La semana pasada, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas y planteó una serie de reclamos. Para profundizar al respecto, Informativo de cierre, de la diaria Radio, recibió este miércoles a la presidenta de la organización, Claudia González.
Consultada respecto de la postura de AMFU sobre la situación de la Fiscalía de Corte, que desde mediados de 2024 está encabezada de forma interina por Mónica Ferrero, González recordó que desde “hace mucho tiempo” el gremio solicita que se nombre a un fiscal definitivo por entender que, al no contar con alguien que “marque el rumbo de la fiscalía” de forma definitiva, se “genera inequidad”. “En este interinato nosotros hemos asistido a situaciones en las que hay un grupo político que parece que estuviera apoyando más que otro [a Ferrero], que está buscando quizás un nombre, pero nosotros lo que decimos es que ya basta de esto”, señaló.
Para González, es necesario reformar la ley orgánica de la institución, fundamentalmente en el aspecto vinculado a “cuánto tiempo tiene que durar un fiscal de Corte”, porque diez años resulta “un término del pasado” y esta extensión está detrás de que haya “esta rispidez en cuanto a los nombres”, consideró, por lo que propuso “seis años, o siete como máximo”, de permanencia en el cargo. “Nosotros lo que estamos deseando es que haya un fiscal de Corte o una fiscal de Corte definitiva, porque quizás después de ahí empecemos a construir”, acotó.
Durante su comparecencia ante la misma comisión, Ferrero dijo que el fiscal Gilberto Rodríguez –que subrogó a Alejandro Machado en el caso Cardama– “en tres semanas avanzó más que el anterior fiscal en los tres años”. Consultada al respecto, González expresó que están “muy en desacuerdo” con que se haga “una especie de competencia absurda entre el trabajo de uno y el trabajo de otro”, y cuestionó “cómo puede alguien que hoy ejerce la jefatura de esta institución saber si uno avanzó más que el otro”, dado que las investigaciones son secretas.
Con todo, valoró que “fue muy desagradable leer esos conceptos” en la versión taquigráfica de la sesión. “Cuando uno habla, y cuando además está en un determinado cargo, uno tiene que ser muy responsable de las cosas que dice, y además después responsabilizarse de lo que dice o de las consecuencias que pueda tener”, sostuvo González. Asimismo, señaló que muchas veces no se logra avanzar en las investigaciones “porque no están dadas las condiciones” materiales, que muchas veces “son deplorables”.
En el Parlamento, Ferrero también dijo que a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que encabeza Ricardo Perciballe, “se le van a agregar competencias” porque “ya no tiene tantos juicios”. Sobre este punto, González dijo que refleja “un desconocimiento de lo que es llevar las causas a juicio”: “Cuando usted no ha hecho juicios, cuando usted no ha preparado juicios –los juicios que se hacen hoy en día o los que hace a veces el doctor, que también son juicios del Código [Penal] viejo–, solamente en esa circunstancia usted puede hablar livianamente de si hay 100, hay 200, 300 juicios”, acusó.
González dijo que preparar un juicio puede llevar varios años, además de que esa fiscalía muchas veces se tiene que trasladar al interior del país para tomar declaraciones, por tener competencia a nivel nacional. Consideró que en algún momento los casos con los que trabaja Perciballe “van a ser finitos”, por ir falleciendo sus protagonistas, pero que todavía “hay un gran número” y Uruguay se comprometió con un “mandato internacional de ocuparse de estas causas” dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, González se refirió a algunos planteos vinculados a lo presupuestal que trasladó el gremio a los legisladores, que hacen al trabajo de los magistrados y su seguridad. En ese sentido, aseguró que en el interior del país hay “muchos fiscales que están regalados”. Señaló que después del atentado en el hogar de Ferrero “nada pasó” y todo sigue “exactamente igual”, al extremo de que “la seguridad en muchas de las dependencias de la fiscalía no existe”.