Unas 30 organizaciones sociales emitieron un comunicado este jueves en el que exigen la “destitución” de uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Marcos Israel, por “su mirada sesgada, sionista y sus ataques a la libertad de expresión”, dos semanas después del cruce que este tuvo con varias organizaciones sociales durante la 15ª Asamblea de la INDDHH.
En la asamblea, el 28 de agosto, más de 20 grupos de la sociedad civil cuestionaron la decisión de la INDDHH de crear un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo en Uruguay, ante lo cual Israel manifestó, entre otras cosas, que “los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad” y “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”. “Es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país”, afirmó.
Las organizaciones señalaron que la “postura” de quienes hicieron el cuestionamiento a Israel “fue de total corrección y desde el respeto que amerita la asamblea de una institución que promovimos y defendemos”, y que, en ese sentido, “queda en evidencia que no hubo insultos ni intentos de interrumpirlo, como se ha afirmado falsamente”.
Afirmaron que “una vez más” Israel “recurre a una lógica acusatoria definiendo a nuestras organizaciones como promotoras del autoritarismo con la intención de silenciarnos”. “Puede verse que las últimas personas se retiran precisamente cuando Marcos Israel recurre a los mismos argumentos de quienes implementaron el terrorismo de Estado en nuestro país”, apuntaron, y rechazaron las “acusaciones de mala fe que tergiversan la realidad y mienten descaradamente acerca de lo sucedido en la asamblea”.
“Las personas se retiran de sala espontáneamente como sucede en muchas partes del mundo en rechazo a las posturas que en nombre del sionismo defienden la guerra de expulsión; además de negar el genocidio, lo que significa defender esta atrocidad”, sostuvieron.
La semana pasada, el colectivo Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio del Pueblo Palestino ya había exigido el cese de Israel como director de la INDDHH, bajo el argumento de que incurrió en una “falta grave a los deberes inherentes a su cargo”.
Algunas de las organizaciones que adhirieron al pedido de renuncia son la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Serpaj, la Asociación Civil El Paso y Cotidiano Mujer.
Petit: “Es un tema que queda fuera de nuestro rango”
De acuerdo con la Ley 18.446, que creó a la INDDHH, la Asamblea General del Parlamento es la única que puede destituir a un director, y tiene que ser por el mismo número de votos por el que fueron electos. Esto se podría dar por cuatro razones: que la persona tuviera una “conducta que lo hiciere indigno de su investidura”, por actuar con “notoria negligencia” en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo o por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o hubiera dejado sin efecto la misma.
En 2024, una funcionaria de la INDDHH denunció por acoso laboral a la directora Carmen Rodríguez. A partir de eso, se inició un protocolo que concluyó cuando el Consejo Directivo emitió una resolución donde daba cuenta de la existencia de conductas “activas y omisivas” por parte de Rodríguez. Actualmente, el expediente se encuentra en la Asamblea General a la espera de tratamiento.
Consultado por la diaria, el presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, dijo que él no puede elevar el pedido de las organizaciones al Parlamento, y que tampoco le “corresponde opinar” sobre el planteo. Sobre el argumento de las organizaciones en cuanto a las opiniones de Israel en la asamblea, Petit señaló que la ley establece que los directores “no pueden opinar de temas que sean competencia de la institución y que no han sido resueltas por el Consejo Directivo”.
“El director habló de un tema que no es competencia nuestra; nosotros no nos pronunciamos en temas internacionales, entonces me parece que es un tema que queda fuera de nuestro rango”, afirmó.
Por su parte, la directora Mariana Mota dijo a Info capital que los integrantes del directorio están “sometidos” a la crítica, que es “legítima”. “Me parece que eso se enmarcó en ese derecho que tienen las organizaciones de señalar: ‘Esto no nos gustó, no estamos de acuerdo, tenemos otra mirada’. Para mí es muy respetable lo que dicen las organizaciones en ese sentido”, dijo.
“Creo que debería haber transcurrido estrictamente en ese sentido: de escuchar lo que dicen las organizaciones y de tomar nota y, de alguna manera, buscar cómo resolver esa discrepancia, ese señalamiento que desarrollan las organizaciones”, apuntó y concluyó: “Ha ocurrido con otros temas antes y eso me parece que es una situación que la institución hacia dentro lo tiene que resolver”.
Organizaciones firmantes
Las organizaciones que adhirieron al pedido de renuncia son: Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, Ágora Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, ANONG, Asamblea HUÉ Mirí, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Asociación Civil El Paso, CLAN CHOÑIK, Colectivo Fogones por la Memoria, Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad-Soriano, Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Coordinadora por el retiro de tropas de Haití, Cotidiano Mujer, Crysol, Charrúa Opik Udima, Grupo Solidario A redoblar, Hermandad Pro Derechos, Jacarandá: Cultura de Memoria, Judíos y judías Uruguayas contra el Genocidio del Pueblo Palestino, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Mesa Permanente contra la Impunidad, MYSU Mujer y Salud en Uruguay, KYKYÓ Reserva Natural Campo Cultural, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, Redes-Amigos de la Tierra, Secretaría de Derechos Humanos PIT-CNT, Serpaj y Utmides.
