Este martes, la comisión de salud del Senado, finalmente, votó el proyecto de “voluntad anticipada” para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas, de las diputadas Nibia Reisch, del Partido Colorado, y Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, iniciativa que obtuvo la media sanción de Diputados hace más de un año, sin los votos de la oposición y de algunos diputados de la coalición.
En la comisión de salud el proyecto fue acompañado por los legisladores del oficialismo mientras que los frenteamplistas Sandra Lazo y Charles Carrera no lo hicieron, debido a que no se consideró agregar a la propuesta la modificación de algunos artículos propuestos este martes. Por su parte, el frenteamplista José Nunes, actual presidente de la comisión, se abstuvo de votar y comentó a la diaria que si bien va a esperar que el tema se trate en la bancada de su partido, “en principio” no acompañará el proyecto.
En diálogo con la diaria Lazo explicó que los agregados toman en cuenta algunas de las opiniones del ámbito académico y técnico que “no recomiendan la aprobación” de la propuesta. “Vamos a evaluar cómo llegamos al pleno” porque hay una “cuestión social que abarca a más de 15.000 familias” que hasta hoy viven una situación a la que “no se le ha dado solución”, opinó.
A su vez, aclaró que tanto Carrera como ella no acompañaron el articulado “desde lo personal” y que la negativa “no representa la postura de toda la bancada” porque aún no se discutió. De todas maneras, sostuvo que entiende que la iniciativa se trata de “una herramienta” para las familias que han planteado un proyecto que si bien se presentó por integrantes de la coalición, inicialmente “surgió del colectivo Madres del Cerro”.
En diálogo con la diaria la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo que el proyecto se votó en comisión “como estaba previsto” y que no se consideró pertinente agregar las modificaciones propuestas por la oposición.
Los agregados que quedaron en el camino
Las modificaciones presentadas este martes por la oposición, a las que accedió la diaria, plantean cambiar partes de varios artículos del proyecto, sumando y suprimiendo algunos conceptos.
Por ejemplo, en el segundo artículo, que refiere a los centros de internación, se sugirió que se aclare que la internación deberá ser realizada en instituciones especializadas y “debidamente registradas por el Ministerio de Salud Pública (MSP)”.
En el mismo artículo se exhorta a que se modifique la parte que indica que “los costos de la internación de clínicas o internaciones pagas serán de cargo del interesado” o de quien “éste designe y acepte asumir los costos”. En cambio, se indicó que las prestaciones aprobadas por el MSP “forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud”, incluyendo “la atención psicológica a familiares” y “apoyo integral a los mismos”, de acuerdo a la normativa vigente.
A su vez, los legisladores del FA sugirieron aclarar que los costos correrán por cuenta del interesado “si el paciente optare por tratarse en clínicas” o con “tratamientos que no formen parte de su cobertura sanitaria” o “no sean provistos por el Estado”.
En el tercer artículo se propuso cambiar “la expresión anticipada de la voluntad de internación” por “la voluntad de someterse a un tratamiento” y agregar que la expresión anticipada de la voluntad de someterse al tratamiento “podrá ser revocada bajo los mismos mecanismos dispuestos para la expresión”.
Una de los puntos que incluyó el informe en minoría de quienes no acompañaron el proyecto en Diputados destacó que la internación como recurso ya está contemplada en la Ley de Salud Mental (19.529). En este sentido, Lazo y Carrera propusieron añadir en el proyecto de discusión un inciso que haga referencia a la Ley de Salud Mental y que plantee que el consumo problemático de sustancias psicoactivas será abordado “en el marco de las políticas de salud mental desde una perspectiva integral” y encomienda a la Junta Nacional de Drogas la constitución de centros regionales de atención.
También se propuso agregar al proyecto de ley que le compete al MSP la aplicación de la ley de “voluntad anticipada” y que los prestadores de salud se deberán adaptar a las normativas que se establezcan. En cuanto al consumo problemático de sustancias, se propuso agregar que tanto el MSP, a través de la Dirección General de Fiscalización, como la Junta Nacional de Drogas, en el ámbito de sus competencias, “deberán evaluar el funcionamiento de los dispositivos específicos” respecto a la atención a todos los usuarios, “independientemente del prestador obligado y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley”.
Hasta lo último
Al concluir la votación en la comisión, en la puerta del anexo del Palacio Legislativo, las Madres del Cerro, acompañadas por diferentes comunidades terapéuticas vinculadas, manifestaron su apoyo a la propuesta, como lo suelen hacer por lo menos una vez al mes.
En diálogo con la diaria Gabriela Jost, representante del colectivo de madres, celebró que la propuesta finalmente pasó al plenario del Senado luego de “siete años de haber sido presentada”.
Agregó que es “muy importante” que el proyecto sea ley luego de mucho tiempo en el que primó “la falta de empatía”, sobre todo del “Frente Amplio, el partido que puso las mayores trabas en el camino”. “Estamos de acuerdo con el texto final porque la idea principal sigue estando”, concluyó.