La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) manifestó su preocupación por la forma en la que el debate público aborda las situaciones de salud mental que involucran a niñas, niños y adolescentes, y llamó a evitar explicaciones que reduzcan estos casos a un diagnóstico individual o los desvinculen de las responsabilidades del Estado y de la sociedad.
El pronunciamiento fue difundido días después del caso de la adolescente de 13 años imputada por el homicidio de su abuela, un episodio que continúa en investigación.
Sin hacer referencia directa a ese episodio, la institución sostuvo que las situaciones de sufrimiento psíquico “no ocurren en el vacío”, sino que interpelan a los sistemas de salud, educación, protección social y justicia, además de las familias y las comunidades. En ese sentido, planteó que, frente a estos casos, resulta indispensable preguntarse si existieron oportunidades de acceso a una atención adecuada, continuidad en los tratamientos cuando fueron necesarios, apoyos suficientes para las familias y respuestas oportunas por parte de las instituciones competentes.
En el comunicado, la INDDHH también recordó que la salud mental constituye un derecho humano y advirtió que asociar automáticamente los padecimientos psíquicos con la violencia contribuye a reforzar estigmas.
En diálogo con la diaria, Juan Miguel Petit, director designado de la INDDHH, quien asumirá el próximo mes, enfatizó que el comunicado no busca pronunciarse sobre un caso concreto, que todavía está siendo investigado, sino promover una reflexión más amplia sobre la forma en que la sociedad comprende la salud mental.
“Es una reflexión general. Cumplimos la función de poner sobre la mesa preocupaciones vinculadas al bienestar y a los derechos en salud mental”, señaló.
Petit sostuvo que Uruguay atraviesa un proceso de transformación en la forma de abordar estos temas. “Hoy se habla de salud mental, hace 30 años muchas de estas cuestiones eran un tabú. A veces da la sensación de que estamos peor, pero también tenemos una mayor capacidad de detección”, afirmó.
Al mismo tiempo, advirtió que hechos de gran impacto público pueden consolidar ideas equivocadas sobre los padecimientos de salud mental. “Se puede generar la sensación de que patologías como la esquizofrenia necesariamente llevan a conductas violentas o que la respuesta pasa por excluir a las personas. La evidencia muestra otra cosa, que son situaciones tratables y, cuando son crónicas, también pueden abordarse para que las personas desarrollen su vida”, sostuvo.
Petit añadió que las personas con sufrimiento psíquico atraviesan una situación de especial vulnerabilidad y requieren políticas públicas, pero también un cambio cultural. “Una de las grandes causantes de problemas de salud mental es la soledad, no todo depende de las políticas públicas; también importa cómo nos vinculamos y cómo informamos sobre estos temas”, afirmó.
Las debilidades del sistema
Petit consideró que Uruguay viene avanzando hacia un modelo de atención en red, aunque reconoció que persisten dificultades importantes. “Se está construyendo una atención en red, pero todavía falta mucho para que las respuestas sean rápidas, sobre todo en las emergencias. Los primeros auxilios emocionales no involucran solamente a los equipos de salud, sino también a la comunidad”, señaló.
En esa línea, sostuvo que la implementación de la Ley de Salud Mental continúa enfrentando desafíos institucionales. “Da la impresión de que la implementación de la ley está requiriendo un nodo potente capaz de liderar el proceso. Hay distintos espacios trabajando en ella, pero el desafío sigue siendo cómo se implementa”, afirmó.
Entre las principales debilidades, Petit señaló las dificultades para registrar las internaciones involuntarias de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes se encuentran bajo la tutela del Estado.
A fines de junio, durante la presentación del último informe de la INDDHH ante la comisión bicameral de seguimiento de la ley de salud mental, la institución advirtió que el número de internaciones involuntarias notificadas en niñas, niños y adolescentes es de apenas cuatro durante el primer semestre del 2025, período que analizó el informe presentado.
Según explicó entonces, ese dato evidencia un subregistro, ya que el organismo conoce, a través de su trabajo en el área de infancia, la existencia de un número significativamente mayor de internaciones en clínicas y centros especializados.
Consultado por este medio sobre esto, Petit señaló que el sistema de registro “es una de las áreas débiles” sobre las que actualmente se trabaja junto con la Comisión Nacional de Contralor de la Ley de Salud Mental.
“Muchas de estas internaciones provienen de organismos del Estado. Todos los actores deben notificar este tipo de situaciones y la infancia sigue siendo una de las áreas con mayores debilidades. La estadística es la base para poder atender estos problemas”, sostuvo.
