Representantes de la empresa Neltume Ports –socia mayoritaria de Montecon– se hicieron presentes el viernes en la Torre Ejecutiva para poner fin al arbitraje por 600 millones de dólares iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en abril de 2024. El Estado uruguayo estuvo representado en la instancia por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Finalizada la reunión, el jerarca enfatizó en una rueda de prensa que esta salida que se le dio al arbitraje es “mejor” que haber transitado el proceso hasta lograr un fallo “favorable”.
La empresa con sede en Chile había planteado el recurso por haberse sentido afectada –como accionista de Montecon– por el contrato firmado en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores Terminal Cuenca del Plata (TCP). Pese al desistimiento de Neltume Ports, sigue vigente un caso abierto por Atco, otro grupo accionista de Montecon –en particular, de capitales canadienses– que también inició una acción por 240 millones de dólares.
Díaz señaló que en este caso –también presentado ante el Ciadi– se está atravesando un proceso de negociaciones que se espera que concluya de la misma manera que el de Neltume Ports. “Esperemos que a la brevedad podamos informar que efectivamente logramos resolverlo de una manera similar”, enfatizó el prosecretario de Presidencia. Atco tiene 40% del consorcio Neltume Ports, el cual también está integrado por la empresa de capitales chilenos Ultramar, que posee el 60%.
Volviendo al acuerdo con Neltume Ports, Díaz explicó que “no solamente desiste del arbitraje”, sino que también “se compromete” a que ni ella ni “ninguna de sus empresas vinculadas –entre ellas Montecon– iniciará en el futuro un juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje”. El prosecretario de Presidencia puso énfasis en que a partir de este acuerdo “Uruguay no asume responsabilidad de ningún tipo [...] no ha asumido ninguna obligación, ni ninguna condición”.
A modo de conclusión, el jerarca resaltó la importancia que tiene para la “tradición jurídica” de Uruguay haber logrado una solución al arbitraje. Puntualizó que es un hecho que demuestra que se trata de “un país donde se cumple con los contratos”. “La seguridad jurídica para un país como Uruguay es muy importante”, reforzó. Consultado por el proceso que llevó al acuerdo, Díaz resaltó que el gobierno asumió con “mucha fuerza y con mucha potencia la defensa de los intereses del Estado uruguayo”. En ese sentido, explicó que ha tratado a nivel internacional de “contratar los mejores estudios” de abogados y de desarrollar en la prosecretaría un trabajo “metódico” y “sistemático”.
Más allá de esto, consultado por los motivos que llevaron a que Neltume Ports cambiara su posición inicial, Díaz subrayó que tiene que ser la empresa la que responda a esa pregunta. “No puedo interpretar la intencionalidad de la otra parte de llegar a esta solución; hemos tenido un diálogo muy correcto y eso se mantendrá en el futuro”, indicó.
La historia de Neltume Ports y el Estado uruguayo
El fondo de los arbitrajes iniciados por accionistas de Montecon tiene que ver con el cambio de realidad que implicó el nuevo contrato suscrito en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo. Más allá de la concesión de la terminal especializada en contenedores hasta 2081, la firma de las partes se vio complementada por los decretos 114 y 115.
El primero hacía referencia a la gestión portuaria y establecía que no se podía avanzar hacia una segunda terminal especializada de contenedores hasta que no hubieran transcurrido dos años seguidos en los que TCP hubiera operado al 85% de su capacidad. El segundo, en cambio, se detenía en el “reglamento de atraque”, planteando que los barcos debían ir a la terminal especializada y derivar a los muelles públicos solo si esta no los lograba atender en 24 horas.
Este último punto fue el que cambió sensiblemente la distribución de las cargas. Montecon –empresa que tiene como accionista mayoritario a Neltume Ports y que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo– movía hasta entonces el 60% de la carga y TCP el restante 40%. Actualmente, TCP mueve cerca del 80% de los contenedores que entran y salen del país, según ha señalado el sindicato portuario.
El escenario instalado en 2021 cambió en febrero de este año, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló parcialmente a favor de la empresa Montecon, que había solicitado la anulación de esos dos decretos. Concretamente, resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo.
