Luego de seis meses, la Comisión de Expertos en Seguridad Social –creada por la Ley 20.410 de 2025– abocada a una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) finalizó su trabajo, y como resultado dejó un informe con recomendaciones para mejorar la situación económica financiera de la paraestatal.
La comisión se conformó por tres representantes del Poder Ejecutivo: uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, hubo tres representantes de la CJPPU votados por el directorio que representaron a los activos y a los pasivos.
Al cierre de 2025, la CJPPU tenía un total de 179.848 afiliados en edad activa, de los cuales 63.217 tenían declaración de ejercicio liberal con aportación activa. Según el diagnóstico realizado por la comisión, la cantidad de aportantes creció a una tasa de 1,7% promedio anual desde 2011, cuando la caja tenía 49.751 afiliados activos en ejercicio.
De todas formas, en 2024 y 2025 hubo caídas en la cantidad de afiliados en ejercicio, de 1,5% y 1,6% respectivamente. A su vez, los profesionales con declaración de no ejercicio pasaron de 44.371 en 2011 a 116.631 en 2025, por lo que la participación de los afiliados activos con ejercicio profesional decreció con relación al total de activos.
La caja tiene cinco fuentes de ingreso diferentes; la mayor proviene de los aportes que hacen los profesionales y los funcionarios y se trata de 58% de su recaudación. A esta le siguen los ingresos que provienen de los timbres profesionales, que representan el 29% de la recaudación.
Propuestas para ampliar el campo afiliatorio a la caja
Los representantes de la caja elaboraron una serie de propuestas para mejorar la situación económica y financiera; en algunas hay consenso con el Poder Ejecutivo.
En primer lugar, proponen incorporar nuevas profesiones al ámbito de aplicación de la CJPPU, lo que implicaría la “modificación y simplificación del procedimiento vigente”, que establece la ley de la paraestatal, para que “toda profesión universitaria quede incluida automáticamente en el ámbito de la institución, con la consecuente obligatoriedad de registro para sus egresados”.
Otra de las propuestas es la incorporación obligatoria de los profesionales a la caja, independientemente de si realizan el ejercicio de la profesión en relación de dependencia o en forma liberal. Según señalan, esto implicaría que los nuevos profesionales que ingresen al mercado laboral bajo relación de dependencia pasen a aportar a la caja con “idénticos niveles de aportación y los principales beneficios que los que rigen hoy para los profesionales dependientes en BPS [Banco de Previsión Social]”.
Los representantes de la caja apuntan que, producto de la reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou que creó el Sistema Previsional Común, las personas que ingresan al mercado de trabajo desde diciembre de 2023 “se enfrentan a idénticas reglas de juego” en cuanto al tipo de sistema de aportación y a los parámetros a aplicar para el cálculo de la prestación correspondiente al pilar de beneficio definido, independientemente de si la persona está afiliada al BPS o a la caja. Por lo tanto, este cambio supone que no hay “modificaciones desde el punto de vista de los derechos jubilatorios, ni de las prestaciones a generar”.
En ese sentido, los representantes de la caja expresaron una postura favorable a incorporar a la CJPPU a los profesionales que ingresen al mercado de trabajo bajo relación de dependencia. “Esta posición se funda en la idea de que, a futuro, la caja debe incorporar preceptivamente en su ámbito de aplicación a todos los profesionales, independientemente de si realizan sus actividades en relación de dependencia o de si lo hacen mediante el ejercicio liberal de la profesión”, explican, y agregan que esto “brindaría transparencia y certidumbre dado que todos los profesionales aportarían a una misma caja y con igualdad de condiciones”.
Por el contrario, los representantes del Poder Ejecutivo no comparten la posición, según detalla el informe, y entienden que el ámbito de afiliación de la caja “debe mantenerse en los términos actuales, amparando en forma preceptiva exclusivamente a los profesionales que desarrollan el ejercicio libre de la profesión”. Para el Poder Ejecutivo, “la ampliación del campo afiliatorio y el traspaso de afiliados desde BPS a la caja implica una forma de otorgar financiamiento desde el sector público a la caja en una magnitud que tiene elevada incertidumbre y con un mecanismo que resulta poco transparente”.
