Entre Javier García y Joel Rodríguez, exministro y actual subsecretario de Defensa Nacional, respectivamente, hubo varias idas y vueltas este lunes en la comisión del Senado que tiene a estudio la Rendición de Cuentas. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, luego de una primera intervención de Rodríguez, el senador del Partido Nacional apuntó que, salvo por un helicóptero, todo el equipamiento militar al que había hecho mención el jerarca “fue gestionado en el período anterior”. “Es bueno dejar constancia de que continuó, se recibió y se sigue recibiendo lo gestionado en el período anterior. Todas las Armas estaban en una situación muy rezagada en materia de equipamiento”, afirmó García.
En respuesta, Rodríguez aseguró que la actual gestión no tiene ningún problema en reconocer que “se tomó la iniciativa de contar con una parte importante del equipamiento previsto desde la administración anterior”. El subsecretario hizo mención a los 20 millones de dólares de los aviones Super Tucano, “de los cuales 13.500.000 dólares fueron incorporados por el gobierno saliente como refuerzo presupuestal y 7.500.000 dólares fueron gestionados por este gobierno”; a los radares, por los cuales “se solicitaron refuerzos por 2.600.000 dólares, se utilizaron fondos disponibles en el CND [Corporación Nacional para el Desarrollo] por casi 4 millones de dólares, se redirigieron fondos disponibles en las propias unidades ejecutoras por 1.300.000 dólares y se postergaron –en acuerdo con la empresa– unos 5 millones de dólares para este ejercicio”; y a los vehículos bajo la órbita del Comando General del Ejército, que demandaron un refuerzo presupuestal de 1.200.000 dólares.
A modo de complemento, el director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Lagaxio, señaló que en 2025 los contratos heredados del gobierno anterior implicaban obligaciones por alrededor de 75 millones de dólares. “En el marco de la situación fiscal de 2025, y en conversación permanente con las empresas con las que se firmaron los contratos, se postergaron algunos hitos de los contratos hacia 2026 y en otros casos hubo que hacer redistribuciones internas para poder cumplir con los compromisos contractuales”, apuntó Lagaxio.
Patrullas oceánicas: “Se están analizando distintas alternativas”
El otro ida y vuelta que quedó registrado en el acta fue por la nueva compra de patrullas océanicas para la Armada, que el actual gobierno se comprometió a llevar a cabo en este período, luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard. García no solamente consultó sobre este proceso, sino también por la posible adquisición de buques de la Marina Real de Reino Unido, cuyas características fueron objetadas por parte de la Armada, según informó días atrás El Observador. De acuerdo con el citado medio, el gobierno evalúa la compra de estas embarcaciones para vigilar la zona económica exclusiva de Uruguay y no para que desempeñen las tareas propias de las patrullas océanicas (OPV, por sus siglas en inglés).
Primero, Rodríguez rehusó contestar preguntas por fuera de lo estrictamente presupuestal. “Con mucho gusto las abordaremos en las instancias que correspondan, pero no en esta ocasión”, expresó. De todos modos, el subsecretario señaló que, en el caso de los OPV, “se están evaluando algunas alternativas”. Con respecto a las embarcaciones de Reino Unido, apuntó que “de ninguna manera está previsto que sustituyan a los OPV”.
García retrucó que se trata de “un tema eminentemente presupuestal”. “Una compra requiere un pago y ese pago sale de acá. Entonces, o sale de acá por ley o sale por refuerzo. De manera que se trata de un tema que es estrictamente de Rendición de Cuentas”, afirmó.
Rodríguez respondió: “En el fondo casi todo es esencialmente presupuestal porque se termina reduciendo a que hay que destinar algo de recursos. Con ese criterio, el concepto es muy abarcativo y podríamos hablar de todo”. En ese sentido, rechazó “hablar de posibles costos operativos” cuando el gobierno todavía no ha definido “si se va a adquirir”. “Se están analizando distintas alternativas sobre cuál va a ser el equipamiento que finalmente se va a adquirir. Claramente se pretende hacerlo a la brevedad porque es una necesidad que todos reconocemos que existe y es urgente”, resaltó.
De todos modos, el subsecretario informó que, tras la rescisión del contrato con Cardama, “hay una previsión presupuestal que está disponible”, ya que el Estado uruguayo no abonó el total de la compra a la empresa española. “Esa es una posible fuente de financiación”, comentó. Añadió que “también existen los refuerzos de rubro cuando son necesarios”. “Esas son dos alternativas concretas, viables, legales y perfectamente posibles. Primero hay que definir cuál va a ser la compra, después ver cuánto implica en término de recursos y luego habrá que definir el mecanismo para cumplir con esas obligaciones”, expresó.
Con relación a los buques de Reino Unido, Rodríguez confirmó que “eso se está considerando”. “Fue un ofrecimiento que tuvimos y son buques interesantes. No son buques que estén pensados para sustituir los OPV, pero podrían ser muy útiles para cumplir otra función”, señaló.
El subsecretario reconoció que hubo determinadas “consideraciones” a la interna de la Armada, que marcan que “esos buques no pueden cumplir la tarea de los OPV tal como estaba planteado originalmente”. Aun así, reiteró que las embarcaciones “pueden tener otras prestaciones que son útiles y necesarias para la Armada”. “Es una posibilidad interesante porque son buques que están en buen estado y que tienen buena posibilidad de cumplir con algunas de las necesidades que tenemos”, resaltó.
