“Venimos haciendo un trabajo intenso”, afirmó a la diaria Ariel Montalbán, responsable del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) con respecto a la reglamentación de la Ley de Salud Mental que se aprobó en 2017 pero que hasta el momento sólo tiene dos artículos reglamentados, por lo que en muchos aspectos “sigue siendo sólo letra”, según reclaman varios movimientos sociales relacionados con la temática. Consultado sobre los avances hechos hasta el momento, el jerarca aseguró que pronto se verán los resultados: “Hay varias líneas de trabajo, pero la central es la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental. A fines de junio va a estar el primer borrador del plan para que los actores involucrados hagan nuevos aportes, con la idea de consolidar un documento final para octubre”.
En ese sentido, Montalbán detalló que su equipo tomó los insumos que produjeron los seis grupos de trabajo que funcionaron desde noviembre del año pasado hasta el 23 de abril. Todos estuvieron compuestos por varios actores interesados en el tema, desde asociaciones de usuarios y familiares –como Radio Vilardevoz o la federación Caminantes– hasta profesionales técnicos, entre ellos psicólogos y psiquiatras. Además, el MSP cuenta con el apoyo de dos consultores de la Organización Panamericana de la Salud y se relevaron planes de salud mental de más de 40 países. Sobre el trabajo de los grupos, Montalbán afirmó que “hicieron aportes interesantísimos” y que los resultados son “un aporte de primer orden”; por eso volverán a ser consultados a fin de mes, cuando esté terminado el primer borrador del plan.
El plan está dividido en capítulos: promoción y prevención; atención; interinstitucionalidad; estigma y cambio cultural; información, investigación y evaluación. Además, contempla problemáticas de salud mental en sentido amplio, incluyendo los casos de consumo de sustancias, sumado a “los trastornos mentales ya establecidos y poblaciones específicas como son, por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes”.
En paralelo, el equipo del MSP avanzó en dos iniciativas: una de ellas es la elaboración del decreto reglamentario del artículo 11 de la ley, que trata sobre la coordinación interinstitucional para favorecer la inclusión social de personas con problemas de salud mental (que contempla el acceso a vivienda, educación, trabajo y cultura), y que es uno de los principales reclamos de las organizaciones sociales. Montalbán destacó que el decreto ya está escrito y ahora “circula por el MSP siguiendo los distintos pasos correspondientes para su aprobación”, pero aseguró que será aprobado antes de fin de mes.
Otra de las iniciativas que avanzaron en este tiempo es la ordenanza ministerial sobre la red de dispositivos alternativos que va a integrar la atención en salud mental. “Esa ordenanza define los distintos dispositivos que menciona la ley, que van desde la internación en hospitales y sanatorios generales a la atención en emergencia, el hospital de día, las casas de medio camino y el centro de rehabilitación. Esta ordenanza también habla del nivel de organización que deberán tener, y explicita hacia dónde se tienen que orientar los prestadores. Al mismo tiempo, establece cómo se deben reestructurar las instituciones monovalentes que están prohibidas por ley”, explicó el jerarca, que enfatizó que tanto la ordenanza como el decreto estarán aprobados antes que el borrador del plan.
Montalbán destacó además el trabajo que se ha hecho con los artículos ya reglamentados, sobre todo el avance del órgano de contralor. Esto también es destacado por las organizaciones sociales, aunque ambas partes señalan la importancia de que el órgano (que está en la órbita del MSP) acelere el proceso de creación de una web que permita facilitar las denuncias sobre los aspectos de la Ley de Salud Mental que no se están cumpliendo.
Del otro lado
El martes 4 el colectivo Vilardevoz convocó a una reunión en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República a todos los interesados en conformar un “frente antimanicomial” y en generar aportes para la implementación de la ley. Según explicó a la diaria Mónica Giordano, psicóloga y miembro de ese colectivo, “el proceso de reglamentación viene muy lento y por eso hay que seguir juntándonos, porque esto no depende solamente del gobierno de turno, depende también de la fuerza que la sociedad civil pueda generar con todos los sectores que puedan estar involucrados”.
Para ella esta demora se puede explicar en parte porque “es una ley que viene a cambiar algo que hace muchos años está muy instalado en la sociedad: el modelo médico hegemónico y la exclusión del diferente. Hay cuestiones que tienen que ver con voluntades políticas que implican tomar decisiones muy coyunturales y romper con algunas prácticas que han permanecido y perdurado durante todos estos años, implica enfrentarse a un modelo donde evidentemente hay saberes que están por encima de otros, hay formas de pensar la salud mental que claramente han sido hegemónicas, y salir de eso cuesta”.
En la convocatoria del martes participaron varias organizaciones sociales y de derechos humanos; se concordó en la importancia de trabajar hacia la creación del frente antimanicomial y en solucionar “las grandes falencias de la ley en cuanto a niños y adolescencia y la perspectiva de género y diversidad”, comentó la psicóloga.
A pesar de estos avances, aún quedan muchos artículos de la ley por reglamentar, incluso sin tener en cuenta aquellos que están atados a la creación del Plan Nacional de Salud Mental. Sobre la reglamentación del resto de los artículos, Montalbán aseguró que están a tiempo de cumplir con los plazos establecidos por la ley, que incluye el cierre de las estructuras asilares y monovalentes, como son las colonias psiquiátricas y el Hospital Vilardebó, en 2025. “Nosotros tenemos la meta de cumplir la ley y en mi opinión se va a cumplir. ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] ya comenzó la implementación, que implica la apertura de dos casas de medio camino con apoyo, y se va a hacer también en otras zonas del país; esto está en marcha”, afirmó.
Desde la Udelar
La academia no es ajena a este debate. Los decanos del área de salud de la Universidad de la República (Udelar) designaron un grupo técnico que pudiera aportar insumos para la reglamentación. Esta comisión elaboró un informe que sugiere cambios en la redacción actual del decreto reglamentario que abarca los artículos relacionados con la notificación de hospitalizaciones y los vinculados con el órgano de contralor. Para la decana de la Facultad de Psicología, María José Bagnato, se está dando un cambio de paradigma hacia una perspectiva más integral de la salud que debe ser acompañado por la Udelar, en tanto es la formadora de los futuros recursos humanos.