Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República se pronunciaron sobre el proyecto de ley del diputado Federico Preve, que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público y en el interior.
Por un lado, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) sacó un comunicado a favor de la iniciativa y, por otro, dos grupos integrados —Medicina con Libertad y Evolución Estudiantil— entregaron una carta al diputado nacionalista Rodrigo Goñi manifestando su oposición al proyecto por diversos ítems que piden tener en cuenta durante su tratamiento.
“Oportunidad” para el sistema público
“Tras una serie de reuniones con Preve y diversas instancias de discusión abierta en los plenarios”, la AEM, reconociendo también “el nerviosismo que puede generar este cambio de paradigma”, manifestó su posición “favorable respecto a este proyecto de ley” y su “compromiso con la promoción de su discusión responsable, en el entendido de que representa una oportunidad significativa para fortalecer y mejorar el sistema de salud pública uruguayo”.
El apoyo se basa en que “la salud, como derecho constitucional y fundamento central de este proyecto de ley, debe ser garantizada por el Estado de forma democrática, accesible y de calidad, así como lo es la educación que recibimos”. Sin embargo, “hoy continúa siendo un derecho vulnerado para gran parte de la población del interior del país, donde muchas personas esperan durante meses, y en ocasiones sin éxito, para acceder a una consulta con especialistas”.
“Esta no es una realidad ajena al estudiantado”, reconocen, ya que “a diario vemos en la práctica clínica pacientes que requieren internación por patologías prevenibles o tratables de forma oportuna si hubieran tenido acceso, en tiempo y forma, a profesionales idóneos”. “Se trata de una problemática estructural que atraviesa fundamentalmente a la población del interior”, agregan en el comunicado, que también propone reflexionar sobre “el verdadero centro de este debate: el contraste entre la salud, la calidad de vida y, muchas veces, la vida misma de miles de personas, frente al privilegio de elección de unos pocos: nosotros, los futuros profesionales de la salud”.
La iniciativa también establece que el servicio, remunerado, deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación, y que, en caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no registre ni habilite el título para el ejercicio profesional.
Sobre lo anterior, consideran que la propuesta “dista de representar un perjuicio” para el futuro profesional y entienden que, por el contrario, “implica trabajo garantizado al egreso, inserción laboral inmediata, acumulación de experiencia y una carga horaria que no imposibilita el desempeño en otros ámbitos, incluido el sector privado”.
Rechazo a la obligatoriedad
En tanto, la carta entregada a Goñi, firmada por 556 estudiantes y dirigida a quienes participen en la discusión del proyecto a nivel parlamentario, plantea que no comparten el carácter obligatorio de las medidas propuestas ni entienden que constituyan una respuesta adecuada a las problemáticas existentes, aunque reconocen la “necesidad de mejorar la disponibilidad de especialistas en el interior del país”.
Los motivos también son varios. En principio, entienden que el proyecto afecta el derecho a la libertad, al trabajo y al ejercicio profesional consagrados en los artículos 7 y 36 de la Constitución, al imponer una prestación laboral obligatoria sin consentimiento del profesional y restringir la posibilidad de elegir dónde y cómo ejercer la profesión durante dos años.
Sobre la retención de la habilitación del título que el MSP ejercería si no se cumplen los dos años en servicios públicos, señalan que “genera serias dudas de compatibilidad” con el artículo 54 de la Constitución y con el Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo forzoso.
Además de las observaciones de carácter jurídico, entienden que la iniciativa omite otros aspectos, como el domicilio ya constituido y la vida establecida en determinada ciudad, hijos o familiares a cargo, vínculos personales consolidados y propuestas laborales previamente acordadas en otras instituciones.
La carta también hace foco en que, para el grupo de estudiantes, no quedaron considerados aspectos de las condiciones laborales y hacen hincapié en el paso por la salud pública que hacen durante su formación.
“Durante nuestra trayectoria profesional cursamos el ciclo de internado rotatorio, un año en el que los practicantes de medicina constituimos la base de múltiples servicios de ASSE tanto en Montevideo como en el interior del país, incluyendo puertas de emergencia, RAP [Red de Atención Primaria] y hospitales de segundo y tercer nivel. Una enorme mayoría realiza esta tarea sin percibir remuneración ni cobertura social”.
“Posteriormente, quienes optamos por especializarnos, atravesamos años de formación caracterizados por regímenes honorarios o remuneraciones insuficientes para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestimenta y transporte. Son años en los que apostamos a nuestra formación y al cuidado de la salud de la población uruguaya, muchas veces postergando a nuestras familias, vínculos personales y nuestro propio bienestar”, agregan.
Enfatizan en que el trabajo médico ya está atravesado por “múltiples vulnerabilidades” y sostienen que “continuar incrementando las exigencias sobre un colectivo profesional ya exhausto, sin garantizar condiciones laborales y humanas adecuadas, constituye una medida profundamente injusta y perjudicial tanto para los trabajadores de la salud como para la calidad asistencial que recibe la población”.
Por último, agregan que la iniciativa no aborda, a su entender, las causas estructurales de la falta de especialistas en el interior, que incluyen remuneración inadecuada, infraestructura deficiente, falta de apoyo técnico, limitado desarrollo profesional y condiciones de vida precarias.
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Hasta el momento, Preve mantuvo reuniones con distintas organizaciones vinculadas al sistema de salud y al ámbito político, entre ellas, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y el Colegio Médico. También hubo intercambios con trabajadores públicos y privados de la salud, y para este mes está previsto un espacio de intercambio en el Paraninfo de la Universidad.