Hace más de un mes que los trabajadores médicos de la ex Casa de Galicia llegaron a un acuerdo para ser contratados por cinco empresas -Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami- ante el cierre de la mutualista. Sin embargo, las dificultades continúan y, por ese motivo, exsocios y trabajadores médicos concurrieron este martes a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores a plantear diversas inquietudes.
Antes de concurrir a esta comisión, la delegación de médicos -integrada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ)- participó en una reunión de la comisión de seguimiento que se pautó en el acuerdo con las cinco mutualistas, en el Consejo de Salarios.
Médicos
Según un comunicado del SMU referido a las dos instancias de ayer, en la comisión de seguimiento se planteó “la falta de avances en la concreción de la redistribución de los puestos de trabajo médicos y los errores en la lista de priorización de los médicos a convocar”.
El acuerdo pautó que se priorizara la contratación de los médicos que trabajaban exclusivamente en Casa de Galicia y aquellos que obtenían la mitad de sus ingresos de la exmutualista. Según el comunicado, las fallas en la priorización se dieron por algunas complicaciones con la lista de trabajadores que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) proporcionó a las cinco empresas. “Faltaban médicos o algunos estaban mal clasificados”, expresó el comunicado, y adelantó que los gremios están trabajando en las correcciones.
Por último, en la reunión de seguimiento se habló sobre “los motivos para rechazar un cargo y se solicitó que en la reunión de la comisión de seguimiento de la semana próxima las empresas presenten un reporte de los médicos que han sido contratados por cada una de ellas para que la comisión verifique que esto sea correcto”.
Horas más tarde, presentaron los mismos temas en la Comisión de Salud. Además se sumaron otras inquietudes, por ejemplo, “la preocupación por el retraso en el pago de haberes correspondientes a salarios y variables del mes de marzo”, porque “los recursos existen pero no hay una estructura administrativa que pueda realizar las liquidaciones correspondientes para efectivizar los pagos”, según informó el SMU.
Otra de las preocupaciones de los trabajadores médicos es la situación del sanatorio, que no recibió una oferta válida para su licitación. “Esto implica que trabajadores que tenían prevista una continuidad laboral en la empresa que ganara la licitación queden desocupados a partir del 15 de mayo”, concluyó el comunicado.
“Estamos en una situación extremadamente compleja porque hay dificultades relacionadas con la rigurosidad de la información, propias de una empresa que desapareció precisamente por esos problemas”, expresó en la comisión Ximena Carrera, presidenta de la Asociación de Médicos y Practicantes. Agregó que en la actualidad “la gran mayoría de los trabajadores de Casa de Galicia han sido despedidos, no tienen su liquidación final y, por lo tanto, no han cobrado los despidos correspondientes que brinda el fondo de garantía del BPS [Banco de Previsión Social]”.
“A su vez, hay otro grupo que trabajó durante un mes en el sanatorio y no tiene su salario. El proceso de incorporación de trabajadores viene lento como consecuencia de las dificultades que teníamos en los datos, algo que advertimos durante el proceso de negociación”, expresó.
Por su parte, José Minarrieta, integrante del SMU, solicitó una mayor participación del Ministerio de Salud Pública, del MTSS y del Poder Ejecutivo en la solución de los problemas planteados. Minarrieta adelantó que el gremio evalúa “la posibilidad de denunciar el acuerdo por incumplimiento”. “Creemos que eso es muy grave; altera y complica todo este proceso, que de por sí ha sido muy complejo para todos, sobre todo para los médicos que ahora están sin trabajo, sin cobrar y sin perspectiva”, fundamentó.
Socios
En el caso de los exsocios, la delegación que se presentó en la Comisión de Salud estuvo integrada por Sandra Montes, Karina Gómez, Ana Losada, Aldo Fernández y Aníbal Pereyra.
Montes planteó que existen “demoras en la atención y tickets abusivos” y que ante la denuncia del problema a la Junta Nacional de Salud (Junasa), la respuesta que los exsocios recibieron fue que en “el Ministerio de Salud Pública se están tomando las medidas necesarias que permiten verificar que el nivel asistencial de los usuarios de ex Casa de Galicia no se resienta y que, dado lo reciente de los hechos y que los prestadores no han culminado todavía los procesos de adaptación a la nueva realidad, no pueden dar en este momento una respuesta acorde a nuestras expectativas”. El MSP agregó que de todas formas ya trabaja en las irregularidades informadas. “El problema es que estamos hablando de la salud, y los tiempos no son los mismos que maneja la burocracia”, consideró Montes.
Otro de los problemas que planteó la exsocia de Casa de Galicia refiere al acceso a determinados servicios y a demoras en la atención. Según Montes, en marzo empezaron a tener problemas con faltante de medicamentos, luego con aparatos y medicamentos, por ejemplo, inhaladores, insulina y diaformina. También hubo problemas en cuanto a cobros excesivos, por diferentes motivos: “En los prestatarios a los no Fonasa les cobraban examen de admisión, más de 30.000 pesos por los estudios y, dependiendo de los resultados, les daban los derechos asistenciales”. Si bien luego de presentar la queja a la Junasa esto dejó de suceder, “hubo días en los que sí pasaba, y hay gente que pagó ese dinero”, aclaró Montes.
Las denuncias no son recientes; de hecho, el martes 15 de marzo, cuando una delegación del MSP encabezada por el ministro de la cartera, Daniel Salinas, participó en la Comisión de Salud de Diputados, el presidente de la Junasa, Alberto Yagoda, informó que habían recibido denuncias de socios de Casa de Galicia –“sobre todo de afiliados no Fonasa, sino individuales y colectivos”– de que habían ido a sus nuevos prestadores de salud y “se les exigía cerca de 20.000 pesos para un examen único” de ingreso.
Los socios de Casa de Galicia fueron distribuidos en las cinco empresas según el último número de su cédula, pero por si no estaban de acuerdo con el prestador asignado, se les concedía 15 días para optar por uno de su preferencia. La opción del traslado hizo que no se cumpliera con la Ley 20.022 -que establece que el número de socios que recibiera cada mutualista no debe superar el 15% de su padrón de afiliados-. En principio, según informó el MSP en marzo en la comisión, el Círculo Católico recibió 2.942 afiliados más, Crami absorbió 238 más y el Hospital Evangélico sumó 931; en el sentido inverso, 2.673 afiliados rechazaron la asignación inicial a Cudam y 1.519 abandonaron Universal. En el caso del Círculo Católico, su padrón de socios aumentó 18,3%.