Los más diversos aspectos del gobierno nacional están comprendidos entre los 366 artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en la tarde-noche de este martes, en el límite del plazo previsto por la Constitución.
En el capítulo del Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo, se plantea prorrogar, por el término de tres años y “por única vez”, el plazo previsto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas “para completar el requisito de tener aprobado Educación Media Básica Completa por parte del personal subalterno que ingresó en los años 2019 y 2020”.
Como argumento, el Poder Ejecutivo señala que la ley vigente establece un lapso de ocho años para completar ese requisito; el incumplimiento configura una “causal de no renovación del contrato de servicio militar”.
En ese sentido, se apunta que para 2027 se prevé que haya 55 militares en situación de infracción, que deberían ser dados de baja, mientras que para 2028 “dicha problemática se incrementaría” a un total de 160 efectivos. Por lo tanto, se sostiene que “el objetivo es prorrogar el plazo” para que “el personal militar que aún no cuente con Educación Media Básica Completa pueda terminarla en dicho plazo y no sea dado de baja”.
También en materia de defensa, el proyecto dispone una partida anual de 23 millones de pesos, “más aguinaldo y cargas anuales”, para “atender el pago de la compensación al personal afectado a las tareas de custodia de establecimientos penitenciarios”. El gobierno sostiene que “el incremento de la capacidad del sistema penitenciario” ha ocasionado “una mayor necesidad de personal militar para las tareas de custodia, lo que requiere reforzar los créditos destinados a las compensaciones correspondientes”. Dicho monto saldrá de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Ministerio de Turismo.
Se contempló el pedido del Senado sobre el Inale
En el apartado correspondiente al MGAP, en tanto, se plantea la creación de un régimen de facilidades de pago para “personas físicas y jurídicas titulares de permisos de pesca y autorizaciones vinculadas a la actividad pesquera y acuícola” que hayan cometido infracciones a la normativa pesquera y acuícola. A través de dicho régimen, los infractores podrán cancelar sus deudas “con la remisión del 50% del total adeudado cuando se opte por pago contado” o “con la remisión del 30% del total adeudado cuando se opte por el régimen de facilidades de pago en cuotas”.
A modo de fundamento de la medida, el Poder Ejecutivo señala que la Dirección de Recursos Acuáticos del MGAP “mantiene actualmente un volumen significativo de multas impagas”. Se estima un endeudamiento equivalente a 20.000 unidades reajustables, esto es, unos 38 millones de pesos. Se sostiene que la situación actual “debilita la eficacia del sistema sancionatorio y limita la normalización administrativa de operadores del sector”.
Por otra parte, se propone autorizar a la Dirección de Servicios Ganaderos del MGAP a comunicar a los frigoríficos, de forma reservada, “la nómina de establecimientos ganaderos que hayan sido objeto de observación sanitaria como consecuencia de la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y/o contaminantes ambientales, en productos de origen animal”. El planteo surge semanas después de que China detectase carne uruguaya con residuos de garrapaticida, lo cual provocó alarma en el ministerio y en las gremiales rurales.
Asimismo, dentro del apartado del MGAP se propone prohibir la producción y la importación de cuatro plantas exóticas invasoras: ligustro, ligustrina, acacia negra y zarzamora. También se agrega que, conforme a la normativa vigente sobre control zoosanitario y fitosanitario, “las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que ingresan al país deberán informar a sus pasajeros” sobre la obligación de presentar la declaración jurada –ya exigida por la normativa vigente– que acredite que “no portan consigo o en su equipaje, ninguno de los bienes, productos y mercaderías cuyo ingreso al país se encuentra prohibido” por disposición del MGAP.
En la Rendición de Cuentas también se incluyó un artículo para atender la situación presupuestal del Instituto Nacional de la Leche (Inale), que, a diferencia de otros institutos agropecuarios, actualmente se financia con asignaciones presupuestales y no con fondos provenientes de su propio sector. La revisión de este esquema de financiamiento había sido solicitada expresamente por la Cámara de Senadores, por unanimidad.
La modificación propuesta en el proyecto establece que, a partir del 1º de enero de 2027, la mitad del impuesto del Valor en Aduana de Exportación que pagan las exportaciones del sector lácteo se destinará al Inale, y la otra mitad al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que actualmente percibe el 100% del tributo.
Publicidad oficial: una excepción para el Ministerio de Turismo
A diferencia de otros incisos, al Ministerio de Turismo le corresponde un solo artículo en la Rendición de Cuentas. El cambio planteado para la cartera refiere a la publicidad oficial. En concreto, se propone exceptuar a esa cartera de destinar “al menos un 20% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país”. Este porcentaje fue introducido en el período pasado; también se exige que se destine un mínimo de 0,5% a cada departamento del interior del país.
A modo de fundamento, el gobierno señala que el Ministerio de Turismo “tiene entre sus cometidos sustanciales la promoción y el estímulo de la actividad turística, tanto a nivel nacional como internacional, con especial foco en mercados estratégicos”, por lo que “resulta necesario contratar medios de comunicación especializados y masivos, con perfiles y alcances específicos orientados a captar potenciales turistas”.
En ese sentido, el gobierno señala que, en cumplimiento de la ley actual, la cartera destina “una parte significativa de la inversión publicitaria en función del presupuesto disponible” a medios del interior del país. Esto, dado que “el alcance de algunos de dichos medios no necesariamente permite la apropiada segmentación de mercados”, impide “la alineación con los objetivos estratégicos de marketing y posicionamiento definidos” por el ministerio.
La situación actual, se sostiene, “puede generar un detrimento respecto de otras necesidades prioritarias de publicidad orientadas al posicionamiento de Uruguay como destino turístico regional e internacional”. En definitiva, se señala que el propósito de la modificación es “mejorar la eficiencia en el gasto de los recursos limitados destinados a promoción”.
