La Cámara de Diputados continuó este jueves el tratamiento en particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, así como de los artículos sustitutivos y aditivos que fueron presentados tanto por el oficialismo como por la oposición. En la tercera jornada de votación de los 351 artículos del proyecto, el debate se centró en los ministerios de Educación y Cultura (MEC), Salud Pública (MSP), Desarrollo Social (Mides), así como también en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
La primera votación de la jornada fue la de los artículos referentes a la ANEP, la Udelar y la UTEC. Sobre este tema solo hablaron los legisladores de la oposición, algo que fue señalado por el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala. Dijo que le “llamaba la atención” que el Frente Amplio (FA) no se hubiera referido a estas instituciones y cuestionó la “promesa electoral incumplida” del gobierno de otorgar el 6% del producto interno bruto para la educación y el 1% para ciencia y tecnología. “Está claro que ese compromiso no se cumplió ni se va a cumplir”, afirmó.
El diputado nacionalista señaló que en la iniciativa hay un “magro incremento” para la ANEP y la Udelar: el primer organismo recibe solo el 10% del incremento presupuestal solicitado, mientras que el segundo percibe el 3% de lo solicitado. “Notoriamente esto habrá de resentir, atrasar o diferir los planes y programas que estos organismos tienen”, indicó. Asimismo, dijo que la UTEC “va a recibir un gran revés”.
El diputado colorado Felipe Schipani comentó, en el mismo sentido, que el presupuesto educativo “sigue estando muy lejos de las promesas electorales” y aseguró que hay un “desgobierno” en la educación.
Uno de los artículos que se aprobó este jueves en el plenario establece una partida anual de 100 millones de pesos para la Udelar, para financiar becas dirigidas a la población estudiantil más vulnerable.
Durante la discusión del articulado del MEC, Abdala destacó positivamente el refuerzo destinado al plan de educación no formal de los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), que busca desarrollar alternativas a contraturno del horario escolar. La partida se destinará a horas docentes para ampliar la propuesta de los Cecap. En cambio, Abdala afirmó que el MEC “padece una serie de recortes muy importantes con relación a ocho programas del ministerio”. De todos modos, la mayoría del articulado del MEC fue votado con el apoyo de casi toda la oposición.
El respaldo al directorio del Inisa
Después de abordar los incisos vinculados a la educación, la sesión continuó con el tratamiento de los artículos correspondientes al INAU y el Inisa, que fueron aprobados por unanimidad. Para el INAU, el Poder Ejecutivo dispuso un incremento presupuestal de 50 millones de pesos, que se divide en aproximadamente 15 millones para fortalecer la respuesta a situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, 15 millones para reforzar el Sistema de Protección Especial y 20 millones para mejorar la infraestructura de los centros de atención.
“Esta rendición incorpora recursos para el INAU y no tenemos ninguna dificultad en reconocerlo”, expresó el diputado del PN Pedro Jisdonian, quien de todos modos se preguntó si esto es suficiente. “Nuestro planteo no es contra los recursos, es exactamente al revés: queremos que los recursos lleguen, queremos que se ejecuten, queremos que se transformen en mejores centros, mejores equipos y mejores respuestas”, sostuvo.
Abdala reconoció que “está muy bien que se invierta en el sistema de acogimiento”. “Bienvenido que el directorio actual pida más recursos y se le concedan para seguir desarrollando un instrumento virtuoso como el sistema de acogimiento familiar”, enfatizó.
Uno de los artículos previstos para el INAU faculta al organismo a formular una reestructura organizativa y de puestos de trabajo, que se elevará al Poder Ejecutivo para que lo ponga a consideración de la Asamblea General. “Vamos a seguirla con atención, porque una reestructura tiene sentido si mejora la capacidad del instituto”, anunció Jisdonian.
Por su parte, el Inisa solo tuvo dos artículos: la incorporación de acciones posegresos de los jóvenes entre los cometidos del instituto y la contratación, mediante resolución del directorio, de hasta “dos funciones de alta conducción en sectores sustanciales de gestión del instituto”. Abdala resaltó que el actual directorio del Inisa “concita el reconocimiento de todos los partidos políticos”. Por eso, se le concedió “algo que con relación a otro organismo nunca concederemos, que es la posibilidad de que se contraten dos funcionarios en forma directa”. “La vamos a votar porque es para el Inisa y porque es, además, para el Inisa dirigido por su actual conducción”, afirmó.
Se aprobó la unificación de las transferencias
La discusión sobre el Mides giró en torno a la iniciativa que, según el gobierno, es la más importante de la Rendición de Cuentas: la unificación del sistema de transferencias para la infancia y la adolescencia, a la que además se destinan 31 millones de dólares para el aumento de las prestaciones. Desde el comienzo, la oposición se opuso a dos aspectos de la nueva partida unificada: la reducción del porcentaje condicionado a la asistencia a la educación y la salud y la posibilidad de cobro en efectivo. Ambos temas fueron parte de la negociación entre Cabildo Abierto (CA) y el Poder Ejecutivo. Finalmente, el gobierno accedió a aumentar de 20% a 40% el monto condicionado y a que el pago se efectúe únicamente a través de la Tarjeta Uruguay Social.
