Hace exactamente un año, en una tarde de despedidas, reclamos, y la promesa de sus trabajadores, socios y amigos de seguir luchando por la mutualista, cerró Casa de Galicia. La convocatoria fue a las 18.00 y se extendió durante varias horas, en un cierre que implicó la creación de la Ley 20.022 , decenas de reuniones y la intervención de la Justicia, que el 23 de diciembre de 2021 decretó el cierre inmediato de actividades y dispuso la liquidación de sus bienes.
El proceso comenzó dos meses antes, cuando Alberto Iglesias, el último director de la mutualista, se presentó voluntariamente ante el juzgado letrado de consenso de primer turno por no poder hacer frente a las deudas que desde hacía años arrastraba la institución.
Los socios y los trabajadores médicos y no médicos, una de las partes más afectadas y desconcertadas por el fin que tuvo el prestador de salud, fueron distribuidos en cinco mutualistas: Hospital Evangélico, Universal, Cudam, Crami y el Círculo Católico, que adquirió por remate el sanatorio central varios meses después.
A casi siete meses de la venta del sanatorio central, de los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) y de algunas policlínicas y bienes culturales, algunos integrantes del Frente Amplio (FA), sobre todo quienes integran el Movimiento de Participación Popular (MPP), consideran que el cierre de la mutualista fue una conjunción de hecho en la que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no actuó debidamente como autoridad sanitaria, y así la situación finalizó en un proceso que “benefició a algunos”.
Por estos motivos decidieron solicitarle al resto de los sectores que integran la bancada del FA en Diputados que se haga el pedido de interpelación en la cámara a las autoridades del MSP y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Por su parte, la diputada Cecilia Cairo (FA) explicó a _la diaria _ que el proceso “lleva un tiempo” y requiere entrega de información, pero ya se solicitó al FA y se espera tener novedades luego de Semana de Turismo. A su vez, detalló los motivos por los que se efectuó el pedido. Recordó que cuando la Justicia dispuso la liquidación de Casa de Galicia, el FA presentó “varias propuestas”, entre ellas, que el MSP interviniera a la mutualista para “conocer la situación y no llegar a perder el prestador”, por la importancia, la antigüedad y el “emblema” que significaba para la zona. Por otra parte, también propuso que ASSE tomara ese rol, pero finalmente “tampoco se concretó” y se procedió con la liquidación.
Posteriormente, el FA contribuyó a la creación de la ley para la distribución de socios y condiciones de contratación de los trabajadores, pero luego, “fue llegando, se recolectó y analizó” información referente a lo que hoy es propiedad del Círculo Católico. “Descubrimos que había una serie de cosas que no sabíamos” y que “hubo una decisión de dejarla morir”, señaló.
Calificó como algo “grave” que el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en una de las últimas entrevistas de prensa, antes de culminar su gestión, expresara que “la resolución de la liquidación de Casa de Galicia fue tomada por el Ministerio de Economía y Finanzas”, y no por el MSP.
La diputada también recordó los diferentes montos que se manejaron para la venta del sanatorio principal junto a los IMAE: “Primero fueron 20 millones de dólares, luego 12 millones y suponíamos”, que en esa instancia, “los IMAE no estaban incluidos, aunque ahora “estamos reclamando la documentación para comprobarlo”, pero “el hecho es que el Círculo Católico adquirió el sanatorio central por poco menos de 12 millones de dólares y, posteriormente, los IMAE”. Asimismo, agregó que existió un “crédito exprés” que el Círculo Católico habría solicitado con un destino “definido” al Banco de la República Oriental del Uruguay, que luego se le otorgó “en tiempo récord” y que fue lo que “le permitió comprar el sanatorio”.
A lo anterior “se le suma” que si bien ASSE posee, desde antes de que el Círculo Católico comprara a la mutualista, un convenio de compra por diferentes servicios, “lo usaba muy poco” y en el último período de 2022 le pagó alrededor de “un millón de dólares por mes”. “Sabemos que el gerente del Círculo era Leonardo Cipriani, actual presidente de ASSE”, mencionó Cairo.
Con la interpelación los legisladores del FA buscan obtener información sobre todas estas “cosas que no quedan lo suficientemente claras” y que generan “más dudas que certezas”, expresó.
En la misma línea que Cairo, Carrera dijo a _la diaria _ que la intención es interpelar a las autoridades porque sienten que “fueron engañados” y “que el final del proceso fue beneficioso para una mutualista que tiene vinculaciones con altas jerarquías” de ASSE, en alusión a Cipriani. Agregó que “se incumplieron una serie de pautas” y parte de la política pública que “ahogó a Casa de Galicia” y llevó a “un cierre escandaloso”.
En cuanto a los pedidos de acceso a la información pública, dijo que permitieron detectar “cambios” rápidos que habilitaron al Círculo Católico efectuar la compra. “Si se hubiera actuado bien, podría estar en funcionamiento”, concluyó.
Por su parte, el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, que en noviembre de 2022 intimó por intermedio de la Justicia al MSP y a Salinas a entregar documentación sobre el proceso de intervención y cierre de Casa de Galicia, dijo a _la diaria _ que en total presentó a la Justicia tres reclamos diferentes para que el MSP “entregue documentación solicitada” y así poder “iniciar los reclamos”. Adelantó que finalmente el 13 de abril concurrirá a Fiscalía.