El jueves la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores recibió a una delegación de la Asociación Rural de Uruguay (ARU) en el marco del tratamiento del proyecto de ley desarchivado semanas atrás relativo a regular la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Presentada por legisladores del Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada, la propuesta enfatiza en su exposición de motivos que la extranjerización de la tierra es un problema que afecta a la soberanía y un “talón de Aquiles” para “las posibilidades de desarrollo” de nuestro país.
Entre otras cosas, el proyecto establece los requisitos para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas de nacionalidad extranjera: podrán acceder ciudadanos legales con diez años de residencia “continua, permanente y comprobada” en el país. En relación con las personas jurídicas extranjeras, estas podrán acceder a las tierras siempre y cuando no hayan sido constituidas fuera del país. También se prohíbe que la proporción mayoritaria de las tierras sea de personas extranjeras.
El diagnóstico: la ARU y la academia
la diaria accedió al documento presentado por la ARU a la comisión parlamentaria que señala que si bien “no hay datos sobre la tenencia de la tierra según nacionalidad”, el Censo Agropecuario del año 2000 indicaba que “de las 16.420.000 de hectáreas, el 90% se encontraba en manos de uruguayos”.
En aquel momento, 225.000 hectáreas eran controladas por argentinos, 706.000 hectáreas por brasileños y 481.000 hectáreas por personas físicas de otras nacionalidades. En tanto, la superficie en manos de personas jurídicas era de 157.000 hectáreas. Partiendo de ese escenario, el informe presentado por la ARU detalla que, según los datos presentados por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería (MGAP), entre 2000 y 2024 se vendieron 9.837.000 hectáreas, de lo cual se desprenden algunos datos relativos al escenario de posesión.
Los uruguayos vendieron en ese lapso de tiempo 6.070.000 hectáreas y compraron 3.843.000. En tanto, los argentinos vendieron 267.000 hectáreas y compraron 333 hectáreas. Los brasileños, por su parte, vendieron 311.000 hectáreas y compraron 192 hectáreas. La variación en manos de otras nacionalidades se dio en torno a la venta de 172.000 hectáreas y la compra de 220 hectáreas. Lo más relevante, sin embargo, tiene que ver con el crecimiento de la tierra en manos de un titular que no es una persona física. En estos casos no se conoce la nacionalidad, pero sí que las transacciones han implicado una venta de tierra por parte de estas figuras en el orden de los 3.017.000 hectáreas y una compra en el orden de los 5.249.000 de hectáreas.
Sobre este último dato, la ARU recuerda la Ley de Sociedades Anónimas aprobada en 2007, que previó “un régimen de excepción para la aprobación de Sociedades Anónimas en el sector agropecuario”. La asociación señala que, según los datos del MGAP, estas excepciones implicaron que desde 2007 a 2019 el Poder Ejecutivo autorizara el pasaje de 7 millones de hectáreas a sociedades anónimas.
Con estos mismos datos sobre la mesa, el investigador especialista en sociología rural Joaquín Cardeillac dijo a la diaria que, a pesar de las “limitaciones metodológicas” que implica el escenario de datos, se puede asegurar que el crecimiento “vertiginoso” de las “sociedades empresariales” viene de la mano del aumento del acceso a tierra de extranjeros. Asimismo, puntualizó que también se vincula al crecimiento de la concentración de la tierra.
“Que hay un proceso de mayor control de tierras, ya sea vía propiedad u otras formas por parte de capitales extranjeros, creo que es algo que nadie puede discutir; han entrado en algunos rubros –como la forestación o la soja– que hacen que sea interesante tener en propiedad mucha extensión de tierra”, agregó el académico.
ARU y la opinión sobre el proyecto
En el documento presentado, la ARU refuta los principales argumentos vertidos en la exposición de motivos del proyecto de ley. En primer lugar, comenta que, a pesar de que se hace referencia a que la extranjerización es “el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, los datos marcan que “en el último cuarto de siglo se ha desarrollado y aumentado sustancialmente el PIB agropecuario”.
