Formalmente, la discusión sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, comenzará este miércoles, cuando a las 10.00 el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comparezca junto al resto del equipo económico ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para defender los 366 artículos de la iniciativa. Sin embargo, algunos aspectos del proyecto ya están siendo cuestionados, no solo por la oposición, sino también por sindicatos de empleados estatales.
En el caso particular de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), las críticas exceden además lo meramente presupuestal. La Rendición de Cuentas incluye, en el apartado del Ministerio del Interior, la propuesta de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), algo que es compartido por algunos actores de la oposición.
El planteo del gobierno es que dicho organismo, además de cambiar su nombre por “Instituto Nacional de Reinserción”, salga de la órbita del Ministerio del Interior y se convierta en un servicio descentralizado. Con esto, el Poder Ejecutivo procura que “la gestión de centros de privación de libertad y medidas alternativas esté a cargo de una institución que lo tenga por cometidos específicos” para que “pueda gestionar con los necesarios niveles de autonomía”. En un principio, el gobierno tenía previsto proponer la descentralización a través de un proyecto de ley específico, pero finalmente la reforma se introdujo en la Rendición de Cuentas.
Mediante un comunicado, Ofucipe, que en términos generales comparte la medida, cuestionó de todos modos, por ejemplo, que el directorio del nuevo INR no incorpore “la voz real de los trabajadores”. El sindicato reclama que el directorio “esté integrado por cinco miembros, en lugar de tres, garantizando que uno de ellos sea un trabajador elegido directamente por los trabajadores y trabajadoras”. El proyecto presupuestal establece que el directorio estará integrado por tres miembros, los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo.
Una “traición” a la negociación colectiva
Por otra parte, “bajo la premisa de que la Policía permanecerá en las unidades penitenciarias a modo de pase en comisión y a posterior se retirarán de las mismas”, Ofucipe exige que las 500 vacantes del escalafón L (personal policial) que fueron creadas en el presupuesto quinquenal para el INR “sean transferidas en su total” al escalafón S (personal penitenciario civil). “Si la meta es un sistema civil y técnico, los recursos deben acompañar ese camino y no permitir que el Ministerio del Interior nos sustraiga recursos para cumplir con una promesa de campaña electoral”, señala el sindicato en el comunicado.
En la misma línea, Ofucipe define como una “traición” por parte del gobierno la redacción del artículo 96 de la Rendición de Cuentas, que establece la posibilidad de que los policías que actualmente ocupan cargos en el INR pasen al escalafón de los funcionarios penitenciarios civiles. En la fundamentación de la medida, el gobierno sostiene que, “en el marco de la negociación colectiva entablada por el Ministerio del Interior con los sindicatos involucrados, se advirtió la conveniencia de dar la opción a que personal policial que se desempeña hace muchos años realizando tareas asimilables a las de los operadores penitenciarios pueda cambiar de escalafón”, y señala que en estos momentos “existen vacantes creadas en el escalafón S que permitirían absorber al personal incorporado sin generar incremento del gasto”.
Con relación a esto último, el sindicato manifestó que disponer el pasaje de los policías a partir de las vacantes que corresponden a los funcionarios penitenciarios civiles “viola flagrantemente lo acordado en los ámbitos de negociación colectiva”. “No permitiremos que se desmantelen los ingresos civiles legítimos, mientras que el Ministerio del Interior hace uso y abuso de nuestros recursos, sin querer perder los privilegios que nuestra institución le ha brindado desde el inicio utilizando atajos normativos que rompen las reglas de juego”, afirmó.
Ofucipe subraya que el sistema carcelario “no se reforma con discursos”, sino “respetando a sus trabajadores y trabajadoras con acciones y cumpliendo con la palabra”. “Es inadmisible que, de forma sistemática, se nos vuelva a dejar en el olvido. Mientras el discurso oficial habla de transformación, la realidad muestra otra cosa: cero vacantes de ingreso y de ascenso para los operadores penitenciarios ante la apertura de nuevas unidades penitenciarias”, se expresa en el comunicado.
