Este lunes se cumplió el plazo para que las empresas contraten a los trabajadores no médicos de la ex Casa de Galicia, pero “aún quedan alrededor de 300 sin contratar”, informó a la diaria Alessandra Vera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag).
En abril, tras un acuerdo tripartito, se pautó la incorporación de 21 funcionarios no médicos por cada 1.000 afiliados de la ex Casa de Galicia y que fueran absorbidos por cinco empresas: Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami. Los funcionarios forman parte de una base de datos, pasan por un período de prueba de 30 días y, una vez cumplido ese período, se mantienen fijos o son sustituidos por otros trabajadores de la misma base de datos. Quienes estaban en funciones vuelven a la base de datos y cobran un seguro de paro especial durante 12 meses, como establece la Ley 20.022.
La lista tiene prioridades. Las primeras personas tomadas en cuenta debían ser las que tenían a Casa de Galicia como único ingreso, las jefas o jefes de familia con hijos menores o personas con discapacidad a cargo. Según la cantidad de socios que se distribuyeron, deberían ser contratados unos 760 trabajadores no médicos.
“Los últimos días de julio faltaban aproximadamente 300 trabajadores por contratar”, agregó Vera. En cuanto a los acuerdos de contratación, manifestó que hasta el momento “sólo Universal” cumplía con los criterios de priorización acordados. De todas maneras, según Vera, la misma mutualista dejó sin efecto la contratación de varios trabajadores con la explicación de que se trataba de “una orden de gerencia”.
“Nos devuelven a la bolsa [de trabajo] sin explicación clara, nos pasó a 30 en total”, contando a trabajadores no médicos en la misma situación pero en otras mutualistas. Para Vera, el criterio es confuso porque los contratos que se discontinúan son de personas que pasaron por una evaluación y tienen un buen desempeño: “Si pasaste la prueba no deberían hacerlo” porque al final “es un manoseo de gente”, consideró.
Otro de los puntos que se pautaron en el acuerdo establecido en abril en el Consejo de Salarios fue una comisión de seguimiento que controlara las contrataciones. “Le pasamos a la comisión una lista con 720 personas que cumplían con los requisitos” para ser prioridad, pero “esa lista no se siguió”, comentó Vera.
Una cuestión que se entremezcla con las contrataciones de los funcionarios es el relacionamiento de Afuncag con la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Por las diferencias entre ambos sindicatos es que Afuncag, al momento, no sabe cómo avanzaron las contrataciones la última semana. “No nos perdonan no haber aceptado el plan B [modo de contratación propuesto por el gobierno y aplicado en 2001 cuando cerraron varias mutualistas en simultáneo]”, expresó Vera.
Por último, y ante la situación actual de los trabajadores no médicos y la cantidad que aún no tienen fuente laboral, Vera manifestó que Afuncag evalúa ejecutar “alguna alternativa legal”, por lo cual están en diálogo con el abogado del sindicato.
“Estamos llegando al final de las contrataciones que corresponden al grupo 2, luego vamos a contemplar otras cosas [antes de iniciar las contrataciones del grupo 3]”, explicó a la diaria Inés Miralles, presidenta interina de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia.
Las consideraciones a las que se refiere Miralles son, por ejemplo, los rechazos. Hay cierta cantidad de médicos que rechazó la propuesta de contratación de las mutualistas por diversas razones. Una de las más comunes es que las condiciones no se equiparan con las de Casa de Galicia. En un principio, según lo que pauta la Ley 20.022, esos trabajadores quedaban fuera de la bolsa de trabajo, pero luego de algunas instancias de diálogo con los sindicatos, las mutualistas flexibilizaron la condición y en la actualidad esos médicos, ante un rechazo, vuelven a la lista.
La situación actual de los trabajadores médicos es otra, al igual que el acuerdo al que llegaron con las empresas. También en abril y tras varias instancias de negociación, los médicos de la ex Casa de Galicia acordaron que las cinco mutualistas destinarían 19 millones de pesos mensuales –del monto que las empresas reciben del Fondo Nacional de Salud– para el pago de salarios de los médicos contratados. Para los médicos también hay una base de datos que se entregó a los prestadores.
Tras la falta de avances en las contrataciones, un mes después de llegar al acuerdo, los trabajadores reclamaron por la lentitud y los errores en la priorización de los contratos.
Pero la situación cambió. “Hasta ahora van 219 médicos contratados”, contó a la diaria Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, quien asiste a la comisión de seguimiento. “La contratación del grupo 1 culminó hace más de un mes; y del grupo 2, que son 78 en total, falta contratar aproximadamente 14”, informó. Agregó que aún está pendiente el grupo 3, pero que el objetivo es llegar a los 250 médicos contratados, algo a lo que, según Arteta, “se llega bien”.
De todas maneras, sobre todo por la lentitud del inicio del proceso, “hubo que establecer dos prórrogas”, comentó. Según Arteta, la última termina el 14 de este mes. A pesar de que ahora las mutualistas vienen contratando médicos “a buen ritmo”, hay algunas que aún tienen gastado un porcentaje muy bajo [de los 19 millones de pesos mensuales]”, acotó Arteta.
Proyecto de ley para exsocios
El miércoles se retoma en el Parlamento la discusión del proyecto de ley –de artículo único–, presentado en abril por un grupo de senadores del Frente Amplio, que propone el derecho de los exafiliados de Casa de Galicia a solicitar el cambio de prestador de salud ante “causas excepcionales”.
Las condiciones que el proyecto establece para el cambio de prestador son entre otras, el cambio de domicilio; situaciones originadas por problemas asistenciales que deriven en “pérdida de confianza al prestador”; que el especialista de confianza del usuario no esté en la mutualista a la que el usuario inicialmente fue derivado; dificultades por acceso “geográfico o económico”, o la voluntad de que todo un núcleo familiar sea atendido por el mismo prestador de salud.
De todas maneras, el proyecto detalla que las solicitudes de traslado quedarían sujetas a la Junta Nacional de Salud.