Exactamente a los 16 minutos de este martes, luego de una extensa discusión de 13 horas, quedó aprobado en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Senadores. Tal como estaba previsto, el proyecto fue aprobado únicamente con los votos del Frente Amplio (FA), 17 en 30. A partir de las 9.30 de este mismo martes, en tanto, empezó el debate en particular de los 312 artículos que componen la iniciativa.
En el Senado, donde tiene mayoría, el oficialismo resolvió no introducir ningún cambio al texto aprobado en la Cámara de Diputados. De este modo, el proyecto se transformará definitivamente en ley y no llegará a tratarse en una instancia de tercera cámara, lo cual hubiese implicado una nueva negociación entre el FA y Cabildo Abierto, cuyos dos votos fueron determinantes para la aprobación del proyecto a mediados de agosto en la cámara baja.
No obstante, a pesar de que –con su mayoría– el FA desestimó todos los artículos aditivos y sustitutivos que presentaron el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) en el Senado, la discusión en particular no estuvo exenta de polémica.
Así ocurrió, por ejemplo, con los artículos que disponen la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales. Este organismo, que se constituirá como persona jurídica de derecho público no estatal, tendrá entre sus cometidos “actuar como administrador de proyectos de gestión, transferencia o disposición de bienes inmuebles del Estado” y “ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de bienes inmuebles, con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales”.
Al momento de la votación, la senadora del FA Bettiana Díaz dijo que se pretende “tener más eficiencia en la gestión de los recursos que tiene el Estado”, dado que los inmuebles estatales en desuso “son recursos que pueden usar diferentes organismos”. Díaz recordó que en el período pasado “también se planteó la posibilidad de enajenar inmuebles como forma de financiar la política pública, porque esos inmuebles están allí y, sin embargo, los procesos son muy lentos”.
La legisladora frenteamplista mencionó que, a diferencia del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie), que fue creado en el gobierno anterior para recopilar información sobre los inmuebles estatales, la agencia propuesta tendrá mayores potestades. Entre otras cosas, podrá “priorizar la atención de proyectos de inversión, de sociedades comerciales, consorcios, fideicomisos vinculados a vivienda”. “La idea es básicamente que a través de esto el Estado gestione mejor su patrimonio”, sintetizó.
El senador del PN Sebastián da Silva consideró que el planteo del oficialismo representa “una cachetada patética que como sistema político tenemos que asumir”, ya que el hecho de que el Estado tenga a su cargo “lugares abandonados” es “un tema que es urticante”.
“La solución también es urticante, por eso no la vamos a votar”, expresó Da Silva. El legislador nacionalista cuestionó la tendencia a otorgarles cada vez más responsabilidades a organismos vinculados a la Presidencia de la República, que escapan al control parlamentario. Reconoció que esto último no es “un pecado único de este gobierno”, sino “una modita que viene llevándose desde hace un tiempo”.
La agencia obtuvo la sanción definitiva solamente con los votos del FA. De todos modos, Da Silva manifestó: “Nosotros tenemos la esperanza de que, por más urticante que sea la solución, logren el cometido”, dado que “hay enorme cantidad de inmuebles” en desuso, “y además creo que si queremos cambiar el Uruguay tenemos que vender todo eso, agarrar plata fresca y usarla en otra cosa”.
Por su parte, el senador del FA Óscar Andrade, que ha impulsado varios proyectos de ley relacionados con la vivienda, dijo en el plenario que se trata de “un tema viejo”, que a lo largo de los años ha tenido “resultados muy frustrantes”. “No es que no se haya hecho nada, pero los resultados han sido frustrantes”, afirmó.
“Saludo la iniciativa, pero creo que no deja claro en la legislación algunos elementos que son claros”, como “el papel de la cartera de inmuebles de interés social y la priorización de la función social, que es algo que está claramente en el sentido de pensar la utilización de suelo urbano”, señaló Andrade, y adelantó que trabajará “para que algunos de esos aspectos no queden en la reglamentación [del Poder Ejecutivo], sino que queden definidos en la ley”.
