Finalmente, esta semana se conoció el proyecto de ley que elaboraron el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para saldar lo adeudado con los trabajadores de la exmutulista Casa de Galicia. La iniciativa fue adelantada a los legisladores hace menos de un mes a través de una delegación compuesta por la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casas de Galicia, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ), que concurrió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y realizó varias críticas.
El proyecto remitido al Parlamento plantea que en el Banco de Previsión Social (BPS) se cree el Fondo de Insolvencia Casa de Galicia, con el objetivo de “pagar los créditos laborales de la exmutualista”. Los créditos a saldar serán los generados a partir de la fecha de declaración judicial del concurso del prestador de salud, es decir, que no comprende el pago de aquellos trabajadores que accedan a los créditos preconcursales cubiertos por el fondo de garantía del BPS, y el cobro a través de este fondo de insolvencia implica la renuncia a lo generado en el marco preconcursal.
El fondo corresponderá, entonces, a sueldos, jornales, licencias, indemnización “por despido legal” y la multa del 10% prevista por el artículo 29 de la ley de abreviación de los juicios laborales, la cual pauta ese recargo ante “la omisión de pago” que se genera “automáticamente” sobre lo adeudado. Se constituirá de hasta 54.700.000 unidades indexadas (UI) provenientes de Rentas Generales, y garantizará un monto máximo equivalente a 30.000 UI por trabajador (unos 150.000 pesos), dado que, según los datos que maneja el Poder Ejecutivo, actualmente hay “2.036 trabajadores” en condición de aplicar al pago.
“A los efectos del pago” de la prestación, cada trabajador “deberá ceder y transferir” al BPS la totalidad de los créditos laborales posconcursales, colocando al banco “en la misma posición, grado y prelación respecto a los créditos cedidos”.
La propuesta se discutirá primero en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Fuentes de la comisión indicaron a la diaria que evaluarán la propuesta cuando culmine la discusión sobre la Rendición de Cuentas.
Saldo insuficiente
En diálogo con la diaria, Ximena Carrera, la presidenta del gremio médico de la exmutualista, una vez más, recalcó que el monto a repartir es “insuficiente” e hizo hincapié en varios aspectos negativos de la propuesta. Por un lado, el hecho de que los trabajadores “tengan que optar a dónde ir a cobrar sus créditos” y quedarse con lo preconcursal abonado por el BPS o lo posconcursal, tal y como lo plantea el nuevo proyecto.
Carrera sostuvo que “en cualquier esquema” los trabajadores van a recibir menos de lo que deberían, porque, sumando todos los despidos, es decir, lo pre y lo posconcursal, se adeudan “41 millones de dólares”, subrayó. Agregó que si a los despidos se les aplicaba el tope que establece la Ley 19.690 –el ya existente fondo de garantía del BPS–, que, a diferencia de la ley propuesta por el PE establece un tope máximo de 105.000 UI, se llegaría a alrededor de 25 millones de dólares, por lo tanto, incluso con ese tope “no hay forma”.
Para Carrera, lo que llama “poderosamente la atención” es que el proyecto de ley sea “mucho más restrictivo” que el fondo ya existente. “Cuando empezamos a hacer los trámites en el BPS para cobrar y nos dijeron que era insuficiente”, se les informó que el fondo, en ese momento, tenía “casi nueve millones de dólares”, algo que “no es estático porque recibe dinero de las empresas en forma permanente”, y ahora se presentó una propuesta que contempla “ocho millones” –con referencia al tope de 54.700.000 UI–, es decir, que es aún menor, sostuvo la dirigente.
Por último, Carrera comentó que al gremio le consta que el tope de UI que maneja el proyecto es propiedad del PE, y que el Senado no podrá definir que se destine, desde Rentas Generales, un monto mayor. “Lo que puede haber es un complemento”, agregó. En tanto, adelantó que solicitarán ser recibidos por la comisión a cargo del proyecto y que continúan “abiertos a cualquier otro planteo del Ejecutivo, con el fin de poder llegar a una solución”.
Botana propone un proyecto que reafirme el cumplimiento de la Ley 20.022
El del PE no es el único proyecto que se presentó en los últimos días vinculado a Casa de Galicia. Esta semana también se conoció una propuesta del senador Sergio Botana, del Partido Nacional, que denominó “Pago justo y reabsorción laboral de los exfuncionarios de Casa de Galicia”. El documento, de tres artículos, propone que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tome algunas potestades sobre las mutualistas para que el pago se efectúe y que interfiera la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El primer artículo establece que el MSP, “en ejercicio de sus competencias legales”, verifique el cumplimiento de la Ley 20.022 y “la aplicación de las sanciones”, y, en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones “que puedan corresponder” a los prestadores de salud que incumplan con las disposiciones. A su vez, a los prestadores que incumplan la ley de 2022 y la que se presenta “les será descontado el 50% del valor de las cápitas” recibidas por la distribución de los socios, durante el tiempo “que dure el incumplimiento”.
En tanto, el segundo artículo establece que el Estado “se obliga a pagar la totalidad” de los créditos laborales postconcursales pero no sólo a médicos, sino también a trabajadores no médicos, trabajadores independientes y profesionales universitarios en ejercicio libre de su profesión. A todos se les deberán abonar sus créditos en un plazo de máximo 18 meses, a partir de la promulgación de la ley.
La última propuesta se centra en dar respuesta a los trabajadores que todavía no fueron reinsertados. Quienes comprendan el grupo deberán ser contratados por ASSE, y “permanecerán trabajando allí hasta ser contratados por las empresas aludidas” en la ley, es decir, las que absorbieron a los socios. La contratación del prestador público “deberá respetar” categoría laboral, carga horaria, condiciones laborales “en general” y remuneración. La contratación deberá concretarse en un plazo máximo de 60 días, una vez aprobada la ley.
A su vez, los prestadores privados que ya absorbieron exfuncionarios deberán mantenerlos “por un plazo mínimo de dos años” a partir de su ingreso, respetando todas las condiciones que tenían en Casa de Galicia.