La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para renovar el programa Uruguay Impulsa, que sustituyó al programa Oportunidad Laboral, implementado en el período anterior, comúnmente conocido como los jornales solidarios. El proyecto será tratado en sesión extraordinaria del Senado el próximo 19 de mayo.
En diálogo conla diaria, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que la comparecencia consistió en, por un lado, “explicar lo que hicimos el año pasado y dar cuentas a la comisión del Senado” y, por otro lado, presentar “la propuesta novedosa” del gobierno para la edición 2026. Para este año, el gobierno propone la misma cantidad de cupos, pero con un foco particular en las personas en situación de calle y las personas liberadas del sistema carcelario, para quienes se incorporarán “sustantivamente más cupos”.
Al igual que en 2025, el programa abarcará a 5.500 beneficiarios, quienes accederán a los jornales durante cuatro meses con una prestación de aproximadamente 20.500 pesos. Asimismo, mantendrá el componente de formación a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que corresponde al 20% del tiempo y la extensión de la jornada laboral de seis horas, con un régimen especial de cuatro horas para madres con niños de 0 a 3 años.
En concreto, el Poder Ejecutivo propuso asignar 10% de los cupos a “personas que hayan sido atendidas por los servicios de atención a personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social”, lo cual supone alrededor de 550 puestos de trabajo. Arim acotó que a esa cifra se podrían sumar cupos que incorporen las intendencias, quienes han mostrado “vocación y voluntad” de reforzar esa iniciativa. Señaló que la expectativa, que se ha conversado con el Ministerio de Desarrollo Social, las intendencias y otros organismos del Estado, es “ver la posibilidad de que este tipo de programas terminen cubriendo cerca de 1.000 personas, más allá del cupo que vote el Parlamento”. “Pueden ser 500, pero creemos que hay sanas expectativas de que podamos elevar ese cupo de manera importante a partir de acuerdos directos con las intendencias”, reafirmó.
Para la población egresada de las cárceles, el proyecto establece un cupo de 5%. Arim valoró que es “una política absolutamente necesaria en Uruguay, un país que tiene un egreso de más de 9.000 personas por año del sistema carcelario”. Por otro lado, en esta edición también se priorizará a personas con hijos menores de 18 años, para quienes se asegurará el 60% de los cupos. Asimismo, como el año pasado, se establece un 8% para las personas afrodescendientes, 4% para personas en situación de discapacidad, 1% para personas trans y otro 1% de los cupos para mujeres víctimas de violencia basada en género.
Pueden ser 500, pero creemos que hay sanas expectativas de que podamos elevar ese cupo de manera importante a partir de acuerdos directos con las intendencias. “El año pasado, varios de los participantes lograron terminar el ciclo básico a partir del ciclo de formación”, aseguró.
En cuanto a los tiempos de implementación, Arim sostuvo que estiman estar en condiciones de abrir el plazo de inscripción en los primeros diez días de junio y realizar el sorteo de los cupos en la tercera semana de ese mes, para poder comenzar en la primera semana de julio. Aunque aclaró que “depende obviamente del trámite parlamentario”, señaló que “los parlamentarios de todos los partidos mostraron mucha vocación de terminar rápidamente el tratamiento de la ley, para habilitar los créditos y el procedimiento que nos lleve a instrumentar esta segunda edición”.