La Red de Colectivos Interdisciplinarios Socio-Terapéuticos-Educativos, que nuclea a 120 centros prestadores de Ayudas Extraordinarias (Ayex) del Banco de Previsión Social (BPS), asegura que “no están comprobadas” las irregularidades y cobros indebidos en centros de Salto y Rocha denunciados por el vicepresidente del organismo, Daniel Graffigna, y resultado de inspecciones. La licenciada en fisioterapia Mariela Méndez, presidenta de la red, dijo a la diaria que aún faltan las “revisiones y descargos de los centros involucrados, que podrían modificar el resultado” de las evaluaciones. A su vez, Méndez afirmó que de la documentación solicitada a los centros por el banco no se desprende ninguna “situación de cobro indebido” o de trabajo irregular en los centros inspeccionados que forman parte de la red (cuatro en Salto y tres en Rocha).
Graffigna había denunciado, en reiteradas ocasiones, ante el directorio del organismo “la falta de controles” y anormalidades en cuatro centros de Rocha y cinco de Salto, informó El País el 3 de enero. Las autoridades del BPS encomendaron inspecciones en los lugares que determinaron bajo porcentaje de asistencia de los beneficiarios a los centros y un “cobro indebido” de 837.547 pesos. Además de las ausencias, Graffigna dijo a la diaria que en una de las instituciones se encontró con el caso de un usuario que no estaba recibiendo el tratamiento indicado de los servicios técnicos del BPS. “Si los equipos técnicos determinan que un niño vaya al fonoaudiólogo y después la institución le da clases con una maestra de apoyo, no tiene nada que ver”, expresó Graffigna y continuó: “Es imposible pagarle a una institución por un tratamiento que no brindó, por las razones que sea”. No obstante, el vicepresidente sostuvo que “muchísimas instituciones que pueden estar afectadas por esta situación trabajan bien”.
A raíz de los planteos públicos de Graffigna, la presidenta de la red y el secretario, Federico Veiga, se reunieron el jueves con el vicepresidente del BPS para abordar la situación. En relación con las ausencias en los centros, los representantes de la red sostuvieron que 2020 fue un año particular por la situación de emergencia sanitaria, que provocó ausencias en todos los centros del país, y agregaron que el banco estaba al tanto de esta situación. En un correo del 2 de marzo enviado a los centros desde la Unidad de Discapacidad del BPS, al que accedió la diaria, el organismo establece que “en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo y atento a la población vulnerable que ustedes atienden, el BPS justificará las inasistencias que se produzcan en este período”. El siguiente correo recibido por los centros tiene fecha el 4 de junio. En el comunicado, el organismo pide a los centros establecer las condiciones que permitan garantizar el comienzo de la atención de los usuarios de forma presencial con la aplicación de los protocolos necesarios. “Para el mes de julio se prevé llegar a un 100% de las actividades presenciales”, dice el texto. No obstante, el 8 de junio los centros volvieron a recibir una comunicación de la Unidad de Discapacidad en la que se deja sin efecto el comunicado anterior. En esa situación, Méndez resalta que el planteo vigente es el de marzo y las asistencias continúan sin ser obligatorias.
Sin embargo, Graffigna sostuvo que esta situación también se había dado años anteriores. Comentó a la diaria que las inasistencias e irregularidades “no son de ahora, tienen larga data” y “había denuncias anteriores”. Al respecto, los representantes de la red señalan que hay una “multiplicidad de variables” que intervienen en la asistencia de los beneficiarios a los centros, que tienen que ver con sus recursos y el contexto sociodemográfico. A modo de ejemplo, Veiga mencionó la situación de niños que viven en zonas rurales lejos de los centros, problemas familiares o personas en situación de discapacidad que viven solas y a veces tienen dificultad para concurrir a las instituciones. El secretario sostuvo que en este aspecto es necesaria la “complicidad del BPS para no perder de vista que el objetivo es el tratamiento y unir fuerzas para que esa persona tenga la continuidad que corresponde”. Planteó que la solución más adecuada no es “sancionar a un centro quitando la ayuda”, porque eso no sólo repercute en la atención del niño, sino que el aporte del BPS es el principal sustento de los centros y la forma de pagar los sueldos de los técnicos. Todo eso se vería perjudicado.