También se hace referencia a que en la iniciativa legislativa se marca la importancia de la tierra a partir de la “producción que emerge de ella” y su impacto en el “comercio exterior”, ante lo que la asociación suma que se ha dado un crecimiento de las “exportaciones de bienes” que ha estado “impulsada por las exportaciones agroindustriales, que representan hoy el 75%”. “Las regulaciones sobre conservación y uso de los suelos son más que extendidas en Uruguay, y no discriminan sobre la nacionalidad de quien hace uso del suelo”, se plantea ante el fragmento de la exposición de motivos que habla de que “se vuelve imprescindible defender la tierra, ya que este es un recurso natural estratégico”.
Entre otras cuestiones, la gremial deja asentada su visión en relación con que “las inversiones aumentan la productividad, generan empleo e impulsan nuevos desarrollos”. También agrega que “un fuerte período de compra de tierras por parte de extranjeros” se dio hasta 2014, pero a partir de ahora “son varias las opiniones que sugieren que se está dando el proceso contrario, con venta de capitales argentinos y recompra por parte de uruguayos”. “Este proyecto de ley termina perjudicando el mercado de compraventa de tierras, que ya se está produciendo, sin una clara justificación para ello”, se concluye.
El impacto del tratamiento
“Es notorio que la sola noticia tuvo impacto directo en el mercado, este proyecto de ley absurdo que pretende la bancada oficialista es un intento de autoflagelación al clima de inversiones que necesita el gobierno”, comentó el senador nacionalista Sebastián da Silva. En concreto, el legislador aseguró que ya ha hecho “detener dos inversiones grandes de extranjeros a extranjeros”. Consultado por ese comentario, detalló que pudo saber que había “ocho opciones” de “adquisiciones y fusiones dentro de los propios extranjeros”, de las cuales “hay dos que descartaron y las otras están esperando cómo sigue esta película”.
Pereyra reivindicó “analizar el proyecto sin ningún tipo de tabú”, aunque reconoció que “hubo legisladores que intentan instalar que no es bueno para el país discutir un proyecto porque ya condiciona el mercado”. “Se cae por sí solo ese argumento en el entendido de que este proyecto hace ocho años que está presentado”, sumó. “Siempre pasa que cuando hay un tema con cierta profundidad, te quieren instalar los cucos para evitar analizar objetivamente un tema que todos los países lo analizan”, remarcó Pereyra. “Es de interés lo que implica un bien preciado como es la tierra, basta ver el debate que hay en Argentina”, agregó.
Da Silva, por el contrario, argumentó que, más allá de haberse presentado hace ocho años, en la actualidad se está discutiendo. “El tema es cuando lo trata el oficialismo, que tiene mayorías en las cámaras”, comentó. “Habla de una torpeza típica de un gobierno que es especialista en tirar tierra encima y no solucionar ningún problema”, concluyó.
Sobre la pertinencia de este debate, Cardeillac dejó claro que por lo pronto existen otros antecedentes en la región. Más allá del ejemplo más sonado en las últimas semanas sobre la ley de 2011 que regula la posesión de tierras de extranjeros en Argentina y que se busca cambiar por parte del gobierno de Javier Milei, resaltó que también está el ejemplo brasileño, la Ley 5.709 del año 1971, que “topea en 25% por municipio y 10% por nacionalidad”. Trascendiendo los casos regionales –que también tienen sus versiones en Bolivia y Venezuela–, el académico subrayó que “hay muchos ejemplos” en otras partes del mundo, ya sea “con restricciones o estudiando en cada caso el beneficio asociado a esa compra” en cuestión.
“Es un activo con características bastante específicas y distintas, para empezar porque es condición de posibilidad de la realización del trabajo humano y no es reproducible; entonces, el análisis de desigualdad en su distribución y de cuál es su función tiene que incorporar esa especificidad”, aclaró Cardeillac sobre la tierra. “Más allá de este proyecto en particular, es bien interesante e importante tener estas discusiones sobre la función de la tierra, no es un activo cualquiera”, concluyó en la misma línea.
