“Sentís que la vida se te va, salís para afuera un rato, te meten para adentro, te bañás y se te pasa la vida”, cuenta un –o una– adolescente que reside en un centro de salud mental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó ayer un informe sobre un relevamiento que hizo entre setiembre de 2019 y principios de 2020 en 12 centros de atención de salud mental del INAU: diez de atención integral en salud mental (para niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos mentales compensados) y dos centros de atención de episodios agudos.
En siete centros detectaron “un trato distante y descuido emocional por parte del personal a cargo de la atención directa”. Se aplican medidas disciplinarias por descompensaciones por salud mental y se los encierra en un cuarto de contención por hasta más de un día, cuando debería ser acotado al tiempo que dura la crisis, explicó Soledad Pérez, del MNP, quien presentó el informe junto con María José Doyenart. Muchas de esas medidas de disciplinamiento se aplican como “un castigo” y no como una medida socioeducativa, expresa el informe.
Cerca de 300 niños, niñas y adolescentes residen en estos centros, en los que se hace un monitoreo de cámaras de vigilancia “inadecuado”, más con una intención de vigilancia que de protección de derechos y bajo riesgo de violar la intimidad. Los técnicos del MNP registraron que “no existen mecanismos de denuncia” que les den garantías de protección a los chiquilines que quieran hacer denuncias. El enfoque es básicamente sanitario y los niños y adolescentes no están informados sobre su situación ni se los hace partícipes en temas concernientes a su tratamiento. Se detectaron, además, incumplimientos en la aplicación de la normativa de internaciones voluntarias e involuntarias (como el informe médico o el aviso a la Justicia o a la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental).
El equipo del MNP que hizo el relevamiento estuvo integrado por profesionales de trabajo social, psiquiatría infantil, medicina legal, psicología, ciencia política y contó el apoyo de abogados, así como de Unicef. Visitó los centros sin previo aviso, revisó la documentación disponible y entrevistó a 153 niños, niñas y adolescentes, a 82 integrantes de equipos técnicos y de dirección, y al personal de atención directa.
Se registró el “uso inapropiado de medidas de contención”, tanto farmacológicas como mecánicas (como atarlos a las camas), y hubo centros en los que se constató que esos recursos eran usados como forma de castigo. En tres centros se constataron malos tratos verbales y físicos por parte del personal, pero las autoridades del INAU tomaron “medidas inmediatas” y se corrigió la situación. En cinco de los 12 centros identificaron “tratos amenazantes y humillantes desde el personal”, dijo Pérez, y agregó que en muchos casos la intervención del personal, “en lugar de atenuar una posible crisis, la propiciaba”. “Si no hacés esto, si no seguís las reglas te vamos a llevar a un lugar peor”, les dicen, transmitieron los niños, o la frase más directa “te quedás quieto o te quiebro”.
“Yo trato de no llorar porque, si no, me dan medicación”, dijo un niño, mientras otro relató que no lloraba para que no lo sancionaran.
Se detectó que los centros promueven la asistencia a clases, aunque identificaron “situaciones de discriminación en los centros educativos” que llevaban a la reducción de las jornadas educativas. 65% de los referentes afectivos de los internados estaba en otro departamento. “Las llamadas son de minutos y una vez por semana”, dice un testimonio, y Pérez agregó que el intercambio era, además, ante la supervisión del personal. Hay “escasas estrategias orientadas al egreso” del centro, dice el informe.
En 2019, y luego de tres años de denunciar la situación de las clínicas de salud mental y la estadía prolongada en clínicas de agudos de chiquilines que tenían el alta médica, el MNP había presentado una acción de amparo ante la Justicia por la situación de 16 adolescentes. El tiempo de estadía se mejoró, pero “40% de las niñas, niños y adolescentes que residen en clínicas de atención para episodios agudos permanecen allí aunque posean el alta médica”, dice el informe, y algunos hasta seis meses después del alta médica.