Desde la Coalición Republicana (CR) rechazaron la “caricatura falsa” que, a su entender, quiso instalar el oficialismo al advertir, previo al acuerdo con CA, que no estaban asegurados los recursos para mitigar la pobreza infantil. “La asignación única jamás corrió riesgo desde el punto de vista de que pudiera llegar a frustrarse su aprobación por la mera circunstancia política de que no hubiera votos en el Parlamento”, afirmó Abdala.
Por otro lado, el diputado colorado Gabriel Gurméndez planteó que “31 millones de dólares en 23.000 millones de dólares de un presupuesto nacional” supone “un aspecto marginal”. Consideró que “podría haber mucho más recursos para atender las prioridades si realmente se va a fondo en la eficiencia de la gestión de los recursos del Estado”.
La creación de la asignación fue aprobada con 97 votos afirmativos en 99 presentes (solo votó en contra Identidad Soberana). Al fundamentar su voto, el diputado nacionalista Sebastián Andujar afirmó: “Estamos convencidos de lo que estamos votando. Entendemos que son medidas que van a hacer bien y, sobre todo, en el entendido de que nosotros no defendemos a la pobreza, defendemos a quienes viven en situación de pobreza”.
Se desglosaron articulados vinculados al MSP
Los últimos incisos analizados, antes de que trataran los aditivos y sustitutivos, fueron los del MSP y ASSE. Cuatro artículos del MSP habían sido rechazados por la CR en el tratamiento en comisión, porque “todos implican perforaciones a las garantías constitucionales y las garantías personales”, según aseveró Abdala.
Uno de ellos, el artículo 238, habilita a la Junta Nacional de Salud (Junasa) a “solicitar al Banco de Previsión Social [BPS] toda información, registro, bases de datos y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus cometidos legales y reglamentarios”. “Es difícil encontrar en la historia legislativa reciente una excepción y una perforación de esta amplitud y este alcance”, afirmó Abdala.
El diputado nacionalista José Luis Satdjian, en tanto, dijo que “se le quiere dar superpoderes a la Junasa para obtener información sensible que está amparada en el secreto bancario y en el secreto tributario”. “¿Para qué quiere la Junasa conocer los aportes al BPS? ¿No será para que cuando un uruguayo precise un medicamento se vaya al juicio de amparo con la información del BPS?”, planteó.
Otro de los artículos disponía que las instituciones de salud “únicamente podrán generar el cobro de las tasas moderadoras autorizadas por el Poder Ejecutivo” y “en ningún caso los prestadores integrales de salud podrán cobrar a los usuarios importes superiores a los autorizados por el Poder Ejecutivo, fundándose en la marca comercial, nombre de fantasía o en diferencias de precio derivadas de su costo de adquisición”.
El artículo 240 permitía a la Junasa acceder a datos de prestaciones de salud y el 242 establecía que los laboratorios farmacéuticos y las empresas fabricantes y distribuidoras de productos y dispositivos sanitarios deberán informar al MSP “los montos pagados y demás transferencias de valor, sean directos o indirectos, monetarios o en especie, efectuados a médicos, otros profesionales de la salud, instituciones asistenciales y hospitales universitarios”.
Estos tres artículos finalmente fueron desglosados para su tratamiento como un proyecto de ley aparte en la Comisión de Salud de la cámara baja.
Se aprobó la descentralización del INR
En la última parte de la sesión se puso a consideración de la Cámara de Diputados la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior, en un servicio descentralizado. Tal como estaba previsto, la oposición dio sus votos para este cambio y el organismo pasará a denominarse Instituto Nacional de Reinserción. Solamente votaron en contra los dos diputados de Identidad Soberana.
En lo que no hubo consenso fue en la gobernanza del organismo. “No votaremos los artículos referidos a la gobernanza”, confirmó al momento de la votación Abdala. El legislador nacionalista anunció que la CR presentaría sustitutivos en ese sentido, si bien reconoció que no prosperían producto del “pacto” entre el FA y CA. En efecto, estos artículos fueron rechazados.
Finalmente, el artículo sobre la gobernanza del INR fue aprobado parcialmente con los votos del FA, CA y el PN; los diputados colorados votaron en contra, al igual que Identidad Soberana. Un literal del artículo, referente a las potestades del presidente del directorio del INR, fue aprobado únicamente con los votos de frenteamplistas y cabildantes. “Lo que se termina aprobando son justamente estos superpoderes para el presidente del directorio del servicio descentralizado”, lamentó el colorado Rodríguez.
También se aprobó, gracias a los votos del FA y CA, la creación de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay. Rodríguez también cuestionó el resultado de la votación, ya que se siguen “creando estas superestructuras cuando ya tenemos una estructura como es la del LATU, que hace los estudios de antidopaje”.
Por otra parte, según advirtió Abdala, entre los aditivos aprobados con los votos del FA y CA hubo modificaciones a las “regulaciones en cuanto a la tenencia de armas”. “Me imagino, porque no hemos tenido tiempo ni de cotejarlo, que debe ser la reproducción del proyecto de ley que los legisladores del Frente Amplio presentaron recientemente, que estaba radicado en la Comisión de Constitución y era de interés del ministro [del Interior, Carlos] Negro”, señaló el diputado nacionalista, que calificó la introducción de estos cambios a último momento como un “atropello”.