En una conferencia de prensa convocada por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en el marco del Día de la Salud Mental, que se conmemoró este lunes, ambas instituciones presentaron un documento que tiene como principal objetivo hacer aportes para el cumplimiento de la Ley de Salud Mental (19.529).
Zaida Arteta, presidenta del SMU, manifestó que el sindicato entiende que el tema de la salud mental es “de elevada prevalencia” y afecta de manera significativa la vida de las personas. Afirmó que en los tratamientos “es imprescindible el trabajo multidisciplinario” y profundizar en la descentralización de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para ampliar la atención en el primer nivel con enfoque preventivo, área en la que si bien “hay avances”, “han quedado por la mitad”.
Agregó que es muy importante destinar recursos a la salud mental y transformarlos “en propuestas concretas y acciones que den accesibilidad a los equipos”. Por todos estos motivos, sostuvo que el SMU consideró que la propuesta elaborada por la SPU, luego de “múltiples reuniones, estudios y trabajo”, logra poner sobre la mesa varios puntos importantes.
El documento de la SPU se elaboró luego de una serie de encuentros de intercambio en referencia a la Ley 19.529, y lo acompañan algunos datos sobre salud mental difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre Salud Mental 2022.
Algunas de las cifras más alarmantes indican que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de algún trastorno mental, por ejemplo, depresión o ansiedad, que son dos de los más comunes. Por otra parte, el informe citado por la SPU indica que los trastornos mentales son la principal causa de los años perdidos por discapacidad (APD) y representan uno de cada seis casos en el mundo.
La propuesta de la SPU y algunos datos
Gabriela Garrido, psiquiatra infantil, profesora y directora de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, manifestó que hace años que la salud mental de niños y adolescentes en Uruguay es preocupante. Recordó que en 2006 un estudio epidemiológico ubicaba al país como uno de los territorios de alta prevalencia de problemas de salud mental. “En este marco, la pandemia agravó la demanda de las consultas y la complejidad”, pero “no hemos respondido con la velocidad que requería la situación”, lamentó.
Garrido consideró que aún se sostiene “una respuesta enlentecida a las situaciones complejas” y que “estamos lejos de responder al territorio”. “Estamos llegando tarde y en una situación de emergencia” en lo que refiere a la salud mental de la infancia y la adolescencia, aseguró.
Como evidentemente Uruguay “no es ajeno a la situación” mundial, la SPU planteó que estas y otras situaciones se pueden prevenir y mejorar con “voluntad política y recursos económicos”. Una de las propuestas se basa en modificar el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el que continúa predominando “un modelo hospitalocéntrico en salud mental que invierte en sostener estructuras monovalentes de internación”, con “formas de organización y procedimientos dirigidos a contener las crisis”, pero sin espacio para el “acompañamiento sostenido”, según la propuesta.
Además, en la práctica diaria, “en la mayoría de los servicios no funcionan equipos multidisciplinarios, la atención es fragmentada con eje en la consulta psiquiátrica” y se mantienen “viejos paradigmas alejándose de la guía que constituye la ley”, aprobada por unanimidad en 2017.
Por otra parte, basándose en que, según las cifras del Observatorio Uruguayo de Drogas, en el país “el consumo problemático de alcohol llega a 260.000 personas”, la SPU propone “un abordaje conjunto” del consumo y la salud mental.
Otra de las propuestas apunta al financiamiento de la atención. Entre otras cosas se plantea que un porcentaje de la sobrecuota de inversión que reciben los prestadores privados se destine “al financiamiento de la promoción, prevención, dispositivos residenciales con apoyo” y también a la rehabilitación de los usuarios de los servicios de salud mental.
Agregan a la propuesta integrar los recursos económicos que “se ahorren al disminuir la población de las instituciones monovalentes”, hasta llegar a la totalidad de lo que se destinan a ellas, “luego de su cierre, previsto [por la ley] para el año 2025”.
“Hace falta un cambio de paradigma”
Al finalizar la presentación, Artigas Pouy, el presidente de la SUP, dijo a la prensa que la idea es contribuir con “elementos facilitadores para la mejora de la asistencia” porque entienden que hay algunas soluciones que “se están demorando”. El documento “se elaboró pensando en capacidades y posibilidades” del sistema de salud uruguayo, acotó.
“Vemos la ley como un todo que brinda una serie de herramientas que debemos aprovechar”, sobre todo “respecto a la desinstitucionalización”, remarcó.
Sobre la salud mental de la población dijo que aún no se sabe si en adultos la emergencia es la misma que mencionaba Garrido sobre las poblaciones más jóvenes, pero que sí se observan “elementos inquietantes” al respecto.
Por último, sostuvo que además de destinar recursos “hace falta un cambio de paradigma y un proceso asistencial completo” que se inicie en el primer nivel de asistencia.
En cuanto al tema medicamentos, sobre el cual recientemente también se pronunció el Ministerio de Salud Pública, Pouy dijo que “hay faltantes”.