Sin embargo, antes de conocerse este fallo, y ya durante el actual gobierno, Neltume Ports había puesto sobre la mesa la posibilidad de construir una terminal multipropósito en el puerto. En agosto de 2025 El Observador informó que la propuesta se había presentado ante la Administración Nacional de Puertos (ANP).
A principios de agosto, varios meses después de conocido el fallo del TCA, Búsqueda informó que socios de la empresa chilena le transmitieron al Poder Ejecutivo la intención de llevar adelante una inversión de 300 millones de dólares para la construcción de una terminal especializada en el puerto de Montevideo. El planteo se dio en un encuentro en el que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y Díaz. Según se detalló, la presentación de la propuesta estuvo encabezada por el propio presidente de Neltume Ports, Richard von Appen.
la diaria pudo saber que el proyecto formal de la nueva terminal aún no se ha enviado al Ejecutivo. Asimismo, desde el gobierno tampoco se han hecho manifestaciones sobre la propuesta presentada por Neltume Ports. No obstante, en febrero de este año la ministra Etcheverry declaró a Búsqueda que el fallo del TCA “despeja, sin duda, las restricciones” que el decreto, finalmente anulado, “podría imponerle al país en la búsqueda de mejores condiciones de competitividad”, es decir, limitando la construcción de una segunda terminal especializada.
Visiones técnicas del acuerdo sobre el arbitraje
Silvia Etchebarne, abogada especializada en derecho marítimo y portuario, remarcó en diálogo con la diaria que le “llama la atención” que el acuerdo al que accedió Neltume Ports sea “a cambio de nada”. Explicó que un arbitraje como el que inició la empresa chilena implica altos costos, y apuntó que lo único que cambió desde su presentación ante el Ciadi fue el fallo del TCA, que abrió la puerta a una segunda terminal, lo que fue seguido por la presentación de la iniciativa de inversión por 300 millones de dólares.
En cuanto al impacto del “reglamento de atraque”, Etchebarne indicó que de hecho Montecon ahora tiene “más resentida la operativa” dado que está con precios aún más caros que TCP, como consecuencia de que trabaja menos con los mismos costos.
Edison González Lapeyre, expresidente de la ANP y abogado especializado en derecho internacional, comentó el viernes en la diaria Radio que este acuerdo “abre la posibilidad de nuevas inversiones por parte de ese grupo chileno”. Haciendo referencia a los aspectos técnicos del litigio, subrayó que entiende que Neltume Ports no tenía “legitimación activa” para hacer el planteo que hizo porque “la empresa afectada es Montecon”.
La posible nueva terminal especializada
“Si tienen la carga, que inviertan”, comentó Etchebarne, valorando los impactos positivos en materia de competitividad que podría tener una segunda terminal especializada. La abogada remarcó que en el puerto de Montevideo “no hay mucho espacio para donde extenderse”, por lo que adelantó que posiblemente lo que se plantee tenga que ver con “hectáreas ganadas al mar”. Asimismo, planteó que “no le cabe” a Katoen Natie “ninguna acción ni administrativa ni jurídica” ante el eventual avance de una segunda terminal especializada dada “la contundencia del fallo del TCA”.
González Lapeyre consideró que “todo lo que pueda agilizar la actividad del puerto de Montevideo” lo ve como positivo. Consultado sobre si es viable una segunda terminal con el escenario de cargas que tiene el puerto, el especialista aseguró que “la respuesta la da la historia”, teniendo en cuenta que hasta el contrato operaban en igual condiciones Montecon y TCP.
En ese sentido, si bien reconoció que la carga “se está debilitando” en el puerto de Montevideo, González Lapeyre aseguró que puede “transformarse en un puerto hub” si se llega a acuerdos con empresas que “tienen las cargas”. “Si usted me dice que MSC va a invertir en el puerto de Montevideo, el puerto se va para arriba”, planteó como ejemplo. Según informó El Observador, esta naviera también está interesada en instalar una terminal especializada en el puerto de Montevideo.
Etchebarne resaltó que si bien posibles inversiones en el puerto son positivas, debe repararse en que no se le solicite al Estado inversiones de igual o más envergadura. “Si tienen contrato con las navieras, si ellos se hacen cargo de la mayor parte de las inversiones y si el puerto crece, no veo ningún obstáculo”, puntualizó.
