El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) sesionó este jueves por la tarde y ratificó la decisión de avanzar con el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. La resolución, que ya había sido aprobada con anterioridad, fue avalada una vez más por cinco votos contra dos, sin la adhesión de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio.
La Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública (MSP) envió una nota a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en la que puso en conocimiento “la preocupación existente respecto a los potenciales efectos sanitarios, sociales y financieros derivados” de la resolución adoptada por el directorio de esa caja el 28 de mayo, mediante la cual “se dispone la aplicación del timbre profesional a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales”.
En el texto se indica que la referida resolución establece que los informes asociados a consultas médicas en todas las modalidades de atención quedarán alcanzados por el tributo correspondiente, iniciándose controles específicos sobre su aplicación a partir del 1º de agosto. “En los hechos, esto supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud”, se agrega.
Además, la Junasa subraya que “este costo incremental afecta a todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras”. Asimismo, “se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio”. Entonces, la Junasa remarca que “la medida implica un incremento de los costos de acceso a la atención médica, configurando un aumento indirecto de las tasas moderadoras y, por tanto, de las barreras económicas de acceso a los servicios de salud. “Este aspecto resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos”.
Además, la medida se orienta “en sentido contrario a las políticas sanitarias que viene desarrollando el MSP, tendientes precisamente a reducir las barreras de acceso y facilitar la utilización oportuna de los servicios de salud”.
Por lo tanto, en función de lo expuesto, la Junasa solicita “dejar sin efecto la resolución”, dados los “perjuicios esperados que la misma tendría sobre el acceso efectivo a la atención, la equidad del sistema, la utilización de servicios sanitarios y la sostenibilidad general del Sistema Nacional Integrado de Salud”.
La Caja defendió la facultad que tiene para tomar la medida
En un comunicado a la opinión pública difundido este jueves en respuesta a diferentes reparos emitidos desde la Junasa, los integrantes del directorio de la CJPPU sostuvieron que la resolución es legítima, en tanto “dispone aplicar una norma preexistente cuya vigencia nunca fue derogada ni declarada inconstitucional”.
Desde la CJPPU calificaron el “reproche” como inexacto jurídicamente, ya que la resolución “exige el cumplimiento de una obligación tributaria preexistente”, algo que “no requiere conformidad previa del Ministerio de Salud Pública ni de la Junasa”. Asimismo, remarcaron que “las consideraciones de política sanitaria no tienen entidad para enervar la aplicación de una norma tributaria vigente”, por lo que “los argumentos relativos al impacto en el gasto de bolsillo, la equidad del sistema o las barreras de acceso constituyen consideraciones de mérito y oportunidad de política pública, pero no argumentos de legalidad”.
También reiteraron que el organismo está facultado por ley para recaudar los recursos propuestos. “La inacción o aplicación discontinuada en el pasado no genera derecho adquirido a su inaplicación. Si la caja no exigió con el mismo rigor el cumplimiento de esta obligación anteriormente, ello no purga la vigencia de la norma ni impide su exigibilidad hacia el futuro”, agregaron.
“Las objeciones de la Junasa, aún pudiendo ser legítimas en el plano de la política sanitaria, no logran desvirtuar la legalidad del acto: no se ha creado un tributo/paratributo nuevo ni se ha efectuado una interpretación extensiva contra el sujeto pasivo, sino que se ha dispuesto el cumplimiento de una obligación tributaria vigente, cuya exoneración es competencia exclusiva del legislador, no de la autoridad sanitaria”, concluye el documento.
En diálogo con la diaria, el integrante del directorio de la CJPPU Fernando Rodríguez Sanguinetti se expresó en línea con el documento y defendió el cobro de los timbres, ya que es algo que obedece al cumplimiento de la ley. Rodríguez Sanguinetti dijo que en la sesión de este jueves, los delegados del Poder Ejecutivo solicitaron que el tema fuera reconsiderado y revirtieron su decisión anterior, algo que entiende que obedece a un mandato del gobierno. El integrante del directorio cuestionó dicha decisión, ya que la resolución había sido aprobada por unanimidad anteriormente, y acusó que no brindaron ninguna solución alternativa al respecto.
Según dijo, desde la CJPPU siempre existió la disposición de conversar con el gobierno para explorar ideas alternativas, como determinar que los timbres tengan un costo promedio más bajo, pero que estas “nunca son recibidas”.
De todas maneras, reveló que el directorio de la CJPPU se reunirá el próximo lunes con el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Di Doménico –que este jueves calificó la medida como “inconveniente” e “inadmisible”–, para intercambiar opiniones. “La caja está abierta a conversar: lo que tiene que hacer es cumplir con la ley y estamos cumpliendo nuestro cometido”, aseveró.
