“El cierre del Vilardebó no va a ser, nosotros no vamos a cerrar el Vilardebó, pensamos adaptarlo como hospital judicial con un cupo de 100, 140 camas”, y también podrá haber “algún paciente social”, expresó Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el viernes 14 en diálogo con la prensa. Anunció, además, que no se cerrarán las colonias psiquiátricas, hoy denominadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos), en donde residen 610 pacientes. Dijo que muchos de ellos han estado institucionalizados desde la niñez y que hoy “están bien atendidos”. “Uno puede decir ‘la ley’, ¿y qué hacés con 610 personas? ¿Te las llevo a tu casa, se las llevo a la casa de otro? ¿Cómo se les va a dar la atención?”, les repreguntó Cipriani a los periodistas que consultaron por el cierre de las instituciones asilares y monovalentes, que según la Ley de Salud Mental debe concretarse en 2025. Acotó que no ingresan pacientes nuevos a las colonias (desde 2017, tal como estableció la ley) y que estiman que al final del período se reduzca 30% su población, aunque no dijo cómo. La ley dispuso, también, que dejaran de ingresar pacientes al Vilardebó, pero eso nunca se aplicó, excepto durante un período de 2020 en que hubo un brote de covid-19 en el hospital.
“La ley lo que implica es la internación de los pacientes en hospitales generales”, dijo, y comentó que dentro de dos años se podrá disponer de 70 camas para internar pacientes en crisis agudas en el hospital Pasteur, que se crearán otras 70 camas en el Saint Bois y diez en el hospital de Canelones; el total de camas a crear coincide con el promedio de 150 pacientes en internación aguda que residen en el Vilardebó. Agregó que la Ley de Salud Mental dispone la creación de dispositivos alternativos, como la Casa Buceo y la Casa de San Carlos –creados en Montevideo y Maldonado, respectivamente, por la administración anterior– y que recientemente se abrió una casa en Mercedes. Aclaró que la ley habla de crear residencias asistidas, pero que “hay que generarlas”. “Hoy en día, se pueden imaginar, es una serie de recursos muy grande que nos va a sobrepasar en el período”, expresó. Recordó que la ley se aprobó en 2017, pero sin financiación, y que esta administración reservó fondos para las reformas mencionadas y para aumentar la carga horaria de los psiquiatras.
“Todo congelado”
El sábado, al día siguiente de las declaraciones de Cipriani, el Frente Antimanicomial, integrado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por familiares y usuarios de servicios de salud mental, emitió una declaración en repudio a las declaraciones de Cipriani. “La ley debe cumplirse, no se trata de una cuestión de opiniones o de estar de acuerdo o no. La ley estipula que los manicomios y lugares de encierro deben cerrarse al año 2025”, expresa el comunicado del Frente Antimanicomial, que recordó que la ley dispuso la creación de un cronograma de cierre de los establecimientos asilares y monovalentes, algo que no se ha aplicado.
“Se utilizan como argumentos de estas opiniones motivos presupuestales en momentos en que los recortes hacia las políticas sociales y de promoción y reconocimientos de derechos son cada vez más notorios”, lamentan, y se preguntan cómo se crearán los dispositivos alternativos que garantizarán la atención en la comunidad de las afecciones de salud mental.
En diálogo con la diaria, Cecilia Baroni, psicóloga y coordinadora del proyecto Radio Vilardevoz, transmitió la preocupación del colectivo porque “está todo congelado”. Reclamó que hasta ahora no se ha convocado a la Comisión Asesora en Salud Mental que fue creada en noviembre de 2019, mediante el decreto que reglamenta el artículo 11 de la Ley de Salud Mental. Ese artículo dispone el abordaje interinstitucional de la problemática, en el entendido de que, además de involucrar al Ministerio de Salud Pública (MSP), comprende también a los de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, y del Interior, entre otros organismos estatales. Baroni recordó que esa comisión –integrada por representantes del MSP, de organizaciones de usuarios, de familiares, de instituciones académicas, de delegados del PIT-CNT, de ONG vinculadas a la salud mental, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental– “se creó para garantizar la participación” y que “al no estar convocada se pierden los aportes”.
“Se sigue en esta lógica de la internación como solución y no se va hacia la apertura de dispositivos o de centros más chicos”, lamentó Baroni, que aclaró no estar “en contra de la internación si es necesario”, pero sí en contra de que se frene el avance de unidades especializadas de salud mental en hospitales y la creación de dispositivos alternativos. Transmitió que el colectivo está alerta porque “venían diciendo que la ley se iba a cumplir, que había tiempo, pero estamos a cuatro años de 2025 y en vez de hacer un cronograma, te dicen que no va a ser posible y se frenó la apertura de dispositivos que estaba habiendo. ¿Cómo sigue si el aviso es este?”, preguntó la psicóloga.
