El Senado aprobó un proyecto de ley que restituyó el artículo 38 de la Ley de Salud Mental que refiere a los centros monovalentes y a las internaciones en estos dispositivos, que había sido modificado en la última ley de presupuesto.
En su versión original, el artículo prohibía “la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados, desde la entrada en vigencia de esta ley”. Además, establecía que los que ya existen deben adaptar “su funcionamiento a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
También establecía “el cierre definitivo de los centros y la transformación de las estructuras monovalentes”, así como el desarrollo de una red de estructuras alternativas.
En marzo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) alertó sobre varios cambios, entre ellos, que se volvió a habilitar la internación en estos dispositivos y “se extendió el plazo” para el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes”.
Finalmente, este martes, el proyecto de artículo único aprobado por unanimidad en la cámara alta dejó sin efecto los cambios. “Queda prohibida la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados, desde la entrada en vigencia de la presente ley. Los ya existentes deberán adaptar su funcionamiento a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”, establece la normativa.
Agrega que “queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes. Se establecerán acciones para el cierre definitivo de los mismos y la transformación de las estructuras monovalentes”.
“El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de esta ley. El Poder Ejecutivo establecerá, en la reglamentación de la presente ley, el cronograma de cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes. El cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder temporalmente el año 2029”, concluye.
En la previa de la votación se expresaron algunos legisladores, entre ellos, Patricia Kramer, una de las senadoras que más trabajaron en la propuesta, quien planteó que “en el artículo 381 de la ley de presupuesto se eliminó la referencia expresa a la prohibición de internación con el fin de ordenar la transición y garantizar la calidad de la asistencia”, pero que “la INDDHH observó la modificación y recomendó volver a la redacción original”.
Para la senadora, “hay pocas cosas más incómodas que desdecirse, pero también pocas cosas más honestas que revisar y volver sobre una decisión”. Valoró que el Parlamento, en lugar de justificar lo hecho, reconociera que la decisión tomada no fue bien recibida, “aunque no buscaba retroceder en derechos”, y aprobara un proyecto que obtuvo firmas de todos los partidos.
Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que el tema hasta ahora “no tuvo la acción política que debería haber tenido, en ningún gobierno, más allá de los acuerdos”.
Consideró que “las leyes de presupuesto terminan siendo utilizadas para resolver cuestiones que no son presupuestales” y que, si este tema “venía como ley autónoma, a nadie se le escapaba el cambio y todos los partidos le decíamos que va contra el espíritu de la ley. Tuvimos la suerte de que la INDDHH reparara en el cambio”.
Ojeda señaló que el cronograma de cierre de los centros monovalentes fue pedido al Ministerio de Salud Pública, puntualmente a la ministra Cristina Lustemberg, cuando compareció ante la comisión bicameral de salud mental y que el tema continúa pendiente. “Mi miedo es que cuando llegue 2029 estemos votando una prórroga. En el período de gobierno pasado pasó lo mismo”, recordó.
Por último, invitó a aprovechar el “error involuntario” para poner sobre la mesa la necesidad de contar “cuanto antes con un cronograma con fechas, responsables y algún plan de control y seguimiento que el Parlamento pueda hacer”.