Otro tema que fue puesto de manifiesto por las delegaciones recibidas por la comisión es la existencia de un conjunto de profesionales que, estando dentro de las profesiones amparadas por la CJPPU, realizan ejercicio liberal de la profesión registrándose como empresas unipersonales en el ámbito del BPS.
En ese sentido, los representantes propusieron que se pueda detectar el ejercicio liberal no declarado, así como con la regularización de profesionales en “no ejercicio”. En el primer caso, proponen que, a través del intercambio de información con organismos como el BPS o la Dirección General Impositiva (DGI), se pueda identificar a “aquel profesional que pertenece al conjunto de profesiones amparadas por CJPPU y realiza el ejercicio independiente de la profesión, pero realiza sus aportes previsionales al BPS”.
Según los representantes de la caja, el resultado de esta medida es que se obtendrían ventajas en cuanto a la “ampliación de la base de aportantes” por incorporar profesionales que actualmente están excluidos, así como una “mejora en la equidad del sistema, eliminando diferencias de tratamiento en función del tipo de empresa empleadora, para profesionales que ejercen en condiciones sustancialmente similares”.
En cuanto a las declaraciones de no ejercicio, la caja propone “evaluar la implementación de un proceso sistemático de revisión de las declaraciones de no ejercicio” para identificar posibles “situaciones de subdeclaración de actividad profesional”. Según detallan, el análisis se orientaría a la identificación de profesionales que, habiendo declarado no ejercicio libre ante la caja, tengan registrada actividad económica en BPS y/o DGI “potencialmente” vinculada a su profesión.
Este es un punto de consenso con el Poder Ejecutivo, y en el informe se detalla que se entiende “conveniente” promover un proyecto de ley que modifique el artículo 13 de la Ley 20.410 sobre intercambio de información.
En cuanto a los timbres profesionales, se coincidió en “mejorar el proceso de recaudación y gestión” de este recurso, “acelerando el proceso de implementación del timbre digital e incorporando otros mecanismos que aseguren el cobro del gravamen cuando corresponde su aplicación”.
Delegados de la caja quieren que el IASS destinado al BPS por afiliados vaya para la CJPPU
Por otro lado, sobre el IASS (impuesto de asistencia a la seguridad social), cuya recaudación se destina al BPS, los representantes de la CJPPU consideran que podría ser “conveniente”, para “lograr mejorar la sostenibilidad financiera de la institución”, que lo producido del IASS por los pasivos afiliados a la caja vaya para esta.
De acuerdo con el informe, el Poder Ejecutivo no comparte la propuesta de los representantes de la caja, puesto que “se entiende que un cambio de este tipo no condice con el objetivo buscado en el contexto de la creación del IASS como sustituto del IRPF [impuesto a la renta de las personas físicas] y tampoco contempla que en dicho proceso se incorporó una transferencia de rentas generales en sustitución del IRP [impuesto a las retribuciones personales] derogado”.
A su vez, el Poder Ejecutivo argumentó que la ley de salvataje aprobada en 2025 “estableció una asistencia financiera por el equivalente a dos veces y media la recaudación de la contribución pecuniaria aplicable a los pasivos de la caja incluidos en el régimen jubilatorio anterior, que supera ampliamente los montos que la CJPPU retiene a sus afiliados por concepto de IASS”.
Por su parte, la delegación de la CJPPU no comparte el punto de vista del Poder Ejecutivo ya que “la asistencia estatal presentará una tendencia estructural decreciente en el mediano y largo plazo, mientras que el IASS muestra una trayectoria esperada creciente en términos reales”. “Esta divergencia refuerza la inconsistencia de comparar magnitudes cuya evolución proyectada es sustancialmente diferente”, sostuvieron.
