Sandra Lazo y Mario Stevenazzi (archivo, junio de 2025).

Foto: Gianni Schiaffarino

Madres y Familiares repudió designación de abogada de represores como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército

La asociación denunció que la presencia de Graciela Figueredo en el despacho de Mario Stevenazzi “pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático” y apuntó contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

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A través de un comunicado, la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudió este martes la designación de la abogada Graciela Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, por resolución de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. “Una vez más, estamos alerta ante las decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el Nunca Más”, expresó la asociación.

Madres y Familiares señala que Figueredo “ha actuado como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad” y, a su vez, “tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales”.

También se apunta que la abogada “ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces”. Dichas declaraciones, se sostiene, “desconocen el valor jurídico y probatorio en este tipo de causas basadas en extensas investigaciones judiciales, material probatorio, pericias, reconstrucciones históricas y fuentes testimoniales, deslegitimando décadas de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”.

En suma, Madres y Familiares afirma que “el nombramiento de Figueredo es parte de la incongruencia que lamentablemente señalamos existe en el compromiso de este ministerio por avanzar en esta causa”.

La asociación subraya que “resulta especialmente grave que una persona que actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad”, al mismo tiempo, “integre funciones de asesoramiento del comandante en jefe del Ejército”. Se sostiene que “la presencia de funcionariado que relativiza los crímenes de lesa humanidad y desacredita a las víctimas y sobrevivientes pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos que el propio ministerio sostiene públicamente”. “No es posible construir garantías de no repetición ni avanzar en procesos reales de memoria institucional mientras persistan discursos negacionistas o revisionistas en espacios de poder”, se afirma.

Consultado al respecto este martes en una rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi dijo desconocer la situación. “Y no hablé con Familiares, no me mandaron nada”, pero “me pongo en contacto a ver qué fue lo que pasó”, expresó.