Hace un año y medio que la Justicia decretó el cierre de Casa de Galicia y pasaron un año y algunos meses desde la tarde en la que el sanatorio cerró sus puertas. La sede principal de la mutualista, ubicada en el barrio Sayago, fue adquirida por el Círculo Católico y los socios fueron redistribuidos en cuatro prestadores de salud de Montevideo, pero la situación de los trabajadores médicos y funcionarios todavía es un capítulo abierto.

Si bien en febrero de 2022, con el apoyo de todos los partidos, se aprobó la Ley 20.022, que pautó cómo sería la distribución de los socios del Fondo Nacional de Salud y de los trabajadores, el proceso se volvió tedioso para un amplio grupo de personas que hasta hoy padece las consecuencias económicas y personales del cierre de la mutualista y que aún espera respuestas en el ámbito político.

Este miércoles, una delegación compuesta por la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casas de Galicia, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) concurrió a la Comisión de Salud de la cámara de Diputados para informar a los legisladores sobre el nuevo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo (PE) para saldar lo adeudado con los trabajadores, algo para lo que el fondo de garantía del Banco de Previsión Social (BPS) no es suficiente.

Los gremios fueron citados rápidamente por la comisión luego de que publicaran un comunicado en el que pidieron ser recibidos por los legisladores para trasladarles, una vez más, que los fondos del BPS no son suficientes, que aún no se alcanzó plenamente lo pautado para la redistribución de los trabajadores y que lo que ahora plantea el PE tampoco alcanza, según las primeras estimaciones.

Al salir de la comisión, Ximena Carrera, la presidenta del gremio médico de la exmutualista, recordó que el proceso marcó situaciones “nuevas” y en principio abarcó a un grupo importante de 2.020 trabajadores que figuraban “en el listado en el momento del proceso concursal”. Lo que sucedió ante eso fue que el fondo del BPS, que tiene un tope de “105.000 unidades indexadas [UI]”, fue “ampliamente” superado por los despidos.

Una de las tantas particularidades que marcó el proceso fue, por ejemplo, que si bien el 23 de diciembre se decretó el cierre, algunos trabajadores continuaron en sus funciones porque los pacientes seguían en la institución. Estos puntos también son situaciones sin precedentes y sin resolver, porque si bien la institución estaba en concurso, los trabajadores seguían generando jornales.

En vista de que el fondo no es suficiente para pagar lo adeudado, el PE redactó un proyecto de ley para que se destine un monto de dinero que, según los extrabajadores, tampoco “cumple con lo que se había planteado” en principio. Por esto es que se acercaron a la comisión y están en diálogo con diferentes integrantes del ámbito político, con el fin de “encontrar una solución” que permita poner un punto final a un proceso “traumático”.

Lo que el PE propone es “un monto a dividir entre los 1.970 trabajadores a los que aún se les adeuda”, según indicó Carrera. Se estima que serían “30.000 UI, lo que marca una diferencia muy sustancial” con lo que debería cobrar cada trabajador por despido, añadió, dado que, en términos generales, cada uno “recibiría alrededor de 174.000 pesos”. A su vez, Carrera comentó que el proceso de contratación ha tenido carencias y demoras que hicieron, por ejemplo, que la gente adquiriera deudas en espera de poder saldarlas con “la plata prometida”.

Peripecias

Además de las deudas, los trabajadores han tenido que lidiar con otras situaciones económicas que son consecuencia de las carencias del sistema informático que manejaba la mutualista. Una de ellas se relaciona con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF): el programa que utilizaba el prestador para las liquidaciones era “muy antiguo” y envió de forma automática al BPS, al momento de la baja de los trabajadores, montos de aguinaldos y salarios vacacionales que no fueron cobrados.

Los montos quedaron registrados en las historias laborales y cuando llegó el pago del IRPF estaban registrados en las declaraciones. Esta situación se complejiza porque “no existen mecanismos para atender la situación porque no tiene precedentes”, lo que implica que muchos “recibieron menos devolución o tuvieron que pagar por dinero que no recibieron”.

En cuanto a la contratación de los prestadores, Carrera explicó que se continúa en la distribución. Si bien el acuerdo con los médicos, que tenía el objetivo de “proteger a los trabajadores cuyo principal ingreso era Casa de Galicia”, se cumplió, resta un segundo punto que planteaba que las personas contratadas cumplieran como mínimo “con el 70% de su carga laboral y su retribución”. Si bien se está cerca de cumplir con ese punto, el proceso “ha sido lento” y, aunque quienes todavía no fueron contratados están en una base de datos a la que “por obligación” las instituciones deben recurrir cuando necesitan nuevos funcionarios, de la base de datos final –que tenía 682 trabajadores médicos–, hasta el momento, “en el marco del acuerdo”, hay contratados 247, algunos de ellos por fuera del acuerdo.

Si bien se espera que el sanatorio que fue adquirido por el Círculo Católico, a medida que efectivice servicios, necesite más trabajadores, eso todavía es incierto y con el paso del tiempo “la situación se complica cada vez más”, afirmó Carrera. Por último, consideró importante que el proceso de Casa de Galicia invite a todos los actores involucrados a reflexionar sobre “qué se hubiera necesitado desde el punto de vista jurídico” para evitar que esta situación se repita.

“No tenemos nada”

El primer día de setiembre, una delegación de exfuncionarios de Casa de Galicia también concurrió al Parlamento, en esa oportunidad a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, sus planteos se alinearon con los expuestos en la jornada de este miércoles, pero además de referirse a la incertidumbre de cómo y cuándo van a cobrar lo adeudado y si en algún momento van a ser contratados quienes por el momento no se adecuan “al perfil” de las diferentes empresas, profundizaron en la situación personal que están pasando desde el dramático cierre de la mutualista.

Verónica Puche, una exfuncionaria, expresó que el retraso del pago de los dineros generó “impagables recargos” en préstamos y tarjetas, e incluso desalojos. “El cambio de vida fue radical” porque “de un día para el otro no tenemos trabajo, no tenemos nada”, lamentó. Por otra parte, remarcó el daño que la situación causó en la salud mental de los involucrados y contó que hasta el momento “se han suicidado ocho compañeros” y muchos están en tratamiento psicológico.

Puche también exigió respuestas. Dijo que la inestabilidad, no sólo económica sino emocional, provoca “pérdida de vidas, angustia, depresión, ataques de pánico y suicidios”. “Necesitamos cerrar este ciclo” porque “sabemos que la institución ya no existe, que no existe una vuelta atrás, pero necesitamos cerrar este ciclo, volver a trabajar y nuestro dinero”, enfatizó. Según Puche, en este momento todavía hay “más de 400 funcionarios” que no fueron contratados por ninguna empresa y “unos 70” que nunca fueron convocados porque no estaban en la bolsa de trabajo.

A su vez, remarcó las dificultades que padecen los exsocios, otro de los grupos que en varias oportunidades mencionó falencias en el proceso de cierre y redistribución. Al respecto, puntualizó que hay usuarios que no tienen “ni siquiera las historias clínicas para atenderse, porque quedaron dentro del sanatorio y de las policlínicas”, además de que perdieron contacto con sus médicos de cabecera.

La mirada de las autoridades de la salud difiere de la de los extrabajadores. Así lo expresaron en la interpelación impulsada por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, en julio, tanto la ministra de Salud Pública, Karina Rando, como el secretario de la cartera, José Luis Satdjian, quienes calificaron el proceso de distribución de socios y trabajadores de Casa de Galicia como exitoso y recordaron que la Ley 20.022 fue una “solución de consenso”.