Tal como estaba previsto, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol envió una carta al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, para manifestar la “preocupación” que existe en la organización ante la “lentitud” del diálogo con el gobierno sobre la actual incompatibilidad entre la pensión especial reparatoria (PER) para víctimas del terrorismo de Estado y las jubilaciones y pensiones.
En febrero de este año, en una reunión entre Crysol y el presidente Yamandú Orsi, se avanzó en la posibilidad de concretar un “acuerdo amistoso” entre el Estado uruguayo y los 767 peticionantes que se presentaron ante la CIDH para resolver los aspectos de la incompatibilidad de las pasividades con la PER. Dicha restricción está incluida en la Ley 18.033, que comprende a quienes entre 1973 y 1985 fueron privados de su libertad, estuvieron detenidos y/o estuvieron en centros clandestinos fuera del país en operativos en los que participaron fuerzas represivas uruguayas.
En la carta, fechada este miércoles 24 de junio, Crysol expresó que desde que el Estado uruguayo “manifestó su decisión de llegar a un acuerdo amistoso” con la organización “no han comenzado las tratativas” para que esto se concrete. Días atrás, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que había molestias con la CIDH por no haber propiciado el “encuentro” con el gobierno uruguayo, y subrayó que al organismo internacional le corresponde “convocar” a las dos partes.
“Somos un colectivo de personas muy mayores, mayoritariamente del sexo masculino, con un promedio de edad de 78 y 79 años, y el paso del tiempo se acelera mientras no comienzan las conversaciones. Somos ya muchas y muchos menos”, se señala en la carta.
Crysol expresó que, “en un mundo convulsionado”, las normas de derechos humanos suponen “una conquista de los pueblos y de la humanidad”. La asociación también reivindicó el derecho de las víctimas del terrorismo de Estado a “la justicia, a la verdad, a la memoria y a la reparación tal como establece la normativa internacional”. “El Estado uruguayo no puede continuar obligando a las ex presas y a los ex presos a renunciar a sus derechos para percibir la merecida reparación como víctimas directas del terrorismo de Estado”, se sostiene en la misiva.
En ese sentido, solicitaron al presidente de la CIDH “su involucramiento personal” para “acelerar” la causa de Crysol y “poder obtener un acuerdo justo y necesario que haga justicia con centenares de ex presas y ex presos políticos sobrevivientes”.
