La polémica por los hechos ocurridos durante la 15ª Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), celebrada el viernes en Maldonado, continuó este martes en el Parlamento. En la instancia del viernes, más de 20 organizaciones cuestionaron el accionar del director de la INDDHH Marcos Israel, en particular sus afirmaciones sobre la situación en la Franja de Gaza.
Durante la actividad, Israel catalogó la posición de las organizaciones como una “apelación netamente racista” y dijo que “es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país”. “Los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad. Están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”, acusó, mientras las organizaciones se retiraban.
Este martes, en la media hora previa de la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Colorado Gabriel Gurméndez repudió el accionar de las organizaciones y las acusó de emitir “expresiones xenofóbicas” como parte de un “mensaje absolutamente típico de una posición antisemita”. “Disfrazado como se suele hacer, como artimaña, [y] con el argumento del antisionismo hicieron la expresión agazapada, típica de una expresión racista, apuntando claramente a un director del Instituto [sic] de Derechos Humanos”, denunció.
El diputado colorado evaluó que la acción fue “concertada”, ya que “antes de que hablara se había premeditadamente decidido que no se merecían escuchar las palabras que iba a pronunciar” el director de la INDDHH, y argumentó que esto obedece al hecho de que “es judío y se llama Marcos Israel”.
Para Gurméndez, lo sucedido no es “un episodio ocasional”, sino que forma parte de “un rosario de situaciones que se han vivido en el Uruguay”, cuyo último caso identificó “en el ámbito universitario, cuando se pretendió llevar adelante propaganda de una organización terrorista”. Esto en alusión a la suspensión de la proyección del documental La gran Palestina, del mexicano Rafael Rangel, en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar). El diputado colorado dijo que las personas involucradas en tales episodios llevan adelante un “racismo militante” y cuestionó el hecho de que esa realidad “se normalice en el Uruguay”. “Estas cosas no pueden pasar”, aseveró, e hizo suyas las palabras de Israel, para finalmente instar a la INDDHH, la Udelar y la cancillería a pronunciarse al respecto.
Las expresiones de Gurméndez se ganaron el reproche del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, que expresó su preocupación “por la injerencia irrespetuosa, avasallante, y [...] extorsiva del embajador de Israel con respecto al Uruguay”. Salle recordó que existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que catalogó como “un genocida genético”, y luego de que el presidente de la cámara baja, el nacionalista Rodrigo Goñi, lo llamara al orden por aludir a un tercero, cuestionó que ese no fuera el caso con Gurméndez y defendió su posición.
“Cuando un genocidio es un genocidio, es una calificación jurídica, y cuando hay una sentencia de la Corte Penal Internacional que avala esa calificación jurídica, no es irrespetuoso hacer referencia a ella”, aseveró el diputado de IS, para respaldar las recientes declaraciones de la vicecanciller Valeria Csukasi, quien sostuvo la semana pasada que Uruguay debería cumplir con la orden de la CPI. “Adoptó una posición jurídica correcta y generó todo un problema”, cuestionó. Y remató: “¿Qué tenemos que hacer como país? Cumplir un fallo judicial, ajustarnos al derecho penal internacional”.
Sostuvo que el país no puede “ceder a las extorsiones”, y denunció el hecho de que “haya individuos que están en el Instituto [sic] Nacional de Derechos Humanos y reivindiquen el genocidio”, en alusión a Israel. Y acotó: “No me vengan a confundir con situaciones del pasado que no tienen absolutamente nada que ver con este episodio actual, que no tienen nada que ver con la situación jurídica del buscado para su detención”.