El secretario comentó que en varios centros ha ocurrido que por dos inasistencias del usuario en ocho sesiones mensuales, el BPS “descuenta la ayuda de todo el mes”. Pero el acuerdo establecido entre los centros y el banco sostenía algo diferente: “De ocho sesiones mensuales a las que faltara el niño se prorrateaba y se descontaba esa sesión si no había un justificativo”, dijo Veiga. El problema para los encargados de los centros es que el BPS toma en cuenta algunos justificativos, como certificados de enfermedad o inasistencias bajo alerta roja, pero “no contempla” otros que en la red consideran “fundamentales”, como los mencionados anteriormente. Asimismo, Méndez sostuvo que no es nuevo que se hagan descuentos por inasistencias de los niños o en los casos en que el usuario se desvinculó del centro por alguna razón. “El BPS paga la nómina y después el centro debe notificar que esa persona no está concurriendo, que dejó de venir a este centro o cambió para otro”, y luego se hace el descuento, pero eso no constituye un cobro indebido.
Respecto del caso mencionado por Graffigna de un niño que estaba en clase con maestra de apoyo cuando se había encomendado tratamiento con fonoaudiología, los integrantes de la red sostuvieron que por la prestación que aporta el BPS se da al usuario “dos actividades”, que se toman de la evaluación técnica que elaboran los técnicos del organismo, pero “a veces no se recomiendan sólo dos sino cuatro o cinco actividades” y los centros priorizan en qué área comenzar a trabajar con el beneficiario de acuerdo a los informes y a la entrevista de ingreso, explicó Méndez. A su vez, sostuvo que hay otros aspectos que contemplar en este tipo de situaciones: “Al cabo de un año, o cuando el técnico considere, se da el alta al usuario y ahí se pasa a la otra área que había quedado o que surgió en el ínterin del tratamiento”. Cuando esto ocurre, los centros deben enviar un informe al BPS solicitando el cambio de técnico, el organismo tiene que evaluar la solicitud y dar autorización. “Eso se viene haciendo siempre, lo que pasa es que a veces se demora esa respuesta, y este año incluso se demoró más”, planteó la presidenta, y sostuvo que es posible que eso haya ocurrido en este caso. Desde la red no pudieron profundizar el caso específico para ver qué sucedió porque, según sostuvieron, Graffigna no recuerda el usuario ni el centro donde ocurrió. De todas formas, argumentaron que no existe cobro indebido por no prestar el servicio, porque el niño era atendido por un profesional.
Otro de los argumentos que plantean es que durante la pandemia los centros cambiaron los horarios y la estructura de trabajo. “Evidentemente, si van a un centro donde nosotros presentamos un proyecto de trabajo en marzo, donde no sabíamos que iba a pasar esto, ahora en diciembre no van a estar ni los mismos técnicos en su horario ni los niños que dijimos que iban a estar”, explicó Méndez y sostuvo que eso está ocurriendo en todos los centros del país. Asimismo, por la situación de pandemia de covid-19 hubo personas que por su cuenta no quisieron concurrir a los centros, como en el caso de adultos mayores, o padres que no quisieron enviar a sus hijos. Esa situación se sigue reiterando, dice Méndez.
La presidenta y el secretario de la red manifestaron que en los encuentros que mantuvieron con el presidente del BPS, Hugo Odizzio, y en la reunión con Graffigna las autoridades se comprometieron a mantener los 40 millones de dólares anuales que el banco destina a las Ayex y mantener la cantidad de ayudas.
La Red
Las Ayex son una prestación económica que brinda el BPS, principalmente a niños y jóvenes con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, con el objetivo de aportar a su proceso de rehabilitación y favorecer su inserción social, educativa y cultural. Las contribuciones pueden utilizarse en transporte, fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad, psicología, entre otros tipos de tratamientos, según informa la web del organismo. Los beneficiarios de la prestación pueden recibir tres tipos de ayuda económica: 6.387,86 pesos mensuales para pagar tratamientos en cualquiera de los institutos habilitados por el banco; 2.839 pesos para transporte de usuarios a cualquier tipo de instituto o escuela pública o privada; o 2.839 pesos para los boletos del acompañante del usuario. Los valores fueron actualizados el 1° de enero.
Los actuales beneficiarios de esta prestación son los hijos o menores a cargo de trabajadores de la actividad privada tributarios del BPS; beneficiarios de pensión por invalidez; pacientes de la Unidad de Atención Ambulatoria, Crenadecer; hijos o menores a cargo de funcionarios de BPS; beneficiarios de programas de proximidad del Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay Crece Contigo, Cercanías); niños/as y adolescentes que se encuentren dentro del Sistema de Protección de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en Centros de Residencia y Acogimiento Familiar. En el presupuesto aprobado en 2020 se incluyó una partida de 500.000 dólares anuales para “profundizar el alcance de las ayudas extraordinarias”, dijo a la diaria el diputado nacionalista Martín Lema. Por su parte, Odizzio señaló que está en la “agenda empezar a regular la incorporación de los hijos de funcionarios públicos”, pero para hacerlo es necesario hacer un relevamiento de la cantidad de personas que estarían contempladas. Esa tarea comenzará este año.
La Red de Colectivos Interdisciplinarios Socio-Terapéuticos-Educativos funciona desde 2008. Ese año los centros decidieron unirse y movilizarse, junto con niños y padres beneficiarios, frente a una “una política de restricción del BPS, que llevó a que en un momento se planteara eliminar de plano el servicio”, contó Veiga y sostuvo que así “se logró frenar ese intento de eliminar las ayudas”, y “visibilizar la realidad bastante compleja de la discapacidad en el país y mucho más de su abordaje”. Desde entonces, los centros se han organizado para trabajar juntos, establecer pautas comunes de administración, abordajes técnicos, ética laboral, visibilizar su trabajo e impulsar una ampliación de la lista de usuarios que puedan acceder a la prestación económica y a los tratamientos.
La red agrupa 120 centros de los 360 habilitados por el BPS para prestar el servicio a beneficiarios de las Ayex. De acuerdo con un relevamiento de la propia red, 58% de los centros están ubicados en Montevideo y Canelones. Los centros que conforman la red comparten una “condición básica”: “el carácter interdisciplinario”; ofrecen un “abordaje integral del niño” a través de varias disciplinas a cargo de un equipo de especialistas, manifestó Veiga. “No trabajamos solamente la problemática puntual del niño por la cual es derivado al centro, sino que abordamos todo su contexto social y familiar próximo”, añadió. En 2019, los 120 centros atendieron una población de aproximadamente 15.000 usuarios en una población total de 27.000 beneficiarios. 85% de la población fue atendida en cinco especialidades: psicomotricistas, maestros, fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos.
Una de las dificultades que enfrentan los centros es la “falta de especialistas”, por ejemplo en el área de fonoaudiología, dijo la presidenta. La realidad de los centros de la capital y del interior del país presenta diferentes desafíos. En Montevideo se concentra la mayor cantidad de técnicos, mientras que en el resto del país a veces se presentan dificultades para conseguir especialistas. “Incluso a nosotros, que estamos a 40 kilómetros de Montevideo, nos cuesta muchísimo conseguir técnicos para dar respuesta a la demanda. En esa situación se tienen que activar otros mecanismos, como el pago de viáticos para poder acercar a los técnicos. Imagino que esa realidad en un centro que está a 100, 200 o 300 kilómetros de Montevideo debe ser más compleja, pero es uno de los aspectos difíciles que sobre todo los centros del interior tenemos que afrontar”, comentó el secretario.
Ponerse de acuerdo
La idea de las autoridades del BPS “es invertir más, mejor y mejorar los controles”, manifestó Graffigna a la diaria. A su vez, no sólo se proponen mejorar los niveles de concurrencia a los centros, sino la calidad del servicio que reciben los beneficiarios. “Saber realmente, si tú tenés una persona a la que le estás dando una asistencia equis, si en el tiempo que se le dio la asistencia mejoró y cuánto mejoró”, y además, “trabajar de forma sincronizada con otras instituciones del Estado que también hacen su aporte”, expresó el vicepresidente. “Tenemos que cuidar los recursos que tenemos y tratar de aprovecharlos al máximo. Cuando hay una situación anómala como la que se puede haber detectado ahora, corregirla mirando para adelante”, agregó.
Los socios de la red pretenden establecer un “diálogo fluido” con las autoridades del BPS, una dificultad que consideran “histórica”. El objetivo de la red es “empezar a entrelazar aspectos técnicos y administrativos, y lograr un acuerdo o criterios en común”, sostuvo Veiga. Señaló además que es necesario que ambas organizaciones se complementen para brindar mejores servicios, optimizar los recursos públicos y la continuidad de los tratamientos.
El secretario de la red contó que plantearon a Graffigna dos líneas de trabajo fundamentales en conjunto: por un lado, “establecer una mesa de diálogo técnica para definir criterios de trabajo común”; por otro, “elaborar un sistema informático que permita no solamente una mejor gestión a nivel empresarial y poder ser auditables desde el punto de vista administrativo”, sino crear todo un sistema para poder acceder de forma digital al “legajo del niño, desde el proceso del niño en el centro, con qué técnicos trabaja, en qué áreas lo hace, y acceder a los informes de los técnicos”. “Un poco en eso quedamos”, expresó el secretario. Ahora la red espera que el BPS notifique quién va a ser el interlocutor o los interlocutores con los centros para comenzar este proceso.