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Emergencias móviles en centro de salud de ASSE (archivo, marzo de 2021).

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Sindicatos de la salud y emergencias móviles se reunirán con comisión multiinstitucional para abordar los hechos de violencia a las unidades

2 minutos de lectura
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La FFSP convocó a la RAP Metropolitana a un paro de 24 horas y sindicato de trabajadores de emergencias móviles delimitó el paro a la zona donde ocurrió el último episodio.

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Leído por Abril Mederos.
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Ante hechos de violencia contra unidades de las emergencias móviles y en particular un último intento de robo en el que un chofer fue herido con un arma de fuego, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y la Cámara de Emergencias se reunieron este lunes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el ministro de Salud, Daniel Salinas, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y el director Nacional de Policía y el de Montevideo, Diego Fernández, y Mario D’Elia, respectivamente.

“Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la covid-19, esperando de las autoridades y empresas comprensión y responsabilidad para encontrar mecanismos que eviten estas situaciones de violencia contra trabajadores de la salud”, se indicó en un comunicado de la FUS. 

Asimismo, se manifiesta que “las unidades de emergencia son en gran medida quienes llevan adelante la política impulsada desde el MSP [Ministerio de Salud Pública] de testear a la población”. En ese marco, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo a la diaria que en la reunión se “planteó la necesidad de que se encuentren soluciones al menos parciales ante un problema que afecta al conjunto de la sociedad”. Si bien catalogó al encuentro como “fructífero”, se terminarán de concretar las medidas en una reunión con la Comisión Multiinstitucional por la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria, que se llevará a cabo a la brevedad, aunque todavía no está pautada la fecha.

Según dijo a la diaria Marcos del Pino, presidente de la Asociación de No Técnicos de Emergencia Uno e integrante de la FUS, el objetivo es “tener algunos arreglos en el protocolo de seguridad” que se encuentra “trancado desde el año pasado”. Asimismo, también señaló que se reunirán con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Mieres explicó que se repasaron “los criterios que existen actualmente para ajustar el funcionamiento y garantizar la seguridad de los trabajadores” y, en ese sentido, “hay cosas para seguir trabajando”. Uno de los acuerdos que se desprenden de la reunión es que las ambulancias o los vehículos de emergencia que ingresan “a las zonas de riesgo” deben estar monitoreados por el Ministerio del Interior. Según contó Mieres, la herramienta ya existe, pero se tratará de que haya una “coordinación lo más exitosa posible”. 

Por otro lado, se habló de la necesidad de aumentar la señalización de, más que nada, “los autos contratados, que no tienen las luces verdes o cartelería como la ambulancia”, dijo el ministro. La coordinación deberá de hacerse también con la Intendencia de Montevideo (IM) que, según dijo del Pino, “está multando a los autos porque la luz verde está habilitada sólo para las ambulancias”. La reunión con el ente aún no está fechada.

Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, “es imposible garantizar el 100% y cada tanto ocurren estas cosas”. Aun así, manifestó que a la cartera le “preocupa mucho la salud de los trabajadores” y que cree que todos “valoraron muy positivamente” la reunión. 

En consecuencia de los hechos de violencia recientes, catalogados según un comunicado de la FFSP como “de extrema gravedad”, la Federación convocó a la RAP Metropolitana a un paro por 24 horas. “Expresamos nuestro repudio al episodio de violencia y nuestro más absoluto respaldo al personal de salud, que desde la primera línea, vive en constante alerta este tipo de situaciones”, se informa en el comunicado.

Del Pino explicó que desde la Red de Sindicatos de Trabajadores de las Emergencias Móviles habían previsto un paro en todo Montevideo, pero que finalmente, como requisito para poder concretar la reunión y por la situación de la pandemia, se delimitó el paro para la zona en la que tuvo lugar la última agresión: allí ingresan sólo cuando son clave 1 –es decir, el paciente corre riesgo de muerte– y 2 –cuando no corren riesgo y pueden esperar sin ser atendidos por un máximo de dos horas–, y con apoyo policial. “Esta reunión abre un nuevo camino para hablar sobre esta violencia que sufrimos a diario”, concluyó.

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