El tiempo de estadía en los centros para trastornos compensados también es alto. Doyenart mencionó que 13% de los niños de siete a 12 años ha permanecido internado en esos centros entre tres y nueve años, “lo que representa prácticamente toda su vida”. 44% de las personas mayores de 21 años que están internadas en esos centros (7,4% del total) lleva más de diez años allí.
En cuanto a la trayectoria de estos chiquilines, la tercera parte de quienes residen en estos centros pasó por cuatro o más centros del sistema de protección especial.
Los centros tenían condiciones adecuadas de mantenimiento, vestimenta y alimentación, aclararon las técnicas, que también mencionaron que los problemas no son iguales en todos los lugares, así como tampoco los funcionarios.
Las recomendaciones son varias, apuntan a prevenir toda forma de maltrato, a evitar “la privación de libertad ilegítima o arbitraria”, a abordar la salud mental desde una mirada integral y comunitaria (para lo que piden sumar actividades de educación y recreación, así como crear dispositivos comunitarios y un plan de egreso sustentable de quienes están internados). Se aconseja, además, garantizar que los niños y adolescentes sean informados y participen en las decisiones que les conciernen (desde decidir qué ropa quieren ponerse a saber si mejoran y cuánto tiempo estarán allí) y “transitar hacia un sistema de protección integral”.
Ver o no ver
El informe se titula “La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niños, niñas y adolescentes” y fue comentado por las autoridades. Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDH), planteó que se trata de “los más vulnerables de todos los vulnerables” y que es necesario que el Estado “avance en su obligación de respetar y defender el derecho a la salud de estos niños”. Pidió eliminar los riesgos de violencia institucional y “ayudar al cierre de las estructuras monovalentes”, tal como lo dispone la Ley de Salud Mental, para que estos niños puedan permanecer en la comunidad. Luz Ángela Melo, de Unicef, agregó el desafío de garantizar la inclusión educativa de estos chicos.
Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, dijo no compartir el título de la publicación, porque la actividad era para visualizar estas situaciones y porque hay “unión institucional” y voluntad política de resolverlas. De todos modos, dijo que “es preocupante que no existan mecanismos de denuncias formales”, “la aplicación de medidas disciplinarias”, los “niveles altos de seguridad centrados en el control y no en la protección de los niños y niñas”. Dijo que al INAU le preocupan “desde el primer día” los tiempos de permanencia y que “hubo un tiempo en que se había avanzado en que la internación fuera el último recurso”, pero que “lamentablemente desde hace unos años ha habido un aumento de internación de niños y niñas en general y también en lo que tiene que ver con el tema de la salud mental”.
Pablo Abdala, presidente del INAU, dijo compartir los desafíos planteados por el informe y valoró el diálogo fluido que tiene el INAU con la INDDHH, algo que también fue mencionado por Tayler y Doyenart. Dijo que la Ley de Salud Mental introdujo un cambio de paradigma y que los cambios empezaron a verse en la licitación de la contratación de centros que impulsó la administración anterior y que está vigente hasta setiembre. Adelantó que el INAU está elaborando las bases de los nuevos pliegos sobre la anterior y que profundizará “el cambio de cultura institucional”. Según Abdala, en 2020 el INAU incorporó educadores sociales a varios centros, se avanzó en la formación y la capacitación de funcionarios en derechos humanos y gestión de la crisis, y se firmó un convenio para incorporar a 30 acompañantes terapéuticos. Doyenart aclaró luego en diálogo con la diaria que hasta ahora sólo se han incorporado cuatro de esos acompañantes y que únicamente hay un educador social por centro.
Abdala dijo que a fines de 2020 hubo cambios para que los cuartos de contención “no se convirtieran en salas de tortura”, aunque aclaró que no eran suficientes, y comentó que disminuyeron 30% de situaciones de crisis y que eso da cuenta de la mejora de los tratamientos precrisis. Expresó que el derecho a ser oído “es una carencia notoria”, así como involucrar a las familias y alejarse “del enfoque exclusivamente terapéutico”. Agregó que en 2020 el INAU aplicó sanciones a funcionarios a raíz de 11 denuncias de malos tratos. En cuanto a la permanencia en clínicas de agudos de niños y adolescentes con el alta médica, dijo que en 2020 77% de ellos (176) permaneció menos de 30 días, que 40 permanecieron más de 30 días y 20 más de 120 días, “y seguramente siguen hasta la actualidad”, acotó; “esto es gravísimo”, reconoció.
316 niños, niñas y adolescentes estaban internados en centros de salud mental de 24 horas de INAU en diciembre de 2019. 40% de quienes residen en clínicas de atención para episodios agudos permanece allí aunque tenga el alta médica.
Tras la ley de presupuesto, los centros de atención de salud mental de agudos pasaron a depender de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Según Abdala, eso “va a tener consecuencias muy importantes desde el punto de vista socioeducativo”, en lo que se podrá enfocar el INAU.
Horacio Porciúncula, responsable del área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, expresó que la solución pasa por la intervención interinstitucional, que está contemplada en la Ley de Salud Mental, y en la que se está trabajando “profundamente”. Dijo que la desinstitucionalización es un proceso progresivo y que hay que generar una red de estructuras básicas en el marco del sistema de salud con dispositivos específicos para niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, comentó que el hospital Pereira Rossell “está estructurando un centro con este perfil”.
El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, expresó que “no hay manera de no conmoverse” ante lo que muestra el informe. Dijo que como sociedad debemos plantearnos “qué queremos que sea la cabeza de estos niños, niñas y adolescentes, si una cárcel o un mirador desde donde ver la realidad de la manera más promisoria posible”.
Afirmó que ha recorrido algunos centros y que ha visto “gurises que por problemas de salud mental la cabeza les oscila permanentemente y no pueden fijar la vista”, y que la meta es que “puedan encontrar una solución, que no tengan esa vida tan efímera en pensamientos, en deseos; uno a veces ve como que [parece] que les costara la capacidad de amar a otros, porque su pensamiento está en lo inmediato, en lo que les está pasando en ese momento, y no pueden ver la realidad con ilusión”. Dijo que trabajará para darles apoyo a los funcionarios, porque “todos los días estar cuidando gurises así; hay un riesgo grande de volverse un poco, no digo ‘fríos’, pero sí como acostumbrarse a eso y pensar que es poco ya lo que podemos hacer por ellos”.
Sin grandes cambios
El monitoreo de los centros de atención de salud mental del INAU continúa, explicó a la diaria María José Doyenart, que aclaró que no se incluyó en el informe porque debido a la pandemia se siguió otra metodología, con visitas fueran más acotadas y de menos técnicos.
Durante la pandemia, los centros de salud mental tuvieron “mayores niveles de encierro” que otros centros del INAU y se cancelaron las visitas y las actividades dentro y fuera de ellos, algo que no ocurrió ni siquiera en centros con residentes con discapacidad y comorbilidades, afirmó Doyenart.
En las visitas presenciales durante 2020 “se siguieron constatando las situaciones de internación prolongada posterior al alta” y el recurso del aislamiento como medida de contención. “Corroboramos que se mantienen situaciones de internación involuntaria que no estaban acompañadas de informe médico” ni habían sido anunciadas a los organismos correspondientes, agregó. Detalló que 13% de las internaciones de niños, niñas y adolescentes en clínicas de agudos son involuntarias y que el director de uno de esos centros dijo que “en realidad las involuntarias son muchas más”, sólo que “no son registradas como involuntarias”.
Doyenart comentó que sigue habiendo relatos de prácticas de las medidas de contención y castigo, de encierros prolongados, y de la aplicación excesiva de medidas farmacológicas y “como medida de disciplinamiento”. “Lo que refleja el informe, en líneas generales, se mantiene”, afirmó.