Las abejas son fundamentales: son uno de los principales polinizadores, y la mayoría de los cultivos necesarios para la alimentación dependen de la polinización por insectos. Investigaciones realizadas por la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable estiman que en Uruguay se pierde anualmente entre 20% y 30% de las colmenas. Los motivos de la alta mortandad de las abejas son varios: el uso de herbicidas e insecticidas; la presencia de enfermedades propias de las abejas; y las grandes extensiones de cultivos monoflorales, que reducen la variedad alimenticia y, por ende, las debilitan ante condiciones adversas.
Con esta peligrosa situación en la mira, los diputados Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Darío Pérez (Frente Amplio) presentarán un proyecto de ley para prohibir el uso de ciertos agrotóxicos que hacen daño a las abejas, a la producción apícola y a los seres humanos. Según comentó Rubio en diálogo con la diaria, apenas se retome la actividad en el Parlamento conversará con los diputados de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para pedirles “un tratamiento lo más rápido posible”, porque es necesario que esta ley se apruebe “cuanto antes”. Aseguró que no se trata de “un debate ideológico”, sino de “un problema sobre cómo salvamos una producción importante y recursos naturales que son fundamentales”.
El articulado de la ley prohíbe el registro, la renovación, la formulación, la producción, la importación, el fraccionamiento, la venta y el uso de cuatro tipos de agrotóxicos insecticidas. Por un lado, los formulados en base a neonicotinoides (en particular el Imidacloprid, el Acetamiprid, la Clotianidina y el Tiametoxan, alguno de ellos ya prohibido en la Unión Europea); por otro, la nueva generación de neonicotinoides (entre los que se incluye el Sulfoxaflor, un agrotóxico cuya peligrosidad ya fue demostrada por múltiples estudios recientes de varias partes del mundo, entre ellos Uruguay; ver ladiaria.com.uy/AMW4 ). Además, si se aprueba, la normativa controlará a los insecticidas Fipronil y los órganofosforados de uso agrícola del grupo de los Clorpirifos.
Según el proyecto de ley, el control del uso de estas sustancias estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que podrá “imponer multas a las personas físicas y jurídicas que la incumplan”. “Lo recaudado por el MVOTMA por concepto de multas deberá destinarse al Fondo de Desarrollo Apícola en 50%. El restante 50% de la recaudación por este concepto se destinará a fortalecer el presupuesto del organismo responsable del contralor de las disposiciones de esta norma”, dispone.
Rubio señaló que este proyecto de ley es “un primer paso importante que puede encontrar respaldos a nivel parlamentario”, pero que “obviamente la idea es seguir en este camino yendo a más porque, en realidad, estamos enfrentando un modelo productivo basado en el agronegocio al servicio de las multinacionales; en el fondo, el problema está planteado con ese modelo. Este proyecto es una medida pequeña en relación con el daño global que hacen, pero se dio un primer paso importante”.