El comunicado del Frente Antimanicomial explicita que se está en contra del “avance neoliberal” y “del recorte de los derechos humanos de los usuarios”. En diálogo con este medio, Zai Sans, militante social e integrante del Frente Antimanicomial, reafirmó esa postura y declaró que “los dispositivos alternativos deben ser reconocidos y deben tener fuerza, pero el manicomio nunca va a ser la forma ni la opción; hoy lo es, pero no debería serlo si pensamos en la salud mental en materia de derechos humanos”.
Baroni expresó que “queda en evidencia que hay un abordaje para la pobreza y otro para los que tienen recursos, porque la gente que tiene recursos se banca sus terapias y todo lo que pueda pagar para salir de una situación de estas, mientras que en la pobreza no es así, las personas dependen absolutamente del Estado y de las respuestas que pueda dar el Estado para salir de una situación crítica”.
“Falta de liderazgo”
Consultado por la diaria, Ángel Valmaggia, psiquiatra y presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental, comentó a título personal las declaraciones de Cipriani. “Quien tiene el rol rector de la salud es el MSP. Me llama mucho la atención que él, desde su rol de prestador, decida cuáles son las políticas que va a llevar adelante la institución, cuando en realidad es una ley de salud mental, la Ley 19.529, que fue votada por unanimidad en agosto de 2017”, expresó. Agregó que “en el artículo 1º dice que es una ley para todos los habitantes de la república y que sus disposiciones son de orden público e interés general, es decir que son obligatorias”.
Además de señalar “la falta de liderazgo claro con capacidad de actuar entre todos los prestadores de salud y llevar adelante lo que la ley propone”, Valmaggia dijo que está faltando la participación interinstitucional, establecida por el artículo 11 de la ley. Comentó que no se trata sólo de hacer internaciones en hospitales generales, sino que también comprende a la comisión asesora que no se ha convocado, y que propone crear centros diurnos, casas de medio camino y residencias asistidas.
“Es un cambio sumamente importante en la salud mental, y no es un prestador quien lo debe llevar adelante sino todo el sistema de salud; es el MSP quien decide qué hacen o qué no hacen las instituciones y qué servicio prestan o no prestan”, insistió. la diaria intentó, sin éxito, hablar con referentes del MSP.
Valmaggia aclaró que los recursos económicos no tienen que salir sólo del Presupuesto nacional: “Se puede buscar alternativas para financiar este cambio para todos los prestadores de salud, no solamente para ASSE, porque todos están obligados a llevar adelante este cambio”. Para esto, Valmaggia propone crear un fondo específico para financiar la aplicación de la ley: un fideicomiso que reciba dinero de “una sobrecuota de inversión”, un mecanismo que usaron durante varios años las mutualistas (con 3% de la cuota mutual) para reformas en la planta física, compra de equipamiento y la instalación de la historia clínica electrónica. Propone, además, que ese fondo reciba dinero de ministerios, de intendencias y donaciones de particulares. “A las instituciones de asistencia médica colectiva les va a costar muchísimo poder asumir un cambio en la salud mental. Es más atractivo traer equipamiento y tener una planta física limpia que tener servicios de salud mental en la comunidad para sus afiliados; esto es así, es real”, acotó.
Según Valmaggia, “lo que propone esta ley es una reestructura que tiene muchas tensiones y muchas resistencias, muchos conflictos, y que es un desafío sumamente grande” porque “establece un cambio de paradigma en la atención en relación a la salud mental de la población y exige más que voluntad y entusiasmo”.
Hospital judicial
Baroni dijo que “en ciertos aspectos el Vilardebó ya funciona como un hospital judicial”. Recordó que se han hecho múltiples denuncias sobre su funcionamiento, incluida la infraestructura, porque el edificio tiene más de 100 años. “Seguimos usando esto, que tiene estas instalaciones que se están cayendo a pedazos. No es un hospital, es una serie de cuartos enormes en los cuales metés un montón de gente. ¿Por qué son esas las condiciones de internación para la gente que no tiene recursos, cuando en otros sectores de la salud podés estar diciendo que vas a inaugurar un hospital en el Cerro. Hay algo acá que tiene que ver con la temática y con una concepción de la locura y del hacerse cargo que es ‘que estén ahí, que pasen sus días’, lo cual es grave”, reclamó.
Valmaggia, por su parte, reafirmó la necesidad de tener un hospital judicial, pero no este. “Es otro el paradigma en salud mental que propone la ley y por lo tanto no creo que el servicio que existe actualmente para personas privadas de libertad sea el mejor que se pueda prestar, porque es sumamente restrictivo, las salas que existen para estas personas están enrejadas, no tienen espacio, me parece totalmente inadecuado para un servicio de recuperación”, sostuvo.