Un informe del Área de Salud Mental de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) advirtió sobre las fallas en el sistema de notificación de internaciones en prestadores de salud. Tras relevar 909 avisos en el primer semestre de 2025, se observó que menos del 7% de los prestadores reporta las internaciones voluntarias. En tanto, apuntó al bajo nivel de avisos sobre internaciones involuntarias y prolongadas.
La psicóloga e integrante del área que elaboró el reporte, Mariana Risso, dijo a La mañana de la diaria que la ley de salud mental (19.529) le atribuye a la INDDHH “competencias legales específicas de contralor” al entender que ese tipo de internaciones provocan “patologías específicas de institucionalización”.
Respecto de las internaciones involuntarias, señaló que implica una “restricción de derechos” y se estima que hay unas 12.500 al año en Uruguay, aunque “no hay datos que permitan tener un número certero”. Ante la falta de información, el documento “no es un reflejo de la realidad”, sino que funciona como “un reflejo de lo que falta para que conozcamos la realidad”.
De 144 prestadores obligados a notificar, menos de diez lo hicieron regularmente. Según Risso, la lista incluye instituciones públicas y privadas. Entre los que reportan, 80% está en Montevideo, cifra que está “sobre todo determinada por el hospital Vilardebó”, que “notifica de manera sistemática”, indicó.
“Desde la institución hemos relevado un desconocimiento de los prestadores de la obligatoriedad de informar” y “muchas veces el mismo Poder Judicial ignora algunas de las determinaciones de la ley”, puesto que se informa desde los juzgados cuando es una responsabilidad de los centros de salud. “Esto no es un sistema informático o un gusto de tener información para acumular, son las garantías legales que la Ley 19.529 establece para situaciones de restricciones excepcionales de derechos y para evitar vulneraciones de estas personas”, señaló. Dijo que es frecuente que los juzgados “demoren meses” en firmar el alta médica, con lo que la persona, superada la crisis, “sigue sujeta a la misma clínica”.
Según el informe, solo el 25% de las notificaciones fueron egresos. Risso dijo que esos avisos suelen llegar “muy tarde” y es el “único momento” en que la INDDHH recibe “los datos de la persona y del prestador”. Aunque desconoce el motivo, entiende que el sistema, creado en abril de 2020, “en un primer momento tuvo una intención de cumplimiento de la ley”, pero “no se profundizó, no se evaluó y no se aggiornó”.
Además, el artículo 38 de la norma plantea “acciones para el cierre definitivo” de centros asilares y monovalentes. Risso dijo que aún “estamos lejos” y señaló que la necesidad de cerrar “las viejas colonias” es “urgente”. Asimismo, indicó que estas situaciones no se dan únicamente en el sistema público y eso “genera otro campo de dificultades”.
En su opinión, lejos de ser “una utopía más que uno pone en una ley”, existen “avances de 100 años en la terapéutica de la salud mental”, pero brindar mejores horizontes vitales “no se logra ni en los hospitales monovalentes ni en los asilos”. Por otra parte, reconoció los “esfuerzos” en esos establecimientos y dijo que “no son las mismas colonias donde falleció un paciente atacado por una jauría de perros en 2015”.
Los hallazgos: brecha territorial y poca información sobre menores
Con relación a las diferencias entre la capital y otros departamentos, Risso señaló que descubrieron que “notifican solo un 18% de prestadores en el interior”, que son públicos –aunque “no todos los públicos”–, mientras que casi no se reciben reportes desde el sector privado. “Hay departamentos de los que no sabemos nada. Sabemos que hay salas de internación en salud mental, pero no tenemos un número”, afirmó. Lo catalogó como una “gran interrogante” respecto de si “se trasladan” a otros prestadores o “simplemente no notifican”.
En lo que respecta al género, “la mayoría amplia es de varones”. En ese sentido, dijo que es necesario “construir indicadores de género más amplios que puedan establecer una mirada transgénero” y sobre otras poblaciones. También dijo que no hay “casi ninguna” información sobre las internaciones involuntarias en las infancias y las adolescencias: el informe advirtió sobre la existencia de un subregistro, porque otros equipos “monitorean lugares de internación”, especialmente bajo la tutela del Estado, pero las clínicas “no notifican” y la ley “no ha sido fina en la obligación”, ya que mantuvo una “perspectiva muy adultocéntrica”.
El informe también mencionó dos fallecimientos de personas internadas y Risso dijo que se incorporaron porque “los prestadores notificaron”: “Uno se da en una clínica contratada por el Vilardebó y el otro, en una clínica contratada por la Asociación Española, o sea que son bien paradigmáticos de dos escenarios muy diferentes; ambos de dos mujeres que eran portadoras de algún tipo de patología crónica”. Aunque no lograron “profundizar” en los casos, fueron registrados “como egresos por fallecimiento”, no se amplió la información y la INDDHH se enteró “algunas semanas o incluso meses” después de lo ocurrido.
