La Asociación de Comercios Unidos de Rivera (ACUR) ha consolidado su representatividad al agrupar a un número cada vez mayor de micro, pequeños y medianos empresarios del departamento. El colectivo gremial, que se fundó en 2015, apunta a llevar ante las autoridades nacionales “reclamos históricos” vinculados a la competitividad del comercio fronterizo.
Una bandera de la ACUR es la “urgente necesidad” de aliviar los costos operativos que establece el Estado. La organización sostiene que la estructura impositiva actual “desconoce” las realidades del interior. Una muestra del “desbalance tarifario”: dirigentes de la entidad afirman que una pequeña papelería de barrio llega a pagar hasta 3.000 pesos mensuales por cargos fijos en el servicio de agua corriente, una cifra que “inhabilita cualquier margen de rentabilidad para un negocio de escala vecinal”.
La presidenta de la asociación, Silvia Olivera, dijo a la diaria que la falta de controles en la frontera con Brasil facilita el ingreso descontrolado de mercaderías. Esta asimetría de precios, aseguró Olivera, genera una competencia desleal que ha forzado a varios empresarios riverenses a bajar sus cortinas para trasladar sus inversiones hacia el lado brasileño, donde los costos de producción y de comercialización resultan “significativamente” más bajos.
“Los micro y pequeños emprendedores terminamos siendo rehenes del lugar donde vivimos. Somos los principales generadores de empleo genuino en el departamento y todos los días sostenemos una carga impositiva altísima. Cuando un empresario arriesga su capital en la frontera, la primera tajada de la torta siempre se la lleva el Estado”, criticó la presidenta de la ACUR.
Además de los reclamos por cambios tributarios, la mayor preocupación actual de la dirección de la ACUR apunta al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que a partir de 2027 prevé la unificación de diversas prestaciones sociales y el depósito directo de los saldos en efectivo a través de redes de cobranza, prescindiendo del actual sistema de tarjetas magnéticas.
La gremial advierte que una medida de ese tipo podría ser una “tragedia anunciada” para la realidad económica de Rivera. La ACUR considera que, al percibir la asistencia en dinero en efectivo, los beneficiarios optarán por volcar esos recursos en los comercios brasileños, lo que tendría impactos negativos en el circuito comercial local.
El sistema actual de la Tarjeta Uruguay Social obliga a que el beneficio se consuma exclusivamente en locales nacionales habilitados y en productos de origen uruguayo. Muchos comercios de cercanía en Rivera completaron sus procesos de formalización ante la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social únicamente para acceder a esta modalidad de venta. La eliminación del plástico, advierten, les daría un golpe definitivo a los almacenes barriales, lo que podría desembocar en una “ola de cierres”.
¿Cuál es la postura del Mides?
Tras la queja de los comerciantes agremiados de Rivera, la directora de la regional norte del Mides, Marta Dinis, se comprometió a trasladar formalmente las inquietudes a la cúpula ministerial en Montevideo. La jerarca aclaró que los cambios propuestos surgen del Diálogo Social y tienen como objetivo primordial universalizar el acceso a las prestaciones.
Dinis admitió que la secretaría de Estado es consciente de la existencia de graves irregularidades en el uso de los plásticos, como las compras a cuenta con recargos irregulares, retención indebida de tarjetas por parte de intermediarios y manejos espurios del beneficio. Reconoció que el ministerio no tiene suficientes inspectores para fiscalizar “de forma exhaustiva” y que se actúa únicamente a partir de las denuncias que se reciben.
“El escenario no está completamente cerrado y se evaluarán alternativas viables para mitigar impactos colaterales”, declaró Dinis, quien reconoció que las propuestas específicas presentadas por la ACUR no habían sido contempladas en el diseño original del proyecto. Concluyó que la decisión final y el delineamiento de las modificaciones normativas para 2027 quedarán bajo la órbita exclusiva de la conducción liderada por el titular del Mides, Gonzalo Civila, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Desde una perspectiva técnica, el Mides considera que el depósito en efectivo evitaría las manipulaciones y la explotación de los beneficiarios por parte de comercios inescrupulosos. Adicionalmente, argumentan que la medida otorgará mayor libertad y autonomía a los sectores vulnerables, ya que podrían utilizar los fondos para pagar servicios públicos esenciales (como luz y telefonía), así como al cumplimiento de otras obligaciones financieras.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Rubenson Silva coincidió con la preocupación de los micro y pequeños comerciantes. El legislador consideró que “se podrían aplicar medidas excepcionales para las ciudades fronterizas” y se comprometió a articular gestiones para trasladar estos planteos al Poder Ejecutivo.
