La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó este jueves el resultado de la investigación sobre trabajo forzoso en el comercio exterior que la administración encabezada por Donald Trump había dispuesto meses atrás: un grupo de 60 países, entre los que se encuentra Uruguay, tendrá aranceles adicionales de entre 10% y 12,5%.
En el comunicado, la oficina estadounidense señala que la medida, que se adopta por orden de Trump y “en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”, se debe a que los países sancionados no impusieron ni aplicaron de manera eficaz “la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”. La investigación llevada a cabo por el gobierno estadounidense tuvo dos rondas de audiencias públicas y múltiples intercambios con los países involucrados, según se señala en la declaración.
“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha mantenido una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, expresó Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
En el caso de Uruguay, el gravamen será de 12,5%; no obstante, dado que ya se había impuesto un arancel de 10%, la medida supondrá en los hechos un incremento de 2,5%. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a la diaria que el gobierno uruguayo todavía no ha recibido una comunicación formal, pero de todos modos ya se está analizando el impacto de la decisión de Estados Unidos. También lo está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, según supo la diaria.
El arancel de 10% había sido impuesto por un período de 150 días, que finaliza justamente en la medianoche del jueves. De acuerdo con la agencia gubernamental Uruguay XXI, en 2025 las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos totalizaron los 1.549 millones de dólares, lo que representó el 11,4% de las ventas del país al exterior, siendo el tercer destino, por detrás de China (25,8%) y Brasil (14,5%).
La posibilidad de que Uruguay recibiera –como se confirmó este jueves– un arancel adicional ameritó varias reuniones de integrantes del equipo económico con funcionarios estadounidenses.
Asimismo, en el proyecto de ley sobre competitividad que el Poder Ejecutivo remitió días atrás al Parlamento se incluyó un artículo específico que establece, con “el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio”, que el gobierno uruguayo “prohibirá, mediante las medidas que se consideren apropiadas, las importaciones de bienes que hayan sido producidos total o parcialmente por empresas donde haya sido comprobada objetivamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio”.
En el escalón de 10% –esto es, los estados que no recibieron la mayor sanción– se ubican Argentina, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Trinidad y Tobago, así como Canadá, Reino Unido, India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, Malasia, Camboya, Indonesia, Jordania. En este grupo se incluyen los países que, según Estados Unidos, se han comprometido a imponer la prohibición solicitada.
La medida comprende algunas excepciones. Por ejemplo, estarán exentos del aumento arancelario las “materias primas que, si estuvieran sujetas a estos aranceles, podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional”, y también “productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles”.
Además, quedaron por fuera los productos que “no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes o a precios razonables en Estados Unidos u obtener de otras fuentes” y “ciertos productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que alentarían a estas economías a cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso”.
Por último, se excluyen los artículos “para los cuales estos aranceles pueden no contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se consideran procesables en las investigaciones”.
Se trata de una medida “largamente esperada”
Para Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales, el anuncio del gobierno estadounidense puede interpretarse como una suerte de “segunda fase” de los aranceles que se habían impuesto el año pasado, en el marco de los anuncios del “Día de la Liberación”; estos gravámenes fueron impugnados posteriormente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “Es una continuidad de la guerra comercial, pero con un marco jurídico distinto”, sintetizó el experto, en diálogo con la diaria.
Con todo, Bartesaghi apuntó que las tasas arancelarias resultaron inferiores a las que se proyectaban originalmente –la cifra más alta era de 15%– y señaló que se mantienen algunas de las excepciones preexistentes, por lo que “no cambian las condiciones” con respecto al gravamen de 10% que ya regía anteriormente. Por eso, consideró que la medida de este jueves no debería acarrear grandes consecuencias para la colocación de productos uruguayos en Estados Unidos, si bien puntualizó que “hay que mirar caso a caso”.
“Diría que es una mala noticia porque aumentás 2,5%”, sobre todo, en comparación con otros países que “se quedaron en el 10%”, señaló Bartesaghi. Pero resaltó que, dado “el nivel de discrecionalidad de Trump”, el escenario “podría haber sido peor”. “El impacto general es más [que nada] desde el punto de vista de las normas. Es un Trump que te dice: ‘Yo sigo adelante con la guerra comercial, independientemente de lo que me dijo a mí la Justicia’”, apuntó.
Acerca de las medidas que podría adoptar el gobierno uruguayo en este contexto, Bartesaghi dijo que hay que “ser cauto” y “hacer todo lo contrario a lo que pasó en estas semanas”, en referencia a las declaraciones del canciller Mario Lubetkin sobre los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la cumbre contra “el terrorismo de extrema izquierda”. “No estoy diciendo que estamos con el 12,5% por eso, porque el 12,5% es general para los 60 países, pero el aprendizaje es no entrar en polémica con Estados Unidos por las características del presidente Trump”, subrayó.
Por su parte, Gonzalo Papa, economista y exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a la diaria que se trata de una medida “largamente esperada” y señaló que con este mecanismo el gobierno de Trump procura sortear la impugnación del Tribunal Supremo. “Son procedimientos ad hoc para reconstruir esa voluntad de imponer aranceles”, señaló. Mencionó como otros ejemplos de la política comercial del gobierno estadounidense la revisión del acuerdo T-MEC con México y Canadá y “las represalias arancelarias contra Brasil basadas en criterios políticos”.
Papa estimó que en Uruguay los efectos de los aranceles pueden ser “cortos”, dado que, como “las medidas son generalizadas”, no deberían darse mayores “desvíos”. “En términos relativos, en relación con otros competidores, la situación es similar antes y después en cuanto a la competencia para ingresar al mercado”, señaló. De todos modos, apuntó que una resolución de este tipo distorsiona los flujos y las reglas comerciales a nivel global. Se trata, sostuvo, de un “arma arancelaria con objetivos geopolíticos, por un lado, y, por otro, para negociar acuerdos” puntuales con distintos países.
Papa consideró que el margen de maniobra con el que cuenta el gobierno uruguayo en este escenario “tiende a ser inexistente”. Aseguró que el tema “no pasa por que en Uruguay se admita la importación de productos con trabajo esclavo para tener ventajas en la competencia internacional”. De todos modos, dijo que, “además de intensificar la estrategia de diversificación, Uruguay debe hacer todo lo posible por preservar y mejorar las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos en lo que refiere al comercio de servicios, que es muy importante para el país”.
A su modo de ver, para Uruguay resulta necesario concretar acuerdos con otros bloques, como pasó a nivel del Mercosur con la Unión Europea. “Se revaloriza la estrategia de profundizar la integración, porque esta política llegó para quedarse con Trump y, probablemente, [aunque] con otros modales y con otra intensidad, se mantenga incluso con otras administraciones”, agregó.
