La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard tuvo este lunes una nueva sesión, en la que se resolvió que el viernes 21 de agosto se presentarán los informes –en mayoría y en minoría– con los resultados de la investigación. Ese día también se definirá quiénes serán los diputados encargados de presentar los informes ante la Asamblea General.
“Va a haber dos informes, uno en mayoría y otro en minoría”, remarcó, en diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli. De hecho, comentó que incluso puede haber un tercer y un cuarto informe, dada la participación en la comisión de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
Como síntesis del trabajo de la comisión, Gianoli aseguró que quedó demostrada “la intención” del gobierno anterior de “tener patrulleras oceánicas”, así como “la imposibilidad” de la actual administración de atender “la solicitud de la Armada” de concretar la adquisición. El diputado nacionalista también destacó el hecho de que “no se encontró ningún acto de corrupción, ningún favorecimiento de empresas”.
“Siempre se habla de coimas y corrupción, pero aquí no hubo nada de eso. Incluso muchos de los jerarcas de la Armada dijeron claramente que podrían gustar o no los procedimientos por los cuales hicieron las asignaciones, pero que no vieron ninguna irregularidad al respecto”, afirmó Gianoli.
Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que en la comisión quedó claro que “el proceso fue totalmente desacertado”. “Se ha ido demostrando a lo largo de este proceso que este astillero nunca iba a poder construir las patrulleras oceánicas que se le habían encargado, por múltiples razones”, afirmó. Dijo que se “ha demostrado una absoluta falta de respeto a las normas, al contrato y al Estado uruguayo”.
“Acá estamos hablando de que este contrato se cortó cuando se llevaban efectuados tres pagos, en el entorno de unos 30 millones de dólares, pero el negocio total era por unos 90 millones de dólares”, apuntó el legislador del oficialismo, en respaldo a la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato con el astillero español.
La no comparecencia de Mario Cardama
Además de los respectivos informes, Gianoli dijo que el trabajo de la comisión será enviado a la Fiscalía General de la Nación, algo que fue acordado de forma unánime tras la solicitud del fiscal Gilberto Rodríguez.
Por otra parte, el diputado nacionalista apuntó que desde la comisión se le envió un conjunto de preguntas al titular del astillero, Mario Cardama. Gianoli confirmó que el cuestionario ya fue enviado, dado que, “ante una garantía de apariencia fraudulenta”, se quería “tener toda la información”.
Asimismo, Gianoli dijo que entre todos los legisladores de la comisión existe la voluntad de “saber cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno” para evitar que se corra “riesgo de perder dinero”. “Esto va a continuar y será la Justicia la que determine luego cuáles son las realidades, porque también enfrentamos una demanda arbitral a la que tenemos que hacer frente y aspiramos a que nuestro Estado esté a la altura, para que no sean los uruguayos los que paguen la fiesta”, expresó.
Brenta, en tanto, dijo que “hubiera sido bueno” que Mario Cardama participara en la comisión, al menos por videollamada, y estimó que, en vista de que el empresario esgrimió el proceso de litigio en curso como argumento para no comparecer, sus eventuales respuestas estarán restringidas a “los mismos términos”. En ese sentido, apuntó que el Frente Amplio no formuló preguntas.
