Durante la comparecencia de Presidencia de la República en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, que estudia la Rendición de Cuentas, el senador blanco Javier García consultó a la delegación por el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén que fue iniciado por el gobierno de Luis Lacalle Pou y suspendido por el actual gobierno el año pasado.
El acuerdo firmado a fines de 2024 establecía una Oficina de Innovación y Emprendimiento en Jerusalén. La iniciativa fue prometida por Lacalle Pou en 2022 cuando, al recibir el Premio Jerusalén de la Organización Sionista del Uruguay, manifestó que “antes de que termine el mandato” el gobierno instalaría esa oficina. Al cierre del último año de su gestión, el directorio de la ANII aprobó el memorando de entendimiento y transfirió 129.688 dólares para la iniciativa.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, García subrayó que “se trata de un convenio donde están todas las de ganar del lado nuestro y que significaba una inversión del lado uruguayo que está allí”. Por esa razón, el senador consultó a la delegación las “razones” que llevaron a la suspensión del acuerdo, así como si existe la posibilidad de que se pueda reactivar.
Antes de responder, el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, explicó que la agencia mantiene cooperación bilateral con Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, y resaltó la cooperación de Uruguay con Israel a través del Instituto Weizmann de Ciencias.
En marzo de 2025, previo a asumir como secretario, González estuvo en el directorio de la ANII. Dijo que el tema del convenio con Israel fue analizado en su momento “como todos los temas que llegan, con previo informe técnico” del Área de Cooperación Internacional de la agencia.
“Lo primero que constaté, como persona que venía de gestionar otra actividad académica o científica previa, es que el modelo, mucho más que un convenio, parecía una contratación de servicios”, sostuvo González, y agregó que, “si bien se mencionaba mucho como un acuerdo de investigación, es, fundamentalmente, un acuerdo de innovación –que está muy bien– dirigido a ofrecer cursos de innovación para emprendedores y empresarios uruguayos: son cursos para conocer el ecosistema israelí de las startups”. “Son todas cosas súper valiosas, pero no era exactamente un acuerdo de investigación como los que tenemos, por ejemplo, con los países que mencioné antes”, señaló.
“Lo que analizamos en la ANII fue su conveniencia. Decidimos que este no era el mejor acuerdo que nosotros hubiéramos diseñado”, afirmó, aunque dijo que “la plata ya estaba girada”. Antes de suspenderlo, desde la ANII analizaron la “intención” que podía haber por parte de emprendedores para asistir a esos cursos; la Universidad de la República (Udelar) ya había anunciado que no iba a participar, y aunque “se vio la posibilidad de que lo hiciera una universidad privada”, “tampoco era una cosa por la cual la gente estuviera deseosa y pidiéndola”.
Ante la consulta sobre si hay posibilidad de retomar el convenio, González dijo que sí, y que en ese caso “habrá que analizar otra vez las condiciones: qué es lo que se ofrece, qué es lo que se pide, si es conveniente o no”.
Sánchez dijo que “hubiera sido oportuno” que se informara del acuerdo en la transición
Luego de escuchar la respuesta, García dijo que no comparte la fundamentación, puesto que lo que explicó González “no es lo que dijo el gobierno uruguayo”, sino que “puso otra consideración que fue estrictamente política”. A su vez, subrayó que “hay una circunstancia que da risa” con respecto al argumento de González: “Uruguay, que no está en pañales, está en prepañales frente a Israel en materia de innovación, dice que eso es poco. Es como si cualquier club del fútbol uruguayo dijera que no va a ir a la escuela de fútbol de Barcelona o de Real Madrid porque no están muy preparados para enseñarnos nada”.
En la misma línea, el senador blanco Sebastián da Silva consideró que los motivos “son de una decadencia incalificable”. “Podemos llegar a entender que la izquierda tenga un problema político con Israel, la Udelar, la FEUU [Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay], los feminismos organizados y todo lo demás, pero no se puede, bajo ninguna circunstancia, pretender una superioridad intelectual, académica, científica y todavía decir que hablaron a la Udelar y que no había mucha onda ¡con la cuna del avance tecnológico!”.
A su turno, el secretario de Presidencia insistió en que González “hizo una evaluación de un convenio y estableció que en ese convenio nos cobraban un 25% por gastos de administración”, y señaló que la fundamentación de González “no tiene que ver con una discusión geopolítica ni de otra índole”, aunque dijo que ese debate se puede “dar en otro marco” cuando los legisladores “lo dispongan”. Sánchez afirmó que “políticamente” el Poder Ejecutivo resolvió la suspensión, y la posición “no ha cambiado”.
Sánchez recordó que el 11 de diciembre de 2024 el gobierno anterior “aprobó esto, una vez finalizadas las elecciones nacionales y sabiendo que iba a asumir un nuevo gobierno nacional”. “Hablando de diálogo, hubiera sido bueno y oportuno conversar sobre algunas decisiones en las que se iba a avanzar en el marco de la transición, situación que no sucedió”, lamentó, y agregó que ese diálogo “seguramente hubiera evitado realizar otro tipo de consideraciones o tener otro tipo de criterio”.
