Lucas Pedrozo tenía 23 años, vivía en el departamento de Durazno y estaba diagnosticado con esquizofrenia severa. El 14 de mayo sufrió una crisis y su familia llamó a la Policía, como lo hacía desde hacía cinco años, para que los ayudaran a “estabilizarlo” y trasladarlo a su centro de salud, según relató en diálogo con la diaria Melissa Montiel, una de sus hermanas.
Ese día, cuando los funcionarios policiales llegaron al domicilio, Pedrozo “empezó a insultarlos, alegó ‘pegá acá’ y uno de los cuatro policías le disparó dos veces, impactándolo”, agregó Montiel. Luego de los disparos, Pedrozo ingresó a su casa, cerró la puerta, “cada vez más alterado porque tenía miedo”.
Los policías entraron y “continuaron disparando adentro”. Según su hermana, Pedrozo “comenzó a desangrarse, lo sacaron esposado y lo trasladaron al Centro de Asistencia Médica de Durazno (Camedur). La doctora que lo atendió enseguida [informó a la familia que] entró al block”, pero presentaba heridas muy graves, por lo que finalmente falleció.
Según la hermana de Pedrozo, “llamar a la Policía era algo normal; ellos venían, hablaban con él durante una hora o más, lo calmaban y luego lo llevaban al hospital, a psiquiatría”. El día del fallecimiento, todo comenzó cuando Pedrozo se subió al techo de su casa al inicio de una de sus crisis. Luego bajó, a pedido de su familia, entró a su casa y, tras una discusión con su madre y otra hermana, golpeó a esta última.
“La doctora nos dijo que la herida [a la altura del estómago] era muy grande para tratarse de una autolesión”, y que además tenía varias costillas fracturadas. “No hicieron nada. ¿No tiene derecho a la vida por tener problemas mentales? Nunca le hablaron como antes”, remarcó.
Su situación estaba judicializada desde hacía cinco años, y por eso su familia acudía a la Policía para trasladarlo al centro de salud en momentos de crisis. Era usuario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y la última vez que estuvo internado varios días había sido en enero.
“Vamos a denunciar la situación para que no le pase a nadie más. Hay muchas carencias en Durazno: la salud mental está muy mal, no tenemos respaldo y hay muchas familias que están pasando por lo mismo”, concluyó Montiel.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron este martes a la diaria que la investigación está a cargo de la Fiscalía de segundo turno de Durazno y que, “tras los hechos, de forma inmediata”, se inició una investigación de urgencia que derivó en la instrucción de un sumario administrativo al funcionario que efectuó los disparos.
Según el ministerio, la Dirección de la Policía Nacional y la Jefatura de Policía de Durazno pusieron “todos los recursos logísticos y humanos a disposición de la investigación”. En el expediente se incluyó la carpeta de Policía Científica y el registro de las cámaras corporales de los efectivos, que documentan lo sucedido desde su arribo al domicilio del fallecido hasta su traslado al hospital.
El arma utilizada y los cuatro cartuchos de munición “menos que letal” fueron derivados a la Dirección Nacional de Policía Científica. Por el momento, la Fiscalía aguarda el informe forense de la autopsia dispuesta. El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó al jefe de Policía de Durazno para seguir de cerca la investigación.
La Federación Caminantes, por la salud mental, integrada por asociaciones de familiares de pacientes, el martes emitió un comunicado en el que calificó el hecho como “muy grave”. “Sabemos que muchos policías han recibido orientación para actuar en estas situaciones”, por lo que “nunca esperamos vivir esta espantosa situación”.
“Expresamos nuestra máxima preocupación, esperamos pronta respuesta de la Justicia y de la Policía, y al Ministerio del Interior reclamamos que capacite al personal para que se apliquen los criterios de intervención ya definidos”, exigieron las familias.