La exministra de Industria, Energía y Minería Elisa Facio (2023-2025) declaró como testigo en una investigación administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) vinculada al otorgamiento de permisos para el traslado de estaciones de servicio durante el período pasado, a partir de una denuncia presentada por propietarios de estaciones.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) autorizó el traslado de dos puestos de venta: uno ubicado en Young (Río Negro), que ha sido vinculado al sobrino del exintendente de Río Negro y dirigente nacionalista, Omar Lafluf, el otro ubicado en Santa Rosa (Canelones), asociado a la empresa Ferbra, que tiene como socio al exsenador suplente del Partido Nacional Adrián Silva. Las obras civiles para la reubicación de esta última estación –desde el centro de la ciudad de Santa Rosa hacia la intersección de las rutas 11 y 6– continuaron a pesar de que, en setiembre de 2023, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, todavía encabezado por Omar Paganini (2020-2023), anuló la resolución de la Ursea. Al año siguiente, ya bajo la gestión de Facio, el ministerio revocó la anulación.
En ese marco, dos estacioneros de Canelones, que entienden que fueron perjudicados por la decisión debido a la distancia entre los puestos de venta, presentaron una denuncia en mayo de 2025 y solicitaron que se investigue el traslado de la estación de Santa Rosa. Uno de los reclamos refiere a la presunta violación cometida por Silva del artículo 124 de la Constitución de la República, que prohíbe a los legisladores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”.
El interrogatorio a Facio, al que accedió la diaria, se centró principalmente en declaraciones realizadas por la entonces ministra en abril de 2024, que en su momento fueron consignadas por el periodista Leo Sarro. En esa oportunidad, Facio dijo que se iban a “otorgar muchos permisos” y “traslados también”. “Es un tema muy delicado, que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo”, y la intención es “destrabar la situación”, expresó. “Nosotros lo que queremos es que la industria, también de las estaciones de servicio, se mueva, y que haya movimientos e instalaciones”, agregó.
Consultada sobre qué elementos surgieron para revertir la anulación de Paganini, Facio dijo que en el caso particular de Young, así como “en algún otro”, “se está teniendo en cuenta que había una inversión muy grande ya realizada en el proceso”. Posteriormente, Facio declaró a Búsqueda que hubo tres casos de traslados en los que el ministerio anuló la aprobación de la Ursea, y posteriormente los propietarios recurrieron la decisión presentando “nuevos elementos”, como “temas de seguridad, medioambiente y las inversiones realizadas”.
Uno de los estacioneros denunciantes dijo a la diaria que la construcción de la estación de la empresa Ferbra continuó “porque alguien les aseguró que se iba a autorizar”, a pesar de que ya se había anulado el traslado con la decisión de Paganini.
En la declaración ante el TCA, Facio dijo que en sus declaraciones al periodista Sarro marcó que “había nuevos elementos” para revisar la anulación, y “mencioné que entre ellos había grandes inversiones”. “Eso fue parte de lo que mencioné, y que la parte –que no sé si era Ferbra u otra, sé que hubo más de un caso– presentaba, entre otras cosas, el elemento de las grandes inversiones. Eso fue un error de mi parte en esa declaración, porque no fue en base a eso que se tomó la resolución a la que se llegó”, afirmó.
Según Facio, “el análisis del expediente lo hizo el departamento jurídico del ministerio”. “Claramente soy ingeniera y no abogada, y me pareció que eso podría ser algo relevante, lo que luego me fue explicado que no; esos elementos están explicados en los antecedentes por los abogados”, añadió en el marco de la investigación administrativa. A su vez, consultada al respecto, la exministra negó haber mantenido contacto con representantes de Ferbra cuando integraba del Poder Ejecutivo; también negó haber tenido conocimiento de que uno de los socios de la empresa era legislador del Partido Nacional.
En noviembre del año pasado, la Ursea dispuso el inicio de una investigación administrativa para “determinar la existencia de eventuales actos o hechos ilícitos y/o debilidades de control en los procesos de apertura, traslado y otorgamiento de prórrogas vinculados a estaciones de servicio a partir de 2021 y hasta la fecha”.
