Fernando se jubiló hace años y desde ese momento –o incluso antes– ahorra una parte de sus ingresos con un único propósito: pagar un buen residencial cuando lo necesite. Su preocupación es la de muchos otros jubilados que ven en su futuro un establecimiento de larga estadía con elevados costos: mientras la jubilación mínima nacional es de 12.500 pesos mensuales, una habitación privada en un residencial puede variar desde los 50.000 hasta los 110.000 pesos por mes, según un breve sondeo que hizo la diaria por los establecimientos de Montevideo. Como si el costo no fuera suficiente, los adultos mayores deben sumar otra preocupación a su lista: ¿el residencial está habilitado? Según las últimas cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay hay unos 940 establecimientos de este tipo, pero sólo 25 cuentan con la habilitación completa.
Hoy se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez; según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2018 una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en sus comunidades, y la tasa de maltrato suele ser mayor entre los ancianos que residen en instituciones.
En marzo de 2018 el MSP había advertido que sólo 18 residenciales tenían habilitación; más de un año después esa cifra sólo aumentó en siete casos. “El proceso de habilitación es bastante largo y tedioso, incluye tener la habilitación de Bomberos, la certificación social del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] y la nuestra”, comentó en diálogo con la diaria Raquel Rosa, directora general de la Salud. Agregó que con el proceso completo “hoy hay 25 establecimientos, pero tenemos un porcentaje mucho mayor de establecimientos que tienen permiso de funcionamiento del MSP mientras obtienen el certificado del Mides; eso ascendió a 220, es decir que lo que no tienen es un trabajador del área social o un proyecto de centro social, pero cumplen con los requisitos que pide el MSP”.
La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Mides, Adriana Rovira, aclaró a la diaria que “de esos que tienen permiso de funcionamiento entiendo que no todos van a lograr la certificación social, creo que llegarán unos 80 o 100. Por el momento hemos dado unas 45 certificaciones y tenemos otras 40 para dar”. En un proceso que puede llevar hasta tres meses y varias visitas, el Mides evalúa que cada lugar tenga un plan de trabajo a nivel social y fiscaliza “la protección de derecho, si los residentes salen del establecimiento cuando quieren, cómo es la alimentación, cómo se resolvieron las denuncias, si hubo, y tenemos entrevistas aleatorias a ver cómo se sienten los adultos mayores”.
Desde 2016 están decretados los requerimientos, entre ellos hay normas sobre el edificio, las habitaciones, los baños, la calefacción, mínimos de higiene, y deben tener áreas de esparcimiento y servicios. Un establecimiento de larga estadía que no cumpla con esto no será multado ni obligado a cerrar a menos que viole derechos humanos esenciales. La política que ha tomado el Poder Ejecutivo en estos casos es la de “acompañamiento y vigilancia”: “De esos 940 establecimientos, todos han sido visitados en alguna oportunidad por las divisiones departamentales de salud. Si no tienen la habilitación, tratamos de que empiecen el proceso de certificación; a veces no lo inician porque faltan algunos elementos, como los planos de la casa o la habilitación de Bomberos, y lo que se hace en esos casos es vigilar y acompañar para que empiecen la certificación”, afirmó Rosa. La frecuencia con la que se visita estos lugares no está definida.
En los 915 residenciales restantes, el MSP evalúa la situación. “Hay cosas que no se negocian; es decir, cuando se detecta una alteración importante, sea en el manejo del adulto mayor o en la parte de manejo de medicación, se va directamente al cierre. Si las alteraciones son por ignorancia [de la norma] y el acompañamiento genera mejoras, seguimos apoyándolos”, comentó Rosa. El MSP no tiene prevista una fecha para terminar la fiscalización.
El costo de llegar a viejo
La situación de los residenciales en Uruguay es muy despareja; según Rovira se los puede dividir en cuatro grupos: los que no tienen ningún problema y están en vías de conseguir la habilitación; los que no han iniciado la habilitación porque manejan “algún volumen de pobreza” que no les permite afrontar los costos de remodelaciones edilicias; los lugares en los que hay vulneración de derechos y se requiere una fiscalización permanente; y luego un último grupo –de pocos establecimientos, porque muchos ya fueron cerrados– en que se generó un trabajo con la Fiscalía porque se constataron posibles delitos.
El personal que trabaja en los residenciales es un diferencial. Soledad Rodríguez, encargada de la división de Personas en Situación de Dependencia, del Sistema de Cuidados del Mides, destacó que hay 150 personas acreditando sus saberes en sus lugares de trabajo y, ante la buena convocatoria que tuvieron a comienzos de año, repetirán el llamado. El objetivo es profesionalizar un sector que hasta hace poco estaba invisibilizado.
El costo de los residenciales está muy asociado a esta dispareja situación. En Paso de la Arena un residencial que ofrece un edificio nuevo, habitaciones y baños compartidos entre dos personas, aire acondicionado y wifi cobra 24.000 pesos por mes, mientras que otro en Cordón tiene una oferta similar pero con un edificio más amplio y accesible, por lo que cobra 40.000 pesos al mes una habitación compartida entre tres. En Parque Rodó también hay un residencial que ofrece habitaciones compartidas pero agrega personal médico las 24 horas, ascensores y actividades diarias de recreación, por lo que cobra 88.000 pesos mensuales, mientras que a unas cuadras de distancia una habitación privada en Parque Batlle en un establecimiento que ofrece amplios patios y sala de cine asciende a 110.000 pesos.
Soluciones en otras partes
Holanda y Estados Unidos empezaron a ensayar alternativas a los residenciales. En Vermont el gobierno apoya a familias que reciben en sus hogares a adultos mayores; las casas deben cumplir ciertos requisitos, al igual que los solicitantes, que pagan habitación y comida, mientras que el estado le paga a la familia que los recibe entre 80 y 160 dólares por día por persona, según la complejidad de sus necesidades. En Arizona, se formaron equipos multidisciplinarios que visitan y monitorean constantemente a las personas en sus propios hogares para evitar así la hospitalización; cuando las necesidades aumentan también lo hace la frecuencia de las visitas. En Kentucky, los residenciales son espacios de coworking para artistas; allí pueden ir a ensayar, pintar o escribir por un bajo precio. Así, los ancianos pagan menos para mantener el lugar y se benefician de un ambiente creativo.
En Holanda apostaron a los jóvenes que necesitan un lugar barato para vivir cerca de la universidad. Crearon residencias donde conviven ambas generaciones: los estudiantes pagan su estadía con trabajo mientras que los ancianos pagan un costo inferior al de un lugar que contrata empleados, y además el ambiente se vuelve más activo y saludable.