Este lunes, el paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) provocó la reacción de las cámaras empresariales. La falta de acuerdo entre Katoen Natie –socia mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)– y el sindicato de trabajadores para alcanzar un nuevo convenio colectivo ha condicionado en las últimas semanas el normal funcionamiento de la terminal especializada del puerto de Montevideo. La medida adoptada por el Supra este lunes fue en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de establecer “servicios mínimos” en la operativa portuaria mientras continúa la negociación del convenio colectivo.
En diálogo con la diaria, Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC), afirmó que este lunes hubo perjuicios para el sector, a pesar del establecimiento de los servicios mínimos. “Hoy no fue posible que los camiones ingresaran a las terminales, los servicios de la ANP [Administración Nacional de Puertos] no funcionaron, las balanzas y todo lo demás –que es antecedente del ingreso a la terminal– no estuvo operativo”, señaló.
ITPC fue una de las tantas gremiales empresariales que este lunes adhirieron a una declaración de la Confederación de Cámaras Empresariales, en la que se manifestó preocupación por la situación en el puerto. En un comunicado, las cámaras afirmaron que con las “continuas interrupciones en los servicios portuarios” se hace “insostenible” sostener la “producción, el comercio y la economía del país”. Advirtieron de “la gravedad, urgencia e implicancias de la actual crisis de producción y comercio exterior”.
Las cámaras señalaron que en 15 de “los últimos 16 meses” se ha registrado “algún tipo de interrupción”, con especial énfasis en la terminal especializada. “En lo que va del año se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025”, apuntaron, y añadieron que, en promedio, “el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado”.
Las cámaras llamaron a tener en cuenta la “real dimensión” del problema, que alcanza a “la sociedad en su conjunto”, dado que “lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”. En ese sentido, afirmaron que existen “faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios”.
También remarcaron que esta situación “termina desgastando” la confianza de los clientes y también “deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover”. “Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable”, subrayaron.
El impacto en el transporte de carga
Asumendi explicó que la resolución emitida por el gobierno solo alcanza a los servicios mínimos en TCP. “Quizá el gobierno deba entender que debe decretar servicio mínimo en todos los servicios que conforman el puerto”, comentó. Señaló, asimismo, que la realidad muestra que los paros en las balanzas “se han venido dando intercalados con los de TCP desde hace bastante tiempo” y han sido de “menor cuantía y menos intempestivos”.
En cualquier caso, Asumendi sostuvo que son los transportistas quienes terminan, en primer término, “pagando por la ineficiencia, la descoordinación o los paros” en el puerto de Montevideo. “Estimamos que se pierde, si TCP para completamente un día, alrededor de 400.000 o 500.000 dólares”, detalló. Añadió que en aquellas ventanas en las que se levantan los conflictos se generan “congestionamientos” que implican “mayor cantidad de tiempo” para llevar adelante los procesos y también costos adicionales para los transportistas. En ese sentido, Asumendi dijo que tampoco es “gratis” la aplicación de los servicios mínimos.