Ojeda sobre el INR: “El problema no es el concepto, es el diseño”
La discusión continuó con los artículos relacionados con el Ministerio del Interior. El senador colorado Andrés Ojeda señaló que, “desde el primer día de gobierno”, se habían prometido 2.000 nuevos cargos de policías; no obstante, “la propia rendición muestra que la dotación policial total descendió a la hora de evaluar el cambio de este año, es decir, el Ministerio del Interior terminó su primer año con 75 policías menos que con los que empezó”, cuestionó.
Apuntó, además, que en el sistema penitenciario “faltan funcionarios” y “sobran un montón de cargos de conducción”. “Falta mucho más indio vinculado al cacique”, subrayó, si bien puntualizó que los 300 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), aunque en este momento “no están activos, probablemente estén más adelante”.
Con respecto a la conversión del INR en un servicio descentralizado (el organismo pasará a denominarse Instituto Nacional de Reinserción), Ojeda remarcó que se trata de una medida que concita “alto consenso en el sistema político”. “El problema no es el concepto, no es la idea, el problema es el diseño”, señaló. A modo de ejemplo, citó el artículo 81 del proyecto, que permite que haya “un directorio de un servicio descentralizado que el Poder Ejecutivo puede desarmar por sí y ante sí cuando quiera”.
Con todo, el legislador del PC destacó que, de los 54 artículos vinculados a la seguridad pública, la oposición resolvió acompañar 41 en total. “Acompañamos la creación de 300 cargos de agente, los uniformes, el algo de equipamiento que hay, los 144 millones para vehículos de patrullaje, la identificación biométrica y acompañaremos incluso también la creación del nuevo INR, con todas las salvedades que venimos expresando”, enumeró.
Andrade: los cobros en efectivo “van a ser excepcionales”
El debate siguió con los artículos incluidos en el capítulo correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social. El senador del FA Daniel Borbonet dijo que la “transformación principal” promovida por el Poder Ejecutivo en este tema “es la asignación única para la infancia y la adolescencia”, que fue “concebida para simplificar y fortalecer la protección económica de los hogares con niñas, niños y adolescentes”. Con esto, las transferencias monetarias dirigidas a la primera infancia se unificarán en una sola prestación; a su vez, la Rendición de Cuentas dispone que solo el 40% del monto de la asignación será retenido en caso de incumplimiento de las condicionales, como asistir a la escuela.
En sala, Borbonet informó que la reglamentación de la nueva asignación establecerá que se haga “por el BPS [Banco de Previsión Social] a tarjeta”, lo cual permitirá el mantenimiento de la devolución del IVA. Esto había sido reclamado por los comerciantes uruguayos de las zonas fronterizas, que veían como un riesgo el eventual traslado de consumo al otro lado de la frontera. “BPS a través de tarjeta es el planteo político que se hará a través de la reglamentación”, subrayó el legislador frenteamplista.
Por otra parte, Borbonet aseguró que desde el punto de vista del oficialismo “solo con transferencias no se mejora la pobreza infantil”. Se requiere, además, políticas en salud, educación y vivienda, dado que es “un tema multidimensional”, señaló. “Para disminuir la pobreza deben encararse políticas sociales que transversalicen los distintos ministerios”, recalcó.
Con respecto a la opción del cobro de la nueva asignación en efectivo, Andrade afirmó que esto permitirá afrontar determinadas situaciones de emergencia, como “esa mamá con dos gurises que precisa 1.000 pesos para pagar la pensión”. “Pero yo me adelanto a sostener que estas situaciones de manejo de efectivo van a ser excepcionales, [porque] si algo viene demostrando este proceso de inclusión financiera es que la inmensa mayoría de las transferencias van a ser vía tarjeta”, expresó.