El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) publicó recientemente un instructivo dirigido a los beneficiarios de jubilaciones militares que residen en el exterior, en el que se explica cómo acreditar –cada seis meses– la existencia, lo cual es un requisito para seguir percibiendo el dinero, según informó Búsqueda en primera instancia. La Ley 19.930 establece que la acreditación de existencia debe hacerse en el consulado uruguayo del lugar de residencia o mediante otra modalidad fehaciente que disponga el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, en el instructivo publicado la semana pasada en el sitio web del MDN se detalla que los militares interesados en cobrar la jubilación tienen dos formas para hacer la acreditación: se pueden presentar personalmente en las oficinas del consulado o la embajada de Uruguay correspondiente, o pueden hacerlo a través de una videollamada ante el escribano de la Asesoría Notarial del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, en el documento del MDN se hace una distinción especial para los “usuarios respecto de los cuales exista requisitoria judicial”. En este caso, se dispone que cuando haya una requisitoria “acorde a comunicación realizada por el juez penal competente” solo podrán acreditar la fe de vida “mediante la acreditación personal de su existencia ante embajada o consulado de Uruguay”, quedando así descartada la posibilidad de hacer el trámite a distancia.
La publicación de este instructivo, con mención especial a los militares requeridos por la Justicia uruguaya, se da semanas después de que la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos denunciara en una reunión con el presidente, Yamandú Orsi, que el consulado uruguayo en Miami entregó el 11 de febrero una fe de vida al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, quien está investigado por la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza.
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En diálogo con la diaria, Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares, recordó que poco tiempo después de la asunción de Orsi le plantearon el tema de los militares prófugos de la Justicia por delitos de lesa humanidad que siguen cobrando la jubilación. Luego de eso, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció que se les iba a retener la jubilación, aunque en una reunión que mantuvieron con la jerarca les transmitió que eso “no se podía porque tenían que hacer una ley”. “Nosotros le dijimos claramente que no, que bastaba con que les exigieran el certificado de existencia en los consulados”, señaló Errandonea.
Por lo tanto, para Errandonea la publicación de este instructivo que hace énfasis en los militares prófugos da cuenta de que lo planteado por Madres y Familiares “era lo correcto”. Subrayó que desde la organización saludan la publicación del documento. A juicio de Errandonea, el instructivo constituye “un avance” y “es algo positivo”. “Llevamos un año y medio, pero más vale tarde que nunca, porque recordemos que se les está pagando la jubilación para que se puedan mantener prófugos”, expresó.
Errandonea señaló que, cuando los militares tengan que presentarse obligatoriamente ante las embajadas o consulados para seguir cobrando los haberes, es necesario que los responsables de las sedes diplomáticas “cumplan con su obligación, porque cuando hay un prófugo la obligación de todo funcionario público es denunciar”.
A su vez, recordó que Madres y Familiares hizo un reclamo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, si un militar se presenta en la sede correspondiente, se dé un aviso a Interpol, lo cual no sucedió en el caso Amorín Maciel en Miami.
Por su parte, el presidente de la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que resulta “escandaloso” que el Estado uruguayo continúe pagando las jubilaciones y pensiones a militares que residen en el exterior y que están requeridos por la Justicia. La suspensión de estos pagos “es una medida que se reclamó” por parte de ambas organizaciones, señaló, y apuntó que “recién ahora el ministerio toma medidas, porque se ha dejado de pagarles en algunos casos por la participación y el esfuerzo llevado a cabo por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”.
A fines de mayo, el MDN suspendió el pago de las jubilaciones a cuatro militares prófugos investigados en causas sobre crímenes de lesa humanidad. La decisión respondió a distintas órdenes judiciales, provenientes de los juzgados de 23° y 27° turno, que avalaron el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos reclamando la aplicación de la Ley 16.170, que establece que “los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán continuar con el goce y percepción de la misma, debiendo acreditar en forma semestral su existencia”. La ley agrega que, “en caso de no acreditar la existencia transcurrido un año de acaecida la última, se procederá a la baja de la pasividad hasta tanto se solicite la reincorporación al presupuesto”.
