A instancias del senador socialista Gustavo González, la bancada del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para consagrar el derecho a ausentarse del lugar de trabajo para asistir a talleres, eventos o actividades en centros educativos. La iniciativa, que actualmente está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la cámara alta, comprende a todo trabajador que, independientemente de la naturaleza jurídica de su relación laboral, sea “padre, madre o responsable de niños, niñas o adolescentes educandos de nivel de educación inicial, primaria y media básica”.
El proyecto establece que cada trabajador dispondrá de un máximo de ocho horas anuales para ausentarse del trabajo con este propósito, “sin perjuicio económico”. En ese sentido, se dispone a texto expreso que “dichas horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales y reglamentarios, no pudiendo ser descontadas del salario o de la remuneración”.
Para hacer uso de este derecho, los trabajadores “deberán dar aviso a su empleador con, por los menos, dos días de anticipación a la realización de la actividad”. Para esto, a su vez, los trabajadores deberán presentar en su trabajo un certificado expedido por “las autoridades habilitadas del Centro o Instituto de Enseñanza correspondiente”.
En la iniciativa se puntualiza que, en ningún caso, la aplicación de la ley “menoscabará ninguna disposición legal o reglamentaria, convenio, acuerdo o costumbre que garanticen a los trabajadores o trabajadoras condiciones más favorables”.
En la exposición de motivos del proyecto, la bancada del FA señala que en la ley general sobre educación (18.437) se prevé “la interacción y la participación de los padres o personas a cargo de los educandos en la actividad de los centros de estudio”, bajo el concepto de que un centro de estudio constituye “un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de respeto y promoción de los derechos humanos”.
Asimismo, se apunta que en dicha ley se establece que las madres y los padres, así como “los responsables de los educandos”, tienen derecho a “participar en las actividades del centro educativo” al que asisten sus hijos o menores a cargo.
El oficialismo sostiene que “no cabe duda que el involucramiento, la interacción y la participación” de los padres en las actividades que se desarrollan en los centros educativos “es un hecho o circunstancia necesaria, pero a la vez reconfortante y siempre anhelada”. “Esa corresponsabilidad de actuación, en concordancia también con los principios antes transcriptos, redunda evidentemente de manera positiva en el sentir y desarrollo emocional de la familia y también genera mayor y mejor conocimiento y relacionamiento en la comunidad educativa en su conjunto”, se subraya.
En ese sentido, se argumenta que el proyecto en cuestión “pretende evitar o paliar en parte que esa participación se vea imposibilitada, en razón de que los padres o responsables de los educandos se encuentren en horario de trabajo al momento de la realización de las actividades educativas de que se trate y no obtengan autorización del empleador para ausentarse por ese motivo, o, en su defecto, dicha autorización tenga por consecuencia un menoscabo en el salario o remuneración o uso de licencia”.