafael Lezama, secuestrado el 1° de octubre de 1976 en Argentina. Tiene 92 años y durante más de la mitad de su vida ha buscado a su hijo. Esta vez le toca dar el mensaje de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocando a la Marcha del Silencio, que recorrerá este miércoles 20 de mayo la avenida 18 de Julio, como lo viene haciendo desde hace 30 años.
“Un silencio conmovedor nos acompañará otra vez, junto al cariño de un pueblo que año a año nos abraza, entendiendo que esta es una causa de todos y todas”, dijo González, y agregó que han pasado “más de 50 años de impunidad” que reflejan “la tenacidad y certeza que ha cargado esta lucha”, pero también que “hoy, como ayer, la impunidad sigue presente en nuestro país”.
La movilización conmemora el aniversario de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición forzada de Manuel Liberoff, pero el reclamo es por “todas las víctimas del terrorismo de Estado”, remarcó la integrante de Madres y Familiares. Este año la consigna es “30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.
González señaló los avances que hubo a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y los “hallazgos y el arduo trabajo” del Grupo de Investigación en Antropología Forense, así como el trabajo del equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En particular, destacó el anuncio de la INDDHH de que se sumaron ocho nombres a la lista de detenidos desaparecidos uruguayos, lo que muestra que “es una lista abierta”. Sin embargo, marcó que, pese a ello, “hoy la verdad sigue incompleta y son muchos los caminos que quedan por andar”.
En materia de acceso a la información, González cuestionó que “muchas puertas continúan hoy cerradas”, que “los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos”. “Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas. Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos sus agentes. El compromiso debe ser total e inequívoco”, reclamó.
En particular, subrayó que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente” Yamandú Orsi para que brinden información, un reclamo recurrente de Familiares, “no puede tener más dilaciones”.
González también fue crítica con las iniciativas “especialmente graves” que apuntan a “flexibilizar las penas de personas condenadas por crímenes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, en un contexto regional y global “donde vuelven a emerger discursos negacionistas y revisionismos que buscan relativizar el terrorismo de Estado y sus consecuencias”. “Estos intentos no son aislados ni neutrales. Forman parte de una ofensiva que procura reinstalar la impunidad, debilitando consensos democráticos construidos durante décadas de lucha por memoria, verdad y justicia”, afirmó. Remarcó que equiparar los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes, “apelando al paso del tiempo o a la edad de los condenados, implica desconocer su carácter imprescriptible y habilita interpretaciones regresivas incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado uruguayo y con el compromiso democrático del nunca más”.
González añadió que el Estado uruguayo “debe también responder” ante la situación de los 15 militares prófugos que “continúan impunemente cobrando sus jubilaciones mientras eluden la Justicia”. Uno de ellos es Roberto Freddy Amorín Maciel, quien logró cobrar tras obtener una fe de vida emitida por el consulado uruguayo en Miami. Este lunes, entrevistado por la diaria Radio, el canciller Mario Lubetkin aseguró que se han “tomado medidas” para que “efectivamente algo como eso no se vuelva a repetir”. Sin embargo, un informe de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sostiene que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas “ha cumplido con la normativa vigente” al pagar las jubilaciones a los militares prófugos y que no es posible cesar los pagos sin normativa que lo ampare, informó el semanario Búsqueda el jueves pasado.
González exigió que “se instrumenten todas las medidas administrativas necesarias para garantizar” la comparecencia de estos militares ante la Justicia. Sostuvo que no los mueve “un espíritu de revancha”, sino que lo que se reclama “es algo mucho más básico y profundamente democrático: que esas personas se presenten ante la Justicia y cumplan con el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron”. “El Estado tiene las herramientas y la obligación de actuar para que las resoluciones judiciales se cumplan”, reafirmó.
Finalmente, González celebró que “ya hace mucho tiempo” que la Marcha del Silencio “ha dejado ser de los y las familiares, para ser de una gran parte del pueblo uruguayo que la abriga y la sostiene, haciéndonos llegar muestras de afecto y esperanza que nos hacen posible continuar esta lucha”. “La memoria también florece cuando se construye en comunidad. Cuando se vuelve encuentro, abrazo y presencia colectiva”, expresó.
La integrante de Familiares afirmó que es el “pueblo quien recuerda y sostiene los 205 nombres e historias de quienes soñaron y lucharon por forjar un mundo mejor”, y llamó a no olvidar “jamás que por eso pagaron el precio más alto en las manos oscuras del fascismo”.
Este 20 de mayo habrá más de 70 movilizaciones y concentraciones, tanto en Montevideo como en distintos departamentos de todo el país, y también en el exterior. Según informó Familiares, están previstas movilizaciones en Argentina, Chile, Inglaterra, España, Francia y Suecia.
