Alberto Iglesias, expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, reapareció en la escena pública este jueves luego de una ausencia de varias semanas, previo a que el Poder Ejecutivo decretara el cierre de la mutualista.
En una carta publicada en Búsqueda, Iglesias explica que debió someterse a tres operaciones, la última el 29 de diciembre, y actualmente se encuentra atravesando el proceso de recuperación. “Esta carta es una fe de vida, no estoy muerto ni me fui del país”, indica. A su vez, adelantó que cuando esté totalmente recuperado va a “responder una por una las consultas y difamaciones que se han hecho circular”.
Respecto del cierre de la mutualista, Iglesias sostuvo que cuando finalice su recuperación va a “defender en todos los escenarios necesarios lo actuado por nuestra Junta Directiva durante todo su período de 36 meses” y que se presentará ante la Justicia para que dirima “si no hay responsabilidades en el pasado y desde que asumieron estas autoridades que gobiernan la salud desde el 1º de marzo de 2020, que con sus omisiones y decisiones han perjudicado su funcionamiento hasta provocarle un daño, a nuestro entender, irreparable”.
El expresidente de la Junta Directiva manifestó que hay dinero suficiente para pagar los sueldos de los funcionarios de la mutualista por los próximos tres años y que “se va a pagar todo lo que corresponde”, al tiempo que pidió al presidente Luis Lacalle Pou que “pueda cumplir con su palabra de ayudar a Casa de Galicia y devolverla a los gallegos y sus descendientes”.
“Sería muy duro para nosotros que así no fuese, por tener más de 104 años y por ser la institución más importante de afiliados gallegos en el mundo fuera de Galicia. Sería muy duro si perdemos un patrimonio de esta importancia, por una decisión difícil de explicar, cuando se aclaren los temas”, indica Iglesias en la carta.
Luego de declarar el concurso voluntario el 18 de noviembre y designar a los síndicos, el juez Leonardo Méndez resolvió el cierre de Casa de Galicia el 23 de diciembre, en una sentencia que determinó el “cese inmediato de actividades”, con excepción de los servicios de institutos de medicina altamente especializada (IMAE). El 26 de octubre ya había empezado a funcionar la intervención administrativa resuelta por el ministerio de Salud Pública (MSP), que desplazó a la junta directiva con Iglesias a la cabeza. Debido a la incompatibilidad de tener dos intervenciones, el MSP cesó el 2 de diciembre a sus interventoras, en medio de críticas del juez por no colaborar con la sindicatura entrante.
El 29 de diciembre, los socios de la mutualista organizaron una sentada pacífica frente a la residencia presidencial ubicada en Suárez y Reyes para entregar una nota en la que explicaban por qué no debía cerrar la institución. El martes 4, también un grupo de socios visitó la Torre Ejecutiva para hablar con el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli, el ministro interino de Salud Pública, José Luis Satdjian, y el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda. En esa reunión presentaron “un proyecto de inversión” de un grupo europeo “de primer nivel”, que estaría dispuesto a comprar todo el paquete: trabajadores, socios y deuda.
Por otro lado, el abogado del MSP Gustavo Bordes y el director del área Jurídica de la cartera, Martín Thomasset, se reunieron con el fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, para anunciar que ampliarían la denuncia que habían presentado contra Iglesias y otros miembros de la junta. Según los especialistas, las interventoras de la mutualista detectaron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.