El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para renovar el programa “Uruguay Impulsa”, que en este período sustituyó al programa “Oportunidad Laboral”, comúnmente conocido como jornales solidarios. La primera edición de “Uruguay Impulsa” se implementó el año pasado y contó con 5.500 cupos. Para la segunda edición, el gobierno propone la misma cantidad de cupos, pero plantea algunos cambios, entre ellos, asignar un determinado porcentaje para las personas en situación de calle.
A modo de fundamento, en la exposición de motivos del proyecto se señala que en la última edición se anotaron 162.464 personas en total, lo cual “muestra el gran interés que despertó en la población el nuevo programa y da cuenta de una demanda insatisfecha que debe ser atendida”. Si bien se apunta que la situación del mercado laboral “ha mejorado en los últimos años”, se sostiene que aún existen “grupos de población con tasas de desempleo elevadas”. Como ejemplo, se señala que el desempleo afecta particularmente a los jóvenes menores de 25 años, dado que uno de cada cuatro se encuentra sin trabajo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que actualmente está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, establece como remuneración tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC), actualmente 20.592 pesos uruguayos. Se trata del mismo monto que en la edición de 2025.
Para la segunda edición del programa, el gobierno propone mantener tanto la duración de cuatro meses como el “componente formativo” a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop); en ese sentido, se prevé que las personas destinen el 20% del tiempo en el programa a cursos de capacitación. Las jornadas laborales serán de seis horas, de lunes a viernes.
Los cupos y las prioridades
Al igual que en la edición del año pasado, el Poder Ejecutivo establece para este año un total de 5.500 cupos. En el gobierno anterior, la cantidad fue de más a menos: empezó con 15.000 participantes en 2021, en medio de la emergencia sanitaria, y terminó con 9.000 participantes en 2024, con remuneraciones de 12.500 y 13.000 pesos uruguayos, respectivamente.
En el articulado del proyecto actualmente en el Parlamento se establece que podrán postularse al programa aquellas personas de entre 18 y 65 años de edad que “no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal”. Asimismo, se dispone que no podrán inscribirse quienes “hayan participado como titulares en la primera edición del programa, realizada en 2025, y aquellos que, habiendo ingresado como suplentes, hayan superado los dos meses de participación”.
Con respecto al orden de prioridades, en la iniciativa se señala que “se procurará que al menos el 60% de los cupos” sea asignado a las personas con hijos o hijas menores de 18 años de edad. La asignación de los puestos de trabajo se realizará por sorteo.
En la distribución también se priorizarán determinados colectivos vulnerables: 8% de los cupos serán para personas afrodescendientes, 4% para personas en situación de discapacidad, 1% para personas trans y otro 1% para mujeres víctimas de violencia basada en género.
Asimismo, en el proyecto se señala que, “en base al diagnóstico establecido en el Plan Nacional de Seguridad Pública”, en el cual se evidencia un “incremento sostenido de la población carcelaria”, así como “una alta tasa de reincidencia y la insuficiencia de oportunidades laborales que permitan construir trayectorias de integración sostenibles”, 5% de los cupos se asignarán a personas recientemente liberadas del sistema penitenciario. Se trata, en definitiva, de 275 puestos de trabajo.
Por otra parte, como novedad, el Poder Ejecutivo propone asignar 10% de los cupos a “personas que hayan sido atendidas por los servicios de atención a personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social [Mides]”, lo cual supone, en total, 550 puestos de trabajo.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que, “en el marco de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”, elaborada por el Mides, “se resalta que la dificultad para acceder al empleo formal constituye un factor central en muchas de las trayectorias de las personas en situación de calle”. El Mides se ha fijado como meta la creación de 2.000 puestos de trabajo para las personas en situación de calle.