La Junta Departamental de Soriano aprobó este lunes por unanimidad una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas para que examine aspectos relativos a la gestión de la comuna entre el 1° de julio de 2021 y el 31 de julio de 2026. Si bien la iniciativa, que fue planteada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA), aborda varios asuntos, tiene como elemento central la contratación de talleres mecánicos externos, y más específicamente, la concentración del gasto de la intendencia, liderada por el nacionalista Guillermo Besozzi, en algunos de ellos.
Tal como informó la diaria, en una respuesta a un pedido de informes figura que en el período ya mencionado la comuna concentró en solo seis talleres mecánicos un gasto de 3,4 millones de dólares. Uno de ellos –a nombre de José Zubiaurre– recibió 983.000 dólares. La oposición departamental entiende que estas cifras son desproporcionadas y por eso ya hizo un llamado a la Junta Departamental a las autoridades departamentales. La comparecencia se concretó el 10 de agosto, cuando asistió, como intendente interino, Raúl Bruno. La bancada frenteamplista entiende que esa comparecencia dejó “más dudas que certezas”.
Posteriormente, el pasado 7 de setiembre la oposición buscó avanzar en una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas, como la que terminó aprobándose este lunes. Sin embargo, en ese momento desde el Partido Nacional (PN) se presentó una moción de orden que postergó el tratamiento.
Ahora, según supo la diaria, al pedido de intervención del organismo de contralor se sumó un nuevo llamado a sala a las autoridades de la Intendencia de Soriano, así como una denuncia anónima presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Desde la Jutep señalaron a la diaria que el planteo se hizo hace algunas semanas, en paralelo a que la situación tomara estado público a nivel nacional.
La discusión de los ediles
Aprobada la solicitud de intervención en la Junta Departamental, el edil frenteamplista Damián Alonso dijo a la diaria que ahora “lo importante es que la auditoría que haga el Tribunal de Cuentas sea con personal técnico e independiente; que no tenga ninguna vinculación hasta el momento con la intendencia”. Esto porque, según detalló, el organismo tiene “contadoras delegadas” en la comuna.
Los dichos en sala del edil nacionalista Gonzalo Novales dejan entrever una visión distinta a la de Alonso en cuanto al procedimiento que disparará la solicitud de intervención. Al momento de la votación, Novales señaló que el apoyo al pedido de intervención del Tribunal de Cuentas se alinea con la concreción de un proceso que “va a ser muy sencillo”, porque el organismo solo tendrá que “mandar un mensaje” al “personal permanente” que tiene en la intendencia.
“Parece que la montaña parió un ratón: se han hecho elucubraciones por una mala interpretación. Ante tanta reiteración de malas interpretaciones, voy a llegar a considerar que lo hacen de gusto”, expresó Novales. El edil del oficialismo llamó a apresurar el proceso para que los contadores delegados “empiecen a mandar los informes que ya deberían haber mandado, porque es su trabajo”.
Desde la oposición, Alonso señaló que las dudas en torno a la contratación de talleres mecánicos se han profundizado en las últimas semanas. Por un lado, hizo referencia a que desde la comuna se ha deslizado que “había un error de la administración en cuanto a la información que se le había otorgado” en el pedido de informes.
Además, el edil del FA apuntó que se pudo corroborar que el taller a nombre de Zubiaurre no funciona en la dirección que señala la documentación, sino en las afueras de la ciudad. Asimismo, mencionó que una investigación del periodista Eduardo Preve reveló que el lugar donde efectivamente se llevan a cabo las reparaciones pertenece a Bruno, quien ha asumido ocasionalmente en sustitución de Besozzi.
“Por una cuestión formal”
Días atrás, luego de que fracasara el primer intento de solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas, la bancada de ediles frenteamplistas elevó una nota a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados solicitando el análisis del caso.
Lo central del asunto fue que el pedido de tratamiento de la solicitud fue presentado por la bancada del FA con las firmas de diez ediles titulares y una suplente. El PN argumentó que era necesario el apoyo de al menos 11 ediles titulares; para el FA eran necesarios 11 votos en el plenario para aprobar la solicitud, mientras que para la presentación de la solicitud en la Junta Departamental se requería una firma.
Alonso explicó que el traslado del tema a la Cámara de Diputados se debe a que, desde el punto de vista de la oposición, se estaba violando la Constitución. “La idea es que la comisión pueda conocer estos antecedentes que se generaron en la Junta Departamental de Soriano, se cree un precedente y tener una devolución”, señaló.
Por el contrario, Novales aclaró en el plenario que desde el FA “se ha tratado de modificar los hechos haciendo creer a la opinión pública que hay una oposición, que realmente no existe, a que se trate el asunto”. “El fracaso de esta solicitud fue por una cuestión formal; no se entró a considerar el tema de fondo; el asunto nunca se trató porque fue mal presentado”, resaltó.
