La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard recibió este lunes a Fabián Martínez, quien en el período pasado se desempeñó como director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Según declaró a la prensa el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, al finalizar la sesión, Martínez le adjudicó al exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat —quien reemplazó en el cargo a Javier García en marzo de 2024— la decisión de prorrogar el plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento.
La garantía que presentó Cardama, y que fue aceptada por el gobierno anterior, estaba a cargo de Eurocommerce, compañía que posteriormente fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido. Desde el actual gobierno, que rescindió el contrato con la empresa española y denunció penalmente la situación, se ha catalogado a Eurocommerce como “una empresa de papel”.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión del lunes, a la que tuvo acceso la diaria, Martínez fue consultado por Garlo sobre qué grado de participación tuvo “en la decisión de otorgar las prórrogas a la empresa”. El exjerarca respondió que “quien tomaba la decisión era el señor ministro [Castaingdebat], en todos los casos”, en tanto la orden “se instrumentaba a través del director de Recursos Financieros”, Damián Galó.
Galó, quien al igual que Martínez actualmente está en régimen de pase a comisión en el despacho de García, se excusó de asistir el lunes a la comisión especial por encontrarse bajo un sumario administrativo en el MDN.
“Las tomas de decisiones siempre son de los ministros o, en su caso, del subsecretario en calidad de ministro interino. Las decisiones son de ellos. Nuestra función es, de acuerdo a la documentación recibida, analizar, informar y esperar que se resuelva”, recalcó Martínez. Previamente, en respuesta al senador del FA Eduardo Brenta, el exjerarca sostuvo que las decisiones que tomó, al igual que las de Galó, son “instrumentales”. Es decir, “se delegan las responsabilidades”, como el “intercambio con el estudio jurídico”, para que después las resoluciones sean sometidas “a la decisión de la autoridad, que es el ministro”.
Brenta también consultó sobre la última prórroga de 72 horas que, en setiembre de 2024, Castaingdebat le otorgó a Cardama, que finalmente presentó la garantía de Eurocommerce. En su respuesta, Martínez mencionó los motivos que esgrimió el astillero español para solicitar la prórroga –vinculados a la negativa de la empresa Abitab a otorgar la garantía– y afirmó que recibió “la orden del señor ministro de ese momento”, por lo tanto, “se le otorga un plazo de 72 horas”. En ese lapso, agregó, “Cardama vuelve a enviar documentación”, sobre la que el estudio jurídico Delpiazzo “hace las observaciones”.
Garlo consultó por el “criterio” que utilizó la cartera “para conceder más plazo para la constitución de las garantías”, dado que ya se había vencido el plazo previsto en el contrato. Martínez dijo que “la decisión, el espíritu o la motivación -ese es el término correcto- que llevaba a las autoridades a tomar esta decisión” fue que “desde la oposición, desde el gobierno actual y del anterior se ha venido luchando todo el tiempo para lograr que nuestros mares estén protegidos”. “Atendiendo a ese interés general, a esa posibilidad de que se concretara, creo que se fue llevando adelante de esta forma el procedimiento”, expresó el exjerarca, si bien puntualizó que su opinión es “subjetiva, personalísima, más política que técnica”.
Martínez también sostuvo que el “ministro” fue quien le solicitó a Delpiazzo la elaboración de un informe sobre la eventual rescisión del contrato. “El ministro solicita que se le pida un asesoramiento al estudio jurídico a efectos de evaluar eventualmente una rescisión”, señaló ante los legisladores de la comisión. Consultado sobre por qué no se remitió dicho informe a la empresa española, Martínez respondió: “No lo sé; no lo sé. O sea, se mandó a proyectar, se proyectó; se tuvo como un instrumento”. Más adelante, consultado por el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, Martínez añadió que “lo que se solicitó fue asesoramiento como un instrumento más de valoración”.
“Me llama la atención, siendo el número tres del ministerio, siendo el director general de Secretaría del Ministerio, y quien mantenía el contacto directo con Mario Cardama y con el estudio Delpiazzo, junto con el contador Galó, que usted no tenga conocimiento de por qué se desestimó la posibilidad de comunicarle a la empresa la no entrada en vigor de un contrato ante un incumplimiento gravísimo”, expresó Garlo luego de la intervención de Martínez.
Los controles sobre la garantía
Ya cerca del final de la sesión, nuevamente consultado sobre el motivo de las sucesivas prórrogas para la constitución de la garantía, Martínez consideró como “válido que los gobiernos, en este tipo de contratos, tomen en cuenta la necesidad de poder lograr el fin”. Dicho esto, aseguró que “lo que hubo en el medio fueron controles; hubo diligencia, no negligencia; hubo controles”.
En ese sentido, Garlo preguntó “quiénes realizaban los controles de solvencia o antecedentes de las entidades financieras o bancarias que Cardama iba presentando al Ministerio”, dado que Delpiazzo aclaró días atrás en su comparecencia que su análisis se limitaba al aspecto jurídico, por lo que no estaba en condiciones de evaluar esos elementos. Martínez sostuvo que, según lo que le informó Galó, “no es una exigencia que debamos cumplir en hacer este tipo de contralores”. “Lo que se me informa a mí es que esos controles no se realizan; eso es lo que se me informa a mí. Yo soy abogado; no soy contador, no soy economista”, señaló.
El senador del FA Nicolás Viera repreguntó “a quién le correspondía, dentro del Ministerio, corroborar eso”. Y Martínez reiteró: “La información que se me dio a mí es que eso no era algo de uso y costumbre de parte del ministerio; que se constituía la garantía, se cumplía con la garantía, se controlaba jurídicamente, y bueno, si nos encontramos ahora en una situación como sucedió acá, de una garantía que es apócrifa o todo lo demás, existen los carriles correspondientes y habrá las sanciones correspondientes”.
Por otro lado, consultado por Brenta sobre la participación de algún escribano en el proceso de control de las garantías, Martínez mencionó a Agustín Godoy, del estudio jurídico Delpiazzo. El senador del FA le aclaró que Godoy “no es escribano”, sino abogado.
El exjerarca también dijo creer que fue Godoy quien realizó el control del apostillado de la garantía de Eurocommerce. En su comparecencia, días atrás, el abogado José Miguel Delpiazzo afirmó que “esa postilla nunca la pudimos validar; el procedimiento de validación no sé cómo